16/11/12.-Un grupo de 2.252 ex trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas deberán ser reenganchados a sus funciones, en las mismas condiciones laborales que poseían, y además se les debe cancelar una deuda de pasivos laborales que asciende a los 144 millones de bolívares, tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciado el pasado jueves.

El fallo del TSJ avala la resolución 6.540 del Ministerio del Popular para el Trabajo y Seguridad Social, con fecha del 8 de julio de 2009, donde se ordenó al alcalde metropolitano Antonio Ledezma “restablecer a sus lugares de labores a los trabajadores y trabajadoras despedidos en el lapso comprendido entre el mes de diciembre de 2008 y enero de 2009, ambos inclusive”.

Además, dicha resolución -que fue burlada por Ledezma- establece que se deberá cancelar los salarios y demás beneficios que les correspondan y que hayan dejado de percibir desde el momento en que se efectuó el despido hasta la fecha respectiva de su reincorporación.

“Se hizo justicia. Porque habían sido violados nuestros derechos humanos, el derecho de nuestras familias y el derecho al trabajo“, expresó Alejandro Pérez, ex trabajador despedido.

Pérez, quien califica a Ledezma como un hombre de “doble moral, sin sentido social y violador de derechos” dijo que Ledezma deberá pagar los pasivos adeudados desde 2009, en los que se incluyen las falsas cotizaciones en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que fueron descontadas pero no reconocidas.

“No aparecemos en el IVSS. Tú metes nuestros números de cédula y no estamos registrados; y hubo una gran cantidad de dinero que se nos descontó como si estuviésemos cotizando“, denunció Pérez.

Por su parte, Bernando Álvarez, otro de los trabajadores despedidos, señaló que Ledezma argumenta no poseer recursos para cancelar pasivos laborales, sin embargo, “se la pasa viajando a España y a otros países haciendo proselitismo político”.

Comentó que durante sus funciones en la Alcadía Metropolitana, durante la gestión de Juan Barreto, se desempeñó como funcionario de la Sala Operacional de Desarrollo Comunitario, desde donde se inició el proceso de organización popular y conformación de comunas que hoy se presenta como propuesta de Estado para el nuevo plan de desarrollo de la nación.

“Trabajábamos en los barrios, de promotores sociales, incluso trabajamos en el presupuesto participativo y éste señor (Ledezma) arremetió contra todo eso”, sostuvo Álvarez.

Medida cautelar del MP

Maigualida Gómez, trabajadora despedida por Ledezma, consideró que el despido masivo fue “una factura política que este alcalde pasó a quienes estamos con el Presidente (Hugo) Chávez.

Indicó que el fallo del TSJ contempla, incluso, que si Ledezma no acata la medida el Ministerio Público. se aplicará una medida cautelar de aprehensión en su contra.

Expuso que si Ledezma hubiese acatado la resolución 6.540 y realiza el respectivo reenganche de los trabajadores, luego de la entrada en vigencia de la Ley del Régimen Municipal a Dos Niveles, con fecha 30 de septiembre de 2009, todos los trabajadores hubiesen sido transferidos al Gobierno del Distrito Capital.

“Como no quiso acatar ni el reenganche, ni las mesas de trabajo y como siempre se ha burlado de las autoridades y no acató nada, pues ahora deberá hacerlo porque le llegó su hora o tendrá medida cautelar”, señaló Gómez.

Este jueves 15 de noviembre, en el TSJ se realizó la primera audiencia legal de los trabajadores y trabajadoras despedidos por Antonio Ledezma, tras su elección como Alcalde Metropolitano. El fallo se produjo a favor de los trabajadores amparados en la resolución ministerial 6.540 y está previsto que sea publicada en Gaceta Oficial en los próximos cinco días.

Los voceros de los trabajadores perjudicados declararon que seguirán denunciando a Ledezma en los medios de comunicación y permanecerán en su lucha por justicia social hasta que sean reivindicados, reenganchados y cancelados sus pasivos laborales.

“No aceptaremos más burlas de ese alcalde. Deberá reengancharnos dignamente en los puestos de trabajo para los que estamos capacitados. Somos profesionales, técnicos, promotores sociales y debemos ser ubicados donde nos corresponde”, acordaron los voceros en su declaración.