Retardos procesales son delitos
(Cumaná, 24 de marzo). La mañana de este domingo directivos sindicales de diversos sectores denunciaron y alertaron sobre lo que ocurre en la inspectoria del trabajo de la cuidad de cumana en el Estado Sucre.
Según denunció el directivo sindical de la destilería “La florida” Edgardo Boada, 17 reenganches de un grupo de trabajadores despedidos por esta empresa, y que ya cumplieron los tiempos para su decisión, habrían sido sacados de la cuidad y enviados a Caracas, indicó que la información fue proporcionada por la Inspectora del Trabajo.
Boada sostiene que en la legislación Venezolana en materia del trabajo no existe tal figura que permita que los casos sean sacados fuera de la cuidad, y menos retardar su decisiones. “Los retardos procesales son delitos en el ejercicio de la administración publica”.
Por su parte Juan Muñoz, quien es directivo sindical de la Red de Atención al ciudadano (RAIC), denuncio que lleva 6 meses esperando porque se decida su caso pese a que la ley establece no más de 1 mes para todo el procedimiento.
Entre tanto Jorge Cedeño, secretario General del sindicato de los Puertos denuncio que teme por la decisión que pueda tomar la titular de la inspectoria del Trabajo respecto al promotor del sindicato de Mc donalds Javier Vallenilla, quien ya por tercera vez en menos de 2 años es víctima de una calificación de despido; Cedeño fundamentó su temor ante la serie de despidos de dirigentes sindicales que califico de injustos aprobados por este ente, y entre los que menciono los del centro comercial Cumana Plaza y la empresa ZMA
Los denunciantes coincidieron en dos aspectos como las causas de lo que denominaron como corrupción en este organismo al señalar la pérdida de valores como uno de ellos, y su estructura funcional diseñada durante los tiempos de la cuarta república para favorecer a los patronos y que en la actualidad sigue intacta.
Los líderes hicieron públicas las denuncia para que llegue a oídos de las autoridades nacionales, sin embargo creen que el problemas es estructural y tendrán que recurrir a otras acciones para evitar que se dañen a trabajadores, sus organizaciones y familias.