Amnistía Internacional presentó el 1 de abril de 2014 el informe titulado Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas1. Hasta ahí todo normal.
Ingenuamente esperaba encontrar lo siguiente: una cantidad indeterminada de denuncias, un análisis de las mismas, una contextualización y, finalmente, afiladas críticas dirigidas a los poderes públicos. Sobretodo esto último. Al fin y al cabo, el gobierno y el sistema judicial-penal son los responsables de salvaguardar el estado de derecho. De hecho, como bien sabemos, sus acciones y omisiones pueden tener consecuencias fatales para los derechos humanos. Así que, una vez mentalizado, me pongo manos a la obra.
Lo abro, comienzo la lectura y, de repente, no me puedo creer lo que estoy leyendo. Llego hasta el final, vuelvo a la portada, reviso los créditos hasta que al final me doy cuenta de lo que pasa. El informe de Amnistía va en otra dirección. Es más –y cuidado con lo que voy a decir- el texto en sí es un ejercicio de instrumentalización del discurso sobre los derechos humanos. Un empeño deliberado para proteger del escrutinio público al bando que está impulsando la crisis de violencia que atraviesa Venezuela.
Algo inaudito –y doloroso- para los que alguna vez hemos confiado en las denuncias e informaciones de Amnistía. Así que no me queda más remedio: resulta necesario explicitar con detalle en qué consiste esta triste operación “político-humanitaria” acometida por la insigne organización.
Lo haré revisando 3 elementos del informe: qué dice, qué oculta y qué subyace en el texto. Antes de nada pido disculpas por lo extenso de la exposición. Entiéndase que hay ideas que no se pueden resolver ni en una entrada de blog, ni en una columna de opinión de 500 palabras.
1) Lo que no dice:
El informe se aventura en un diagnóstico de la situación: de sus causas, protagonistas y perspectivas de futuro. En general, las afirmaciones están respaldadas. Se han recogido diversos testimonios. Se ha analizado el discurso de varios actores políticos y sociales. Está documentado. Llama la atención la pluralidad de fuentes y su afinada selección.
Por eso, resultan particularmente inverosímiles las omisiones, algunas muy llamativas. Se sustrae continuamente al lector de elementos clave que ayudan a entender el fenómeno: no mencionándolos, desviando la atención hacia detalles irrelevantes, hacia eventos poco representativos u omitiendo evidentes vínculos causales. Valga el símil, es como si Amnistía hubiese explicado la crisis económica española sin mentar la burbuja inmobiliaria.
Repasemos brevemente las omisiones más graves:
a) Sobre el origen de la violencia.
A nadie se le escapa que uno de los principales desencadenantes –si no el más importante- de esta oleada de violencia son los decepcionantes resultados electorales cosechados por los sectores que se oponen al Presidente Maduro en las pasadas elecciones municipales de diciembre de 2013.
Tras el sonoro fracaso en la vía electoral, el pasado 23 de enero, los dirigentes derechistas Leopoldo López y María Corina Machado llamaron a sus partidarios a la lucha en las calles. La operación política, que denominaron “La Salida”, se sostendría hasta que fuera depuesto el gobierno constitucional y tendría su máxima expresión en la movilización del 12F, día en que empiezan a registrarse los primeros fallecidos2.
Este es el objetivo político de las “protestas”: una mezcla de movilizaciones –algunas pacíficas y multitudinarias- y numerosísimos actos de violencia, englobados bajo el lema “El que se cansa pierde” y al grito –que el 12F resonaba electrizante- de “este gobierno va a caer”. En definitiva, una operación encabezada por una minoría electoral que pretendía liquidar el mandato presidencial de Maduro por vías diferentes a las previstas en el orden constitucional. Apenas un detalle que el informe de Amnistía prefiere omitir.
b) Sobre los grupos políticos que promueven y protagonizan la violencia.
El papel de políticos de oposición, concretos e identificables, en la puesta en marcha, organización y sostenimiento de esta oleada también es evadido cuidadosamente3.
Su implicación es evidente. Tan es así que no tardaron en abrirse diatribas públicas entre los opositores que apoyaban la estrategia radical de López y Machado, y aquellos que la rechazaban como un error que podría tener consecuencias nefastas para la oposición en futuras confrontaciones electorales.
Algunos dirigentes opositores –afortunadamente solo unos pocos- han resultado incriminados y procesados judicialmente por delitos cometidos durante las protestas. El informe de AI omite cualquier conexión; así que las actuaciones de la Fiscalía encausando a estas personas aparecen como meros actos irracionales y vengativos dirigidos por el gobierno en su supuesto afán por limitar el pluralismo político.
c) Sobre los actos de violencia propiamente dichos.
El elemento central y más delicado del informe lo constituyen las denuncias concretas. Aquí es donde uno espera encontrar una radiografía de la crisis, así como casos y testimonios que sean representativos de la situación.
No cabe duda de que durante estos eventos de violencia han resultado vulnerados los derechos humanos de numerosas personas. Tampoco cabe duda de que muchas de las denuncias presentadas están siendo abordadas con celeridad por parte de la Fiscalía y la Defensoría y que están teniendo consecuencias jurídicas y penales para sus presuntos autores. Es muy posible que otros delitos estén quedando impunes. Aquí es donde la contribución de Amnistía podría ser influyente: mediante la exigencia de medidas preventivas y el procesamiento de responsables; apoyando denuncias no formalizadas, visibilizando casos no atendidos y circunstancias donde los denunciantes puedan verse atemorizados.
En algunos casos el informe cumple con este propósito. Sin embargo, el análisis que se hace de la violencia está jalonado por una cuidadosa selección de denuncias y, como veremos más adelante, por groseras tergiversaciones de los hechos, que denotan mala praxis.
El ejemplo más oneroso es el de las “guarimbas”. No se caracteriza en ningún momento este fenómeno, protagonista en las revueltas. Las llamadas “guarimbas” consisten en la colocación de barricadas en un diseminado de calles o vecindario, incendiando cauchos, muebles y colocando cualquier otro material que logre obstaculizar el tránsito, como cables, alambres de púas o aceite quemado. El objeto de la guarimba consiste en imposibilitar las actividades cotidianas de la población hasta lograr “paralizar el país”. Esto implica que los vecinos residentes en las urbanizaciones afectadas a duras penas puedan salir de las mismas. El grupo radicalizado que controla la barricada se convierte en una especie de “autoridad de facto”. El que se opone a la barricada o intenta sobrepasarla es agraviado y coaccionado. Se consolida en la zona dominada por la guarimba un clima de persecución, con agresiones y amenazas a las personas que son identificadas como “chavistas” y que residen en su área de influencia. El entorno de la guarimba se ve afectado por recurrentes ataques a oficinas gubernamentales, instalaciones sanitarias y educativas, quema de autobuses y destrozos de todo tipo de bienes públicos y privados en general. A la barricada hay que sumar el levantamiento de alcantarillas y la colocación de guayas, cables de acero atravesados en las vías con la finalidad de generar lesiones fatales a las personas que se circulan en motocicletas.
Las guarimbas se han organizado en los enclaves opositores de las grandes ciudades –fundamentalmente en zonas residenciales de clase media y media-alta. Constituyen focos permanentes o cuasi permanentes de conflictividad. Si multiplicamos el total de barricadas levantadas –sin duda varios centenares o incluso más- por cada uno de los días que ha durado la protesta, tendremos como resultado miles de escenarios de potencial enfrentamiento entre “guarimberos” y fuerzas policiales.
Estos escenarios de enfrentamiento, en un país donde los civiles poseen entre 9 y 15 millones de armas de fuego irregulares4, tienen sin duda un alto potencial explosivo. Cada vez que las autoridades intentaban reestablecer el libre tránsito y liberar a los residentes del encierro al que eran sometidos, se produjeron enfrentamientos de mayor o menor entidad. En buena parte de estos encuentros, los agentes eran recibidos con molotov y disparos.
El informe omite explicitar en qué consiste el fenómeno guarimbero. Menciona, obviamente, “bloqueos de vías” y en menor medida la presencia de “barricadas”. Desde luego no les da en absoluto el protagonismo que merecen en esta crisis. Resultan poco relevantes: descarga de responsabilidad a sus organizadores y, por supuesto, entre sus recomendaciones no incluye el cese de este tipo de actividades. Algo inaudito si tenemos en cuenta que la mayoría de fallecimientos se han producido en las guarimbas –al menos 17 de un total de 39, hasta donde sabemos. El elemento principal de las protestas –pues las manifestaciones pacíficas han tenido un carácter más esporádico y, en su mayoría, menos conflictivo- termina groseramente opacado.
A medida que ha ido decayendo la guarimba han comenzado a producirse otro tipo de ataques, como el envenenamiento de al menos un embalse de agua, la provocación de incendios forestales o encuentros al descubierto con unidades paramilitares de origen colombiano –todas estas acciones encuadrables bajo la etiqueta de terrorismo: un elemento emergente y muy preocupante también silenciado.
Por otra parte, omite el papel de los medios y las redes sociales en la crisis. Por ejemplo, la difusión masiva de denuncias falsas de violaciones de los derechos humanos. Tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se han difundido multitud de imágenes con escenas de violencia y torturas que ni siquiera correspondían a Venezuela. Duras imágenes, sacadas de otros países, que han impactado gravemente a la población. Una operación psicológica de gran envergadura que no hemos visto ni en las revueltas de la “primavera árabe” ni en otros eventos similares.
Este afán de los medios por visibilizar violaciones de los derechos humanos –algunas reales y otras imaginadas- deja en evidencia que, en esta crisis, los organizadores de las protestas esperaban obtener rédito político mediante su instrumentalización. De hecho, los medios se hicieron eco de un gran número de personas torturadas o maltratadas que, posteriormente, decayeron, pues carecían de base real.
Finalmente, los medios de comunicación pusieron en riesgo los derechos humanos reiterando la advertencia de que oleadas de chavistas –los denominados “colectivos”- estarían en disposición de enfrentar las guarimbas con armas de fuego. Y aunque eventos puntuales de este tipo sí se produjeron, la difusión continua de este mensaje conllevaba un claro implícito dirigido a los guarimberos: “los chavistas vienen armados y van a matarte”. Esta reiteración infundada ha potenciado la actitud reactiva de los guarimberos, incentivando el porte de armamento, así como una disposición mayor al empleo de la violencia para rechazar cualquier tipo de afrenta, real o imaginaria, y que, en algunos casos, ha terminado por costarle la vida a varias de las personas que intentaban levantar las barricadas.
d) Sobre las medidas del gobierno para enfrentar a la violencia.
En comparación con lo que ocurre en otras latitudes, podemos decir que la Fiscalía venezolana ha tenido una conducta diligente desde el comienzo de los altercados, investigando y procesando denuncias –tanto las presentadas formalmente, como algunas de las reveladas a través de los medios de comunicación- y, en aquellos casos en los cuales se ha explicitado la responsabilidad de funcionarios de orden público, éstos han sido puestos con celeridad a la orden de la justicia. Por supuesto, uno no puede darse nunca por satisfecho en este aspecto: es necesario mejorar los mecanismos preventivos y afinar la represión de los delitos cometidos por funcionarios contra personas bajo su custodia.
En este particular, habría que hacer notar la escasa confiabilidad de buena parte de los efectivos policiales. En 2009 el ministerio del interior revelaba que hasta en el 20% de los delitos más graves cometidos en el país –homicidios y secuestros- se encontraban implicados funcionarios policiales5. Precisamente en 2009, como respuesta a esta situación y como parte de los planes de reforma policial, el gobierno crea un cuerpo nuevo, la Policía Nacional Bolivariana, que desde su origen ha procurado una mejora sustancial en la capacitación de sus integrantes, dando un protagonismo muy destacable a su formación en materia de derechos humanos.
Aun así, en una situación como la planteada por las guarimbas, no es difícil imaginar a cualquier cuerpo policial de los países occidentales desbordado por estos centenares de focos continuados de violencia. En realidad, el número de incidentes graves en relación al total de operaciones de orden público, posiblemente ha sido bajo. Tomemos el ejemplo de la policía de España, que ha intervenido de manera absolutamente despiadada ante protestas pacíficas ¿Cómo hubiese reaccionado ante más de 50 días de barricadas violentas protagonizadas por personas provistas de cócteles molotov y armas de fuego?
Ello no obsta para que se castiguen las malas prácticas y las acciones delictivas de manera ejemplar. Se debe exigir –y en buena medida se está cumpliendo- una reacción implacable y transparente por parte de los poderes públicos ante las denuncias presentadas, así como un extraordinario celo de los mandos en la dirección de los operativos y en las instrucciones que dan a su personal.
Sin embargo, el informe prefiere centrarse en declaraciones singulares y, en algunos casos, desafortunadas de portavoces gubernamentales, silenciando de manera notable los esfuerzos del gobierno por contener la violencia de forma efectiva, así como abriendo espacios de diálogo con todo tipo de sectores críticos con su gestión.
Por ejemplo, el pasado 26 de febrero se instaló la Conferencia Nacional de Paz. El país asistió a un diálogo televisado entre el gobieno, representantes de signo político adverso, sectores empresariales y otros destacados actores de la vida social. La participación de las figuras más relevantes de oposición fue limitada –por ejemplo, no acudió Henrique Capriles Radonski- por razones de cálculo político y, cómo no, por las presiones de los grupos más radicales. El foro dedicado al diálogo con representantes empresariales, por ejemplo, concluyó más de medio centenar de acuerdos que están empezando a aplicarse. La iniciativa, además, se ha trasladado a varios estados (Táchira, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Mérida o Distrito Capital).
También desde etapas muy tempranas el gobierno solicitó la creación de una Comisión de la Verdad, con amplia participación, que contribuyera al esclarecimiento de los hechos violentos. Esta iniciativa también ha sido boicoteada por los sectores influyentes de la oposición. Una oposición dividida en cuanto a su grado de apoyo a la estrategia violenta, pero unida a la hora de no arrojar piedras sobre su propio tejado.
En general, las iniciativas de los poderes públicos han denotado una actitud receptiva tanto a las críticas como a las denuncias. En situaciones de este tipo, pocos han sido los gobiernos que han adoptado estrategias de diálogo y de búsqueda de acuerdos con sus antagonistas políticos, como ha hecho el gobierno bolivariano.
2) Lo que dice:
Si graves han sido las omisiones, más graves son algunas de las afirmaciones que contiene el infome. Aquí es donde la selección de hechos, así como el lenguaje utilizado, denotan esa mala praxis de la que hablamos anteriormente.
a) Sobre el origen de la violencia.
En un primer momento, parece que va a soslayarse la cuestión del origen de las revueltas, cuando se afirma que:
“Amnistía Internacional pudo evidenciar la dificultad de identificar responsabilidades en un contexto de polarización política y social como el que vive el país.”
Sin embargo, tan pronto dice esto, el informe se aventura a conjeturar sobre su origen y presenta su particular cronología de las protestas. Por un lado, tenemos un relato de los hechos que omite cualquier alusión a “La salida”, al sentido de la movilización del 12F y, en general, a los sectores que realmente impulsaron la confrontación violenta:
“El pasado 4 de febrero en San Cristóbal, estado Táchira, (…) cinco personas fueron detenidas, acusadas de haber participado en actos violentos, incluido un ataque contra la residencia del gobernador de estado Táchira. (…) En Caracas, la capital, los estudiantes culminaron su protesta del día 12 de febrero, frente a las oficinas del Ministerio Público, donde iban a presentar una petición pidiendo la liberación de los estudiantes detenidos en Táchira (…) En el contexto de esta protesta en la capital perdieron la vida tres personas tras recibir impactos de bala.”
Según Amnistía, la renuncia del presidente constitucional Nicolás Maduro es una reivindicación de las protestas que surge más tarde. En concreto, ¡50 días más tarde!
“Hasta el cierre de la edición de este informe, [continúan las] manifestaciones, y bloqueos de vías por parte de ciudadanos críticos al gobierno que piden ahora la renuncia del Presidente Nicolás Maduro…”.
Aparte de una cronología parcializada, el informe se atreve a abundar en las raíces socioeconómicas del conflicto:
“Si bien en la última década el Estado ha tomado medidas (…) que han beneficiado a los sectores más desfavorecidos; la actual situación económica, con un índice de inflación de más del 50 por ciento y la escasez de productos y servicios básicos, ha puesto en cuestionamiento estos avances.”
El desabastecimiento, la inflación y las tasas de criminalidad están generando un profundo malestar en amplios sectores de la población. Podrían incluso favorecer una caída anticipada del gobierno de Nicolás Maduro, en caso de que la oposición convoque un referéndum revocatorio. Sin embargo, resulta llamativo que estas protestas surjan justo cuando el gobierno está afrontando con políticas directas estos problemas. Tampoco ayuda al argumento de Amnistía que las protestas estén siendo protagonizadas por las clases medias acomodadas, y no por los sectores más desfavorecidos, que mantienen en mayor medida su apoyo al gobierno. Sin embargo, Amnistía no duda en calificar lo sucesido como una “oleada de descontento social”.
En la búsqueda de causas, el informe ignora los procesos de pacificación, control de armamento y reforma policial –políticas imprescindibles para reducir la violencia estructural, desdeñadas por la oposición durante años.
“Amnistía Internacional considera que la grave situación (…) podría haberse evitado si el gobierno hubiese (…) fortalecido las instituciones que sustentan el estado de derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población”.
Eso sí, la proliferación de armas parece ser responsabilidad de las autoridades.
“Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades venezolanas a (…) controlar la circulación e impacto de las armas y municiones, que se utilizan en el país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el monopolio de la importación, fabricación, distribución, venta de armas y balas. Además es la única autoridad de control a las mismas.”
Olvida Amnistía que las autoridades cuentan con esta capacidad efectiva para controlar la circulación de armas legalizadas desde la aprobación en 2013 de la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones. En un país con más de 9 millones de armas ilegales en manos de civiles y con una extensa tradición de porte ¿Acaso tiene Amnistía certeza de que los homicidios durante las protestas se han cometido con armas legales y con munición adquirida después de 2013?
Total que, después de divagar un rato, el informe identifica al máximo responsable de los sucesos: la polarización.
“37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas (…) Este es el saldo más reciente de la creciente polarización que ha dividido a
la sociedad venezolana en la última década”
“Una creciente polarización política y social (…) ha dejado en descubierto la falta de una atención a la protección de los derechos humanos de todas las personas”
Nos abstendremos de prolijos comentarios sobre este temible enemigo. Solo señalaremos que multitud de países viven y han vivido procesos de polarización política que no se han expresado de esta manera. Solo la articulación consciente traduce el legítimo antagonismo entre fuerzas políticas en una confrontación violenta.
b) Sobre los grupos políticos que promueven y protagonizan la violencia.
Como ya advertimos, para Amnistía los sectores de oposición son irrelevantes en la organización de las revueltas. Así lo constatamos en el relato del 12F, que no se vincula ni a Leopoldo López ni a su –nuevamente frustrada- “operación Salida”:
“Estudiantes, a los que se unieron partidos de la oposición, se manifestaron en varios estados del país, exigiendo la liberación de los estudiantes detenidos y reclamando por la inseguridad, la crisis económica y la escasez de productos básicos”
Olviden a la oposición. Para Amnistía, en Venezuela solo hay dos grupos antagónicos relevantes: por un lado, los manifestantes que “bloquean vías”; y por el otro, los “grupos armados pro gobierno” que reprimen despiadadamente a los primeros.
Llama la atención esta fijación. En sus primeras páginas, el informe menciona a estos “grupos armados pro gobierno” hasta en 9 ocasiones. Aparecen en casi todos los sucesos violentos descritos. Algo sorprendente teniendo en cuenta que a estos grupos se les imputa una parte importante, pero minoritaria de los de desenlaces fatales –hasta donde sabemos 5 de los 39 fallecimientos. ¿Cómo es posible que aparezcan mencionados con tanta reiteración?
En cambio, los grupos opositores están compuestos por “manifestantes” que “cortan vías” y donde solo “algunas personas” aisladas emplean armas de fuego para matar a otras personas. ¿Por qué los grupos “pro gobierno” son descritos como “grupos armados”? ¿Acaso todos los grupos “pro gobierno” van armados? Y ¿por qué los opositores son siempre “manifestantes” aunque también haya personas armadas? Todo un misterio.
“la violencia durante febrero y marzo, tanto por parte de grupos armados pro gobierno, como por algunos manifestantes, muestran como todavía queda mucho por hacer”
Lo correcto y ético sería incidir en la necesidad de desarmar a todos los civiles de cualquiera de los bandos antagonistas. Lo correcto y ético sería exigir que todos los actores políticos se expresen en las calles, libres de armas, sin actos de violencia ni coacciones. En cambio Amnistía prefiere sumarse a la campaña –con muchos años de trayectoria- que trata de propagar la especie de que el chavismo basa su poder en la amenaza de grupos armados que impiden a la oposición desarrollar sus actividades con normalidad. Algo notoriamente falso. Al otorgarles un protagonismo que no tienen, se transmite la idea de que el país entero estaría subyugado por estos grupos, algo que roza lo risible, teniendo en cuenta son un fenómeno con presencia en apenas unos pocos enclaves.
Se llega a afirmar, sin ningún tipo de sustento, que:
“En la última década, estos grupos armados pro gobierno han profundizado la deteriorada situación de violencia política en el país”
O que, de las más de 9 millones de armas ilegales que circulan en el país, “muchas de ellas” estarían, por lo visto, en manos de estos “grupos pro gobierno”:
“El alto número de armas ilegales que circulan en el país, muchas de ellas en manos de grupos armados pro gobierno, continuará cobrando vidas.”
Por si no nos quedaba claro, el informe insiste:
“Asimismo, el inexcusable costo de vidas humanas de las últimas semanas hacen aún más urgente el que las autoridades tomen acciones para desarmar a los grupos armados pro gobierno.”
En fin, un dislate que sería anecdótico si no se produjera en un contexto donde cada vez más opositores coquetean con la idea de una guerra civil, y en donde el chavismo –mayoritario en el país- es descrito como una horda armada que, por tanto, resultará necesario eliminar.
En definitiva, hay un uso del lenguaje extraño y sesgado. Por ejemplo, no se emplea en ningún momento la expresión “chavista”. Tampoco aparece la palabra “guarimba”; y “revolución bolivariana” solo aparece en una nota al pie y entrecomillada en tono sarcástico. Los guarimberos, son casi siempre “manifestantes”. Los chavistas, en muy contadas ocasiones son descritos como “manifestantes”. De hecho, incluso cuando los chavistas se manifiestan a favor del gobierno, en realidad, no se manifiestan, sino que “protestan”:
“protestas en distintas partes del país a favor y en contra del gobierno”
“Se mantienen además las protestas en apoyo al gobierno, así como las acciones de grupos armados pro gobierno”
O bien son descritos como “adeptos”:
“al menos 37 personas muertas, incluidos manifestantes contrarios y adeptos al gobierno”
“El mismo día en horas de la noche en enfrentamientos entre opositores y adeptos al gobierno”
c) Sobre los actos de violencia propiamente dichos.
En general, el informe presenta una selección de víctimas de la violencia desequilibrada. Se desplaza a la mayoría de víctimas del fenómeno guarimbero, para poner el acento en los casos que sustentan las tesis del “terror rojo”. Se emplea un lenguaje sesgado y una ambigüedad calculada que confunden al lector, evitando hacer un balance del total de víctimas mortales: de cuántas han sido provocadas por la violencia guarimbera y cuántas por las fuerzas policiales y lo que denomina “grupos armados pro gobierno”.
A los guarimberos, en general, se los oculta, presentándolos como “personas no identificadas”; incluso se aprovecha para vincularlos a los “grupos armados pro gobierno” aunque los hechos no tengan relación entre sí.
“El 28 de febrero, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, falleció el Guardia Nacional Giovanny José Pantoja Hernández, y resultó herido otro funcionario, (…) Según informes, personas no identificadas habrían disparado contra los efectivos de la Guardia Nacional.”
“Al menos otras seis personas, incluidos manifestantes contra y pro gobierno, así como otro oficial de la Guardia Nacional, habrían muerto durante protestas al recibir impactos de bala de personas no identificadas o por integrantes de grupos armados pro gobierno”
En cambio, cuando la persona fallecida es opositora, aun cuando todavía no están resueltas las averiguaciones judiciales, se establecen vínculos causa-efecto. Los “grupos armados pro gobierno” son los responsables del desenlace fatal:
“Génesis Carmona (…) habría recibido un disparo en la cabeza el 18 de febrero en Valencia, estado Carabobo, cuando un grupo armado pro gobierno que viajaba en moto presuntamente comenzó a disparar contra los manifestantes. Génesis Carmona murió un día después.”
En cambio, cuando se trata de policias o de chavistas asesinados, la ambigüedad calculada llega al extremo. Al final no queda claro si son los mismos “grupos armados pro gobierno” los que asesinan también a los miembros de la guardia nacional bolivariana, funcionarios del gobierno al que supuestamente defienden:
“el informe recoge reportes de fuentes públicas sobre casos de personas, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que habrían perdido la vida presuntamente como resultado de la violencia y el uso de armas de fuego, tanto por parte de grupos armados pro gobierno, como por parte de algunos manifestantes, durante las protestas y en el bloqueo de vías públicas.”
Se llega a la paradoja de plantear el asesinato de un funcionario como parte del “fracaso” de estos guardias nacionales a la hora de proteger sus propias vidas.
“Al menos otras seis personas, así como otro oficial de la Guardia Nacional, habrían muerto durante protestas al recibir impactos de bala sin que las fuerzas del orden actuaran para prevenirlo o contenerlo.”
La autoría en estos casos es un misterio. ¿Quién dispara a los funcionarios? Nadie. Los guardias “resultan heridos” o “reciben impactos de bala”. ¿Quién asesina a los chavistas? Tampoco lo sabemos. El caso es que aparezca la expresión “grupo armado pro gobierno” en toda ocasión, incluso cuando se trata del homicidio de uno de sus presuntos miembros –en el ejemplo siguiente, se trata el asesinato de un integrante de una cooperativa de mototaxistas que retiraba una barricada:
“Otro funcionario también habría resultado herido de bala en ambas piernas. El 6 de marzo, en otro incidente en el municipio de Sucre, estado de Miranda, falleció tras recibir impactos de bala otro Guardia Nacional, Acner Isaac López, y un mototaxista, José Gregorio Amaris, cuando, según informes, un grupo armado pro gobierno que viajaban en motocicleta intentó retirar un bloqueo de carretera por manifestantes de la oposición.”
El relato disponible del fallecimiento del mototaxista José Gregorio Amaris no menciona en ningún momento a ningún “grupo armado pro gobierno”6, sino a motorizados miembros de una cooperativa de mototaxistas que, cansados del bloqueo de las vías comenzaron a levantar una barricada cuando desde los edificios adyacentes comenzaron a recibir disparos. ¿Son estos los grupos armados pro gobierno que identifica Amnistía?
A los que mueren mientras retiran una barricada los mata una “mano invisible”. En cambio, si se trata de opositores fallecidos sí que se expone un mecanismo causa-efecto que atribuye el homicidio indefectiblemente a los “grupos armados pro gobierno”, sin importar que la investigación judicial todavía esté en curso. El siguiente párrafo relata los asesinatos de Giselle Rubilar Figueroa (chavista) y de Daniel Tinoco (opositor). Observen el cambio de perspectiva:
“Solo tres días después, la noche del 9 de marzo, murió Giselle Rubilar Figueroa por disparos cuando estaba retirando los escombros de una barricada cercana a su hogar en Mérida, Un día después, el estudiante Daniel Tinoco recibió un disparo mortal (…) cuando grupos armados pro gobierno que viajaban en motocicletas les atacaron.”
Esta es la principal tesis defendida por Amnistía en su informe: que los guarimberos no matan. En la siguiente frase, vagamente construida, una cuarta parte de los fallecidos son desdeñados y clasificados como meros “accidentados”, cuando en realidad se están contabilizando también casos de homicidio:
“Entre el 5 de febrero y el 12 de marzo, según informes, al menos nueve personas, incluido un funcionario de la Guardia Nacional, habrían fallecido en accidentes al intentar pasar las barricadas o intentando retirarlas.”
Los guarimberos son no-culpables. Amnistía está convencida. Tanto que incluso la colocación de “guayas” es irrelevante. Las guayas son alambres de metal tensados y atravesados en las vías a unos 120 centímetros del suelo. Debido a su dureza y a que son difíciles de ver, son la trampa idónea para de herir o matar a personas que circulen en motocicletas. ¿Quién tiene la culpa de una muerte en una guaya? ¿Los guarimberos que la colocaron? No, según Amnistía, la culpa es de la víctima, por no ver la guaya:
“El 21 de febrero, falleció Elvis Rafael Durán de la Rosa en el municipio de Sucre, estado Miranda cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta y al intentar pasar una barricada colocada por opositores fue sorprendido por un alambre metálico tensado que no pudo ver a tiempo.”
No sé cuál es la sorpresa que ve Amnistía en que un motorista en circulación no sea capaz de esquivar un fino cable de acero atravesado. Sorpresa –y muy desagradable- es la que se lleva el lector cuando descubre este párrafo infame.
Aquí hacemos un alto. Pues en el marco de estas detenciones se documentan una serie de denuncias graves que sin duda merecen toda nuestra atención, consideración y respeto. Para todas ellas pedimos justicia.
“Entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, Amnistía Internacional recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se incluyen: casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), otras fuerzas del orden y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes detenidos, tanto en el momento de la detención, como cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad”
No sabemos el número total de denuncias que habrá recibido Amnistía. Lo que sí sabemos es que el informe hace públicos 6 casos de brutalidad en las detenciones, torturas y otros tratos crueles y degradantes, dos de ellos con resultados fatales. Posiblemente el número real de estos casos sea significativamente mayor a 6. La protección del anonimato de los denunciantes, lógicamente, impide ofrecer el detalle exacto de otros casos. Sin embargo, llama la atención lo inespecífico de la información de Amnistía al respecto. ¿Cuántas denuncias recibió del 12 de febrero al 12 de marzo? ¿Diez, veinte, cincuenta o cien? Lamentablemente, el informe prefiere dejarlo en el aire.
Estamos seguros de que han sido más de 6 las personas que han sufrido malos tratos o torturas. También estamos seguros de que las 2.100 personas detenidas hasta la fecha no habrán pasado por las mismas vivencias y circunstancias. Toda detención, aunque sea por breve plazo, es una experiencia traumática, sobretodo si tiene lugar en un contexto de violencia. Pero ¿cuántos casos de este tipo se han dado? Más adelante encontramos una mayor concreción.
“Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de oficiales de las fuerzas del orden contra detenidos, tanto en el momento de la detención, como durante el traslado y en el centro de detención”.
En cualquier caso, tras leer el informe, solo podremos afirmar que el número de denuncias es mayor de 20. Sin duda, una falta de precisión poco aceptable.
Entre las denuncias encontramos algunas muy graves. Lamentablemente, la vaguedad del informe nos impide precisar si se trata de prácticas sistemáticas o de casos puntuales.
“Entre las denuncias recibidas, se incluyen casos de palizas por parte de funcionarios de la fuerzas del orden, con puños, patadas y con objetos contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se encontraba restringida en el suelo en el momento de la detención. Asimismo, se han recibido denuncias de detenidos a los que se habría obligado a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención, abusos sexuales o amenazas de violación contra jóvenes detenidos. Entre las denuncias recibidas se incluyen además casos de amenazas de muerte, incluido un caso en el que se habría rociado de gasolina a un joven.”
Por lo que sabemos, en medios de comunicación ha transcendido una denuncia de abuso sexual, una denuncia por amenaza de traslado a una prisión donde la persona detenida sería violada por los otros presos, así como una denuncia de una persona retenida en el suelo que fue golpeada brutalmente con un casco. Coinciden estos perfiles con los denunciados por Amnistía, solo que en el informe se mencionan en plural, con lo que se da a entender –y esperamos que no sea otra “ligereza” de Amnistía a la hora de presentar las denuncias- que han sido varias las personas afectadas por cada una de estas circunstancias.
También descubrimos alguna denuncia pertinente adicional, de la que se deberían derivar consecuencias judiciales para los agentes o mandos implicados.
“Las fuerzas del orden habrían hecho uso de gases lacrimógenos de forma excesiva e indiscriminada, en ocasiones dirigiéndolos directamente contra el cuerpo de los manifestantes, así como uso de gases lacrimógenos en espacios cerrados y en zonas residenciales.”
d) Sobre las acciones de los poderes públicos frente a la violencia.
El informe plantea dos líneas argumentales en este punto: por un lado, que el gobierno reacciona mediante la mera adopción de estrategias represivas; por el otro, que Amnistía estaría recomendando una serie de medidas para frenar la crisis que, presuntamente, no se estarían adoptando. Ambos extremos son de escasa veracidad.
Así por ejemplo, al lector no avezado le puede resultar totalmente desproporcionado el número de detenidos. Si las protestas han consistido en manifestaciones y cortes de vías, ¿Cómo es posible que se haya detenido a más de 2.000 personas?
“Según el Ministerio Público, hasta el 12 de marzo, más de 2.100 personas fueron detenidas, de las cuales 168 continúan detenidas. La mayoría de las personas detenidas habrían sido liberadas, pero con procesos judiciales pendientes, mientras otras 66 personas fueron liberadas incondicionalmente.”
Más adelante entendemos que algo de violencia sí que puede haber detrás de la mayoría de estas detenciones. Eso sí, hay que saber leer entre líneas:
“Decenas de éstas habrían sido detenidas sin orden de aprehensión y sin encontrarse cometiendo ningún delito (en flagrancia).”
Si de un total de 2.100 detenidos tenemos a unas decenas de personas que no estaban cometiendo ningún delito en flagrancia ¿Cuántas sí los estaban cometiendo? Obviamente, si han tenido lugar detenciones arbitrarias, se debe sancionar a los conductores de las mismas. Pero ¿no es un saldo llamativo el que haya habido más de 2.000 detenidos? Sí, siempre que entendamos que tras estas detenciones tenemos centenares de focos de guarimba violenta. Y por otro lado, ¿no es también reseñable que a la inmensa mayoría se le impusieran en el acto medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva?
En lo que respecta a la conducta del gobierno detectamos en el informe otras referencias de gravedad. Por ejemplo, en su afán por proteger la imagen de las barricadas violentas, se llega a tergiversar al presidente Maduro cuando el 5 de marzo solicita a sus partidarios que levanten las guarimbas. Para Amnistía, esta referencia es una amenaza tanto hacia la guarimba como hacia la protesta pacífica.
“De gran preocupación han sido las palabras del Presidente Nicolás Maduro (…) instando a la población que apoya la gestión de su gobierno a salir a las calles y parar las protestas y barricadas.”
Desde luego que Nicolás Maduro jamás pedido a que se salga a la calle a parar la protesta pacífica en su contra. Antes al contrario, ha invitado a los que le adversan a manifestarse todos los días si lo consideran necesario7. Eso sí, sin armas ni violencia.
Para Amnistía las acciones del gobierno para pacificar el país no pasan de las buenas palabras. Despacha las iniciativas de los poderes públicos de la siguiente manera:
“[los] compromisos no han sido llevados a la práctica. Desde el Ministerio Público, la Fiscal General de la Nación indicó, el 28 de febrero, que no se tolerarían violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. El Gobierno además ha hecho un llamado al diálogo y ha convocado a una Conferencia de Paz que se inició el día 26 de febrero, pero no cuenta con la participación de todos los sectores de la oposición.”
Ninguna referencia aquí al resultado de estas iniciativas: las detenciones de agentes y los acuerdos y diálogos con sectores adversos se desvanecen en este párrafo.
Sin embargo, más adelante evita incurrir en un embuste descarado. El informe reconoce que, “de acuerdo a la información facilitada por la Fiscal General”, algo se está haciendo para castigar las violaciones de derechos humanos acontecidas:
“Amnistía Internacional acogió con beneplácito que, de acuerdo a la información facilitada por la Fiscal General de la Nación el día 14de marzo, el Ministerio Público estaba investigando 42 denuncias por violaciones a los derechos humanos, y se había abierto además una línea telefónica gratuita para recibir denuncias específicamente ocurridas durante esta crisis. La Fiscal General informó además que 15 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad se encontraban privados de libertad por estar presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos.”
“Tras los sucesos del 12 de febrero, tanto el Presidente Nicolás Maduro, como líderes de la oposición, hicieron un llamado de rechazo a la violencia. Asimismo, el Presidente Nicolás Maduro rechazó la acción de grupos armados pro gobierno que habrían ejercido violencia contra los manifestantes, e indicó que tomaría acciones para garantizar que sean llevados ante la justicia y sean desarmados.”
3) Lo que subyace:
En este punto debe reconocerse un elemento clave del contexto en el que surge el informe: la agudización de la batalla para conquistar a la opinión pública. En Venezuela esta batalla está articulando a un sector derechista como factor violento y guerra-civilista. En cambio, el saldo de cara a una hipotética confrontación electoral, de momento, resulta negativo para el “frente guarimbero”. Según las últimas encuestas, más del 55% de los venezolanos votaría hoy por Nicolás Maduro. Más del 85% rechaza las guarimbas.
La batalla por la opinión pública latinoamericana también huele del fracaso. En cambio en Europa y los USA han logrado introducir el tema Venezuela-uprising en la agenda con mucha fuerza y las peores intenciones. El papel de Amnistía y del infome encaja perfectamente en un esquema de reforzamiento de posiciones de cara a preparar a la opinión pública internacional para lo que sea.
Llegados a este punto, no queremos extender más este análisis. Como se ha podido constatar, el informe se nos ha atragantado y este análisis ocupa ya demasiadas páginas. Simplemente añadir un par de comentarios finales.
Al final uno se termina preguntando ¿Aporta algo el informe? ¿Resulta útil? ¿Ofrece información aprovechable para la defensa de los derechos humanos? ¿O se limita a recoger testimonios sobre hechos ya conocidos? Aquí nuestra respuesta es parcialmente positiva. El informe en sí era necesario. Las denuncias oportunas que contiene, merecen siempre la pena, aunque sean presantadas de manera tan penosa y lamentable.
En cambio, el relato –la pluma empleada-, así como los implícitos que se asumen, resultan claramente agraviantes. Amnistía hubiera ganado mi más profunda estima y gratitud si le hubiese encargado su redacción a alguien que cumpliese con dos requisitos básicos:
- Escribir sin faltar a la ortografía y exhibiendo una habilidad mínima en la construcción sintáctica de párrafos que no oscurezca los hechos relatados.
- No expresar de manera evidente sus preferencias políticas. Específicamente, necesitarían a alguien que no comprase todos y cada uno de los puntos del argumentario mediático de la oposición venezolana.
Sin embargo, dudo mucho que esto vaya a suceder. No voy a abundar demasiado en las razones de mi pesimismo. Desde luego no creo que Amnistía haga este tipo de informes para congraciarse con los gustos de una opinión pública mediatizada. Tampoco creo que lo haga para captar nuevos socios –y más fondos- procedentes de las derechas venezolana y europea.
Dejo aquí mi última anotación. Un pequeño detalle. La fuente que emplea Amnistía en su evaluación de la amenaza que suponen los “grupos armados pro gobierno” es el International Crisis Group (véase la nota al pie número 3 del informe). El ICG es una entidad patrocinada por la Fundación Ford, la Fundación Carnegie, el grupo Rockefeller y The Soros Open Society Institute. Reune en su equipo directivo a ex secretarios de estado y de defensa de los USA, así como a promotores de las revoluciones de colores como George Soros o la esposa Peter Ackerman8.
El International Crisis Group mantiene vínculos muy estrechos con Amnistía Internacional, como constatamos en el del especialista en conflictos armados Jacob Mundy, que ha ocupado puestos de alta responsabilidad en ambas.
En fin. ¡Buena suerte para el próximo informe!
1 https://www.es.amnesty.org/
2 http://www.csmonitor.com/
3 Esta es una obsesión de la estrategia comunicacional que apoya las revueltas: ocultar su carácter sectorializado y hacerlas pasar por revueltas populares y generalizadas. El caso más grotesco en esta línea lo protagonizó CNN en español: que llega hacer el perfil biográfico de un “chamo de Petare” participante en las protestas, Yelker Guerra –estudiante, ni chavista ni opositor, según CNN-, que finalmente resultó ser coordinador nacional de finanzas del partido derechista Primero Justicia. http://albaciudad.org/wp/
4 http://www.terra.com.ve/
5 http://www.elespectador.com/
6 http://www.avn.info.ve/
7 Veáse: https://www.youtube.com/watch?
8 http://www.sourcewatch.org/