Estuvimos en intenso debate en el canal del gobierno de EEUU (Voz de América) en plena crisis binacional. Ver video: Presuntos sobrinos aparecen en TV de Estados Unidos https://youtu.be/g47WBeB77es

Se trata del caso de los presuntos narco sobrinos de Cilia Flores, el mismo pasará a la historia como el golpe mediático más dañino contra el gobierno de Venezuela en el año 2016, pues nunca antes tantos medios internacionales se unieron en una campaña de propaganda directamente enfocada a vincular a la pareja presidencial venezolana con crímenes tan graves como el narcotráfico y para colmo faltando pocos días para elecciones legislativas donde nuestros análisis publicados en prensa advertían la inminente derrota del PSUV y sus amigos.

De parte de los voceros oficiales no hubo respuesta pronta ni contundente contra esa violenta campaña mediática internacional que criminalmente calificó a Venezuela como un narco Estado; por eso frente a tan inconveniente silencio gubernamental decidimos pronunciarnos una vez más por iniciativa propia en televisión extranjera para rechazar la ofensa cometida contra la República Bolivariana de Venezuela que está integrada por 30 millones de ciudadanos trabajadores y no precisamente por una mayoría de narcotraficantes ni negociantes cocaleros como se quiso hacer ver.

Así estuvimos en intenso debate en el canal del gobierno de EEUU (Voz de América) en plena crisis binacional. Ver video: Narco Sobrinos de Cilia Flores aparecen en TV de Estados Unidos https://youtu.be/g47WBeB77es

Ahora bien, más allá de ejercer una argumentación ciega o fanática a favor de la pareja presidencial venezolana o sus presuntos parientes, somos fieles a la defensa de la nación venezolana como hijos de esta tierra la cual no puede ser sometida al desprecio público por los delitos que supuestamente un reducido grupo de venezolanos haya podido cometer.

Se llama "defensa del interés nacional" cuando compatriotas decidimos discutir nacionalmente nuestras diferencias políticas y no someterlas a examen o dictamen de autoridades extranjeras. En este sentido no apoyamos que se determine la culpabilidad de los sospechosos a través de canales de TV sin que se desarrolle un proceso judicial completo ni nos haremos eco de una futura sentencia que se genere de tribunales de EEUU hasta que ese país rinda cuentas formalmente a Venezuela de las pruebas que posee contra estos venezolanos, porque así lo impone el principio jurídico internacional del debido proceso.

No será el odio político ni la polarización quienes nos persuadan a aceptar la validez de la justicia estadounidense como marco jurídico apto para enjuiciar a venezolanos, del mismo modo que sabemos que jamás los EEUU aceptarían que tribunales venezolanos castiguen a sus ciudadanos, sin observar tratados internacionales ni dar explicaciones satisfactorias.

Mientras EEUU reflexiona sobre la necesidad de enmarcarse en los principios del Derecho Internacional, así como de ponerse a Derecho con Venezuela para que se le pueda dar veracidad a sus supuestas averiguaciones contra el narcotráfico; no nos queda más alterativa como expertos de la ciencia jurídica que poner en duda las informaciones que extraoficialmente y bajo la modalidad de escándalo político mediático se han lanzado contra la nación venezolana en ocasión del caso de los mal llamados narco sobrinos.

Es menester subrayar que si hubiera relación de parentesco entre los actuales prisioneros de EEUU y Cilia Flores ello no significa necesariamente complicidad criminal; es insensato insinuar por ejemplo que la tía del Chapo Guzmán es cómplice de las fechorías de su sobrino sólo porque son familia. La responsabilidad penal es individual en todas partes del mundo. Dejamos constancia de que si esos individuos fueran sobrinos del adeco Henry Ramos Allup, nosotros mantendríamos exactamente la misma opinión jurídica.

En lo que respecta a la supuesta emisión de pasaportes diplomáticos a favor de estos venezolanos, bastaría determinar individualmente quién autorizó tales credenciales según la firma impresa en dichos documentos porque difícilmente los mismos pudieran estar firmados por la primera dama nacional y eso lo sabe la prensa amarillista y los propagandistas de la oposición.

Que se castigue a los culpables conforme a las normas jurídicas pero no caprichosamente fuera de ellas, para complacer agendas políticas privadas.

Prudencia, indiferencia política y apego a los principios del Derecho Internacional como el debido proceso y la presunción de inocencia son los postulados que deben orientar la opinion y conclusiones de todo venezolano y toda venezolana en atención a este caso polémico y del cual no existe, por ahora, suficiente información verificada. En ningún caso seremos instrumento de terceros para avalar un linchamiento mediático contra el digno pueblo de Venezuela, y satisfacer el hambre de "renta política" que reina en ciertos círculos anti venezolanos.