La Fiscalía de Uruguay divulgó hoy lunes detalles sobre el caso de explotación laboral a venezolanos en una mina del departamento de Artigas (norte), por el que fueron imputadas seis personas.
Las víctimas, más de una decena y con edades de entre 20 y 50 años, llegaron de Venezuela tras "haber visto en la red social Telegram una publicación de oferta laboral", según la resolución de la fiscal Sabrina Massaferro.
La publicación para trabajar en una cantera de piedras semipreciosas fue realizada por una de las personas, que a la postre fue imputada.
Se les ofreció alojamiento, comida, seguro médico y WiFi, un sueldo base de entre 250 y 500 dólares, que con bonos y horas extras podría llegar a entre 1.500 y 2.000 dólares por ocho horas de trabajo a la semana.
Sin embargo, ya en la cantera de Artigas se les retiraron los documentos, el régimen de trabajo era de 12 horas y el sueldo en algunos casos no llegaba a los 80 dólares.
Massaferro imputó el sábado pasado a cuatro hombres y dos mujeres por la presunta comisión de un delito de trata de personas en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, en calidad de autores.
Para la fiscal, según la imputación divulgada hoy, "los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral, que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos".
Estas personas participaron "en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana".
Funcionaria del Ministerio de Defensa es una de las implicadas en red de trata de Artigas
Lejos de la promesa de las ocho horas y de los US$ 2.000 mensuales, los venezolanos empezaron a trabajar 12 horas por día; tres personas se fueron al ver que los habían engañado.
El 31 de enero les dijeron que les pagarían US$180 por la primera quincena de trabajo y que se les descontaría los cargos por el seguro médico, los alimentos y el wifi.
"Ante los reclamos que comenzaron a realizar las víctimas por no ser lo que acordaron, los imputados enviaron a quien se quejaba hacia otra ciudad con excusas y engaños". A uno de ellos lo enviaron a San Pablo el 6 de febrero "con la excusa de ir a buscar a más trabajadores y al llegar al lugar descubrió que ello no era real y que no había personas para trasladar".
A otros dos los enviaron hacia Curitiba "con la excusa de ir a buscar maquinaria lo cual tampoco era real, permaneciendo en esa ciudad hasta el día de la fecha y sin recursos", relató la fiscal del caso.
Los venezolanos que estaban en la cantera empezaron a "sentir temor" porque no podían salir del lugar y porque no tenían acceso a wifi para poder comunicarse. Uno de ellos manifestó que se iría, pero durante la madrugada fue llevado en una camioneta por dos de los imputados hacia Quaraí, donde lo dejaron solo y sin dinero.
El pasado 22 de febrero llegaron más venezolanos. Siete primero y 13 después. La operación fue idéntica, pero los contratos se firmaron en Montevideo y se le sumaron tres hojas en blanco. Sin embargo, los imputados no llegaron a Tres Cruces porque "en momentos que se retiraban del lugar fueron detenidos los imputados antes de que enviaran a las nuevas victimas a la Ciudad de Artigas".
La fiscal concluyó que los seis imputados "integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana".
Para los imputados se dispuso un arresto domiciliario de 22:00 a 07:00 con dispositivo electrónico durante 120 días. Además debieron fijar domicilio, no podrán salir del país y tienen la prohibición de poder comunicarse o acercarse a 500 metros con respecto a las víctimas mientras continúa la investigación.
Con información de Xinhua en Español / El observador