La consistente victoria de la izquierda uruguaya en las elecciones del pasado 31 de octubre no alcanza a contrarrestar el viraje de signo conservador que se está produciendo en la región. El escenario que encontrará Tabaré Vázquez cuando asuma la presidencia, el primero de marzo de 2005, será muy diferente a los aires renovadores que barrieron el Cono Sur durante los primeros meses de 2003, los cuales se plasmaron en el Consenso de Buenos Aires, firmado por Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva en octubre de ese año.
Por motivos diferentes, Brasil y Argentina atraviesan coyunturas que están inclinando la balanza hacia la derecha. Los resultados de las elecciones municipales en Brasil confirman al PT como el partido más votado, pero la pérdida de dos ciudades tan importantes como San Pablo y Puerto Alegre no pueden ser contrapesadas por los éxitos obtenidos en el norte del país. La derrota de Marta Suplicy puede explicarse por el alejamiento de las capas medias de una gestión que aumentó considerablemente la presión impositiva para favorecer a los más pobres. El caso de la capital de Río Grande del Sur -gobernada durante 16 años por el PT, donde ensayó su más ambicioso proyecto de reforma del Estado a través del presupuesto participativo- es mucho más grave.
El triunfo de Jose Fogaça, del Partido Popular Socialista (PPS), surgido en 1992 de una escisión del Partido Comunista, significa el triunfo de la derecha por los errores cometidos por la última administración: la entrega de la ciudad a la especulación inmobiliaria, la burocratización y el clientelismo en que cayó el presupuesto participativo y el duro enfrentamiento con los empleados públicos. Pese a lo que indican sus siglas y su procedencia, el PPS fue bautizado por los propios militantes petistas como partido de los plantadores de soya, ya que los fondos que financiaron la campaña electoral de 2002 provenían del agrobusiness. De modo que sostener que se trata de un partido de izquierda es apenas una forma de minimizar una derrota histórica.
La reelección de Lula en 2006 quedó comprometida. Peor aún, “se consolidan en el centro neurálgico del país (San Pablo) los vínculos orgánicos entre el gran empresariado industrial y financiero con el bloque de partidos de derecha, no sólo como punto de apoyo para candidaturas opositoras en 2006 contra Lula, sino principalmente como eje hegemónico ideológico del país”, según Emir Sader.
El PT pierde los dos municipios donde se habían puesto en marcha experiencias alternativas, y ya no cuenta con la militancia de base que en otros tiempos fue capaz de torcer resultados que se anticipaban desfavorables. Contrarrestar la derrota electoral impone a Lula un giro hacia el centro, en un momento delicado en el que la economía da señales de agotar el impulso del primer semestre del año. En efecto, el banco central decidió el segundo aumento de las tasas de interés en un mes, pasando a 16.75 por ciento, lo que no hace más que estrangular el crecimiento cuando los precios internacionales de la soya, uno de los principales productos de exportación, comenzaron a caer.
En Argentina, el viraje conservador es aún más profundo. La “ofensiva Blumberg”, con la excusa de la seguridad ciudadana, está dando los frutos esperados. El endurecimiento del gobierno de Kirchner redunda en la penalización de la protesta social, que llevó a las cárceles a decenas de activistas, en una escalada represiva impensable un año atrás. El presupuesto para 2005 prioriza el pago de la deuda sobre la distribución del ingreso y las transformaciones estructurales. Según Claudio Lozano, diputado por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), el superávit fiscal es de 4.6 por ciento del producto interno bruto, frente a la meta fijada de 2.4 por ciento. “El Estado está pletórico de recursos y a la vez se inhibe de aplicar políticas que resuelvan las necesidades sociales”, señaló en la Cámara cuando el Ejecutivo consiguió, el pasado 4 de noviembre, superpoderes para el jefe del gabinete, Alberto Fernández, para reasignar partidas presupuestales.
El más reciente informe del Instituto de Estudios de la CTA apunta que no se han encarado las reformas estructurales, como la tributaria y la previsional, y el tiempo pasa consolidando la pobreza y las fabulosas ganancias de las grandes empresas. En el segundo semestre de 2004, la pobreza alcanza a 44.7 por ciento de la población y la indigencia a 17 por ciento. La desaceleración en la reducción de la pobreza tiene tasas “inferiores a las observadas en anteriores periodos de igual crecimiento económico”, lo cual permite concluir que el deterioro de la condiciones de vida “se torna estructural, debido a que las reducciones de la pobreza y la indigencia que muestran las etapas de recuperación no logran retornar a los niveles previos a las crisis”. La desocupación es de 19 por ciento y junto con la subocupación alcanza a 30 por ciento de la población activa, en un periodo de excepcional crecimiento de la economía.
En la medida en que no se aplican reformas estructurales la concentración de la riqueza aumenta: en 2004 la masa de ingresos de los ocupados cae 11 por ciento respecto a los ya reducidos niveles de 2003, pero la caída es de 30 por ciento comparada con el crítico año 2001, cuando estalló la crisis. En contraste, las 100 mayores empresas aumentan sus ganancias 47.7 por ciento, y lo hacen 130 por ciento encima del producto.
La incapacidad de los gobiernos de Argentina y Brasil para cambiar el rumbo del modelo neoliberal produce efectos negativos en la región. Uno, señalado por el sociólogo Francisco Chico de Oliveira respecto al PT, puede extrapolarse hacia el conjunto de las “democracias progresistas” empeñadas en engordar el centro del espectro político: “cuando la política se torna enteramente consensual deja de existir como diferencia. La irrelevancia de la política bloquea cualquier otra forma de política y produce una crisis de representación”
*Raúl Zibechi - Periodista uruguayo, analista internacional
