Somos bolivarianos. No necesitamos blandir el parche para demostrarlo. Somos también defensores acérrimos de la política social y de la clara línea antiimperialista que desde diciembre de 1998 -en que triunfó en los comicios frente a toda la derecha reaccionaria- viene aplicando en Venezuela el comandante Hugo Chávez Frías. Más aún, integramos desde su fundación el Congreso Bolivariano de los Pueblos, una instancia organizativa a nivel continental que busca no sólo unir los esfuerzos y las luchas de la Patria Grande sino también construir otra forma de hacer política: pegada al pueblo pobre, con la ética de los revolucionarios, con la pasión de los que aún creemos en las ideas liberadoras.

Precisamente por todo eso que somos y sentimos, no podemos más que manifestarnos turbados y molestos por el extraño silencio que la dirigencia de nuestra querida Revolución Bolivariana, sigue manteniendo frente a una verdad que todo el mundo ya conoce: el 13 de diciembre de este año un dirigente revolucionario colombiano, Rodrigo Granda (o "Ricardo González", como lo conocieron dirigentes partidarios, ministros y hasta jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe con los que se entrevistaba con frecuencia) fue secuestrado en pleno centro de Caracas, por un comando de policías y militares colombianos con la colaboración de personal de seguridad venezolano. Ni más ni menos.

Como en las tenebrosas épocas del Plan Cóndor que tanta sangre repartió por el continente, un grupo "especial" de seguridad colombiano enviado por el fascista Uribe Vélez y con el adivinable apoyo de la CIA, actuó como lo suele hacer el Mossad israelí un día sí y otro también en el Medio Oriente. Atravesó una frontera, secuestró a un ciudadano, lo introdujo en el baúl de un coche y lo trasladó por territorio soberano venezolano durante más de 14 horas hasta la población colombiana de Cúcuta, donde se hicieron cargo de él los milicos de ese país. Sin embargo, ningún funcionario -alto, medio o bajo de nuestra Revolución precursora- ha abierto la boca para intentar aclarar este deplorable asunto. No han dicho una palabra sobre el ultraje violatorio a la soberanía, no han musitado una queja ante la intervención de los mismos que en su momento ampararon a los paramilitares que cruzaron desde Bogotá y Medellín para intentar asesinar a Hugo Chávez. Parece cosa de locos, pero ya han pasado, repetimos, 17 largos días, y todos miran para otro lado.

Peor aún, se sabe y así lo ha publicado la prensa colombiana (diario El Tiempo), que en esos días, cuatro policías colombianos de fuerzas de elite, acompañados de tres oficiales del ejército venezolano fueron detenidos en el Estado de Aragua, y dejados -insólitamente- en libertad por orden oficial venezolana. La excusa presentada por el grupo mixto es que se hallaban persiguiendo a un "conocido narcotraficante". Algo, que no le creería ni un párvulo. Pero incluso, si fuera esto cierto, demuestra que en aras de perseguir personas (sean guerrilleros, narcos o ladrones de gallinas) otra vez no existen fronteras. Como con el siniestro Plan Cóndor.

Casi tres semanas de silencio. Creíamos que este escenario no lo íbamos a ver más. O por lo menos no lo presentíamos en el marco de una Venezuela agitada de abajo hacia arriba por vientos revolucionarios. En Quito, no nos extraña: el traidor de Lucio Gutiérrez entregó a Simón Trinidad al alto mando colombiano y ahora se lo llevan los gringos para juzgarlo a su manera. En Bolivia: que le pregunten al dirigente campesino colombiano Pacho Cortéz, que se ha pasado en la cárcel varios años acusado de “guerrillero”. En Argentina: la inteligencia chilena marcó a dedo al ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza y ahora espera, en la cárcel, que no le extraditen como pide el gobierno de Lagos.

En cualquier sitio de Latinoamérica todo es posible a nivel de inseguridad para los revolucionarios, pero no nos imaginábamos que en esa Venezuela a la que queremos, admiramos y defendemos, iba a ocurrir algo semejante. Por suerte, las voces de los bolivarianos de abajo ya se están haciendo escuchar a través de comunicados y mensajes inequívocos. También, la solidaridad internacional comienza a moverse y múltiples pronunciamientos están llegando a Caracas tratando de horadar -fraternalmente- tan inexplicable falta de información oficial. Algunos de ellos son de indiscutible peso y larga militancia en apoyo a la Revolución Bolivariana, como Heinz Dieterich, James Petras, Miguel Urbano Rodriguez, Alexis Ponce y Hernando Calvo Ospina, además del primer alerta denunciando el caso, expresado por el excelente periodista y director del semanario colombiano "Voz", Carlos Lozano Guillén.

Como bien dice el vocero de la Asociación de Derechos Humanos de Ecuador, Alexis Ponce, cada día que pase y no se diga nada va a ser peor.

Podemos imaginarnos mil cosas: presiones, investigaciones, dificultades y sobre todo, la preocupación sobre una frontera muy caliente -la que separa a Colombia de Venezuela-, podemos disculpar errores y mucho más, pero cuando se pone en juego la libertad de un dirigente revolucionario -en este caso todos podrán imaginar lo que valen la vida y los derechos humanos de un rebelde en el territorio colombiano- no hay más que exigir celeridad, para que se aclare este dramático hecho. Se trata, de una medida de autodefensa de la propia Revolución, que tiene miles de enemigos, y también se trata de una respuesta esperada para quienes en el mundo levantamos su estandarte de pelea frente al imperialismo que ya ha intentado derrocar y asesinar a Hugo Chávez y no dudó un instante en volar por los aires al heroico fiscal Danilo Anderson.

Ante un hecho como el que tiene por infortunado protagonista al dirigente de las FARC Ricardo González, no hay dos discursos ni dos caminos. Como bolivarianos reivindicamos el derecho de autodeterminación de los pueblos y respetamos las distintas vías de lucha que estos y las circunstancias imponen, algo que el Comandante Chávez ha explicado con toda claridad en muchísimas oportunidades y algunos parecen no querer enterarse o pretenden ser más papistas que el Papa.

En estas difíciles circunstancias se impone la ética y la verdad revolucionaria, por más dolorosa que sea. Si esto no se diera así, va a ser muy difícil que nos convenzan que lo ocurrido no es parte de una nueva estrategia intervencionista del imperialismo que decimos combatir. Con un agravante no deseado, que convertimos en urgente pregunta: ¿Alguien, lo suficientemente autorizado para hacerlo, ocupando tal o cual cargo del actual gobierno bolivariano, inclinó el pulgar hacia abajo y sacrificó la suerte de otro bolivariano?

Ni Bolívar, ni Zamora, ni todos los caídos por la "Revolución bonita" podrían justificar tal actitud.