Es infinito el desprecio de Alvaro Uribe Velez por la República Bolivariana de Venezuela, por su Estado, su pueblo y su Presidente Hugo Chavez Frías. Los comunicados emitidos por la Casa de Nariño, leídos por un personaje subalterno, como respuesta a las decisiones del Presidente Chavez de enviar una protesta diplomática, ordenar el regreso del Embajador en Bogotá, suspender todo tipo de convenio comercial y exigir disculpas publicas al gobierno de Colombia por la violación de nuestra soberanía nacional, al ejecutarse el plagio de Rodrigo Granda por policías colombianos en la ciudad de Caracas, acudiendo al soborno de funcionarios de nuestro Estado, recogen todo el odio y el encono de la clase gobernante neogranadina contra las profundas transformaciones promovidas por la revolución bolivariana.
Ahora resulta que somos nosotros los que estamos violando la soberanía del vecino. Cuando somos la víctima de una prolongada guerra civil que Uribe Velez se niega a reconocer, exacerbándola hasta limites inpensados, con las consecuencias que ello trae y estamos viendo en este grave incidente el cual pone en peligro las relaciones de amistad construidos en el ultimo tiempo entre las dos naciones hermanas.
Según Bogotá no se violo la soberanía bolivariana porque ningún funcionario estatal suyo participo en el plagio y las recompensas pagadas son legitimas.
Sin embargo, por las informaciones que he conocido, un comando de policías colombianos intervino directamente en el secuestro, tal como lo afirma Luis Tascon en las investigaciones realizadas.
Desde el momento en que Rodrigo Granda inicia su entrevista en la cafetería Razetti, con el periodista Omar Roberto Rodríguez, un Capitán de la policía colombiana se encuentra en el mismo lugar atento a todos los movimientos de la victima. En las afueras hay un grupo de miembros de la PTJ, a la espera de las indicaciones correspondientes para proceder al plagio. Una vez el oficial les señala la persona, cuatro individuos proceden al operativo y lo someten arrojándolo violentamente al suelo. Es trasladado a una camioneta, donde viaja el Capitán colombiano. Previamente este había entregado 800 millones de pesos colombianos a los encargados de la acción criminal, de los 5000 millones de bolivares desembolsados para este cometido.
El capitán esta bajo las ordenes del Coronel, también colombiano, LUIS EDUARDO MARTINEZ, quien ha coordinado toda la acción con CARLOS ARTURO CRUZ CURTIDOR, el oficial detenido con otros tres colegas en Maracay, en momentos en que supuestamente desarrollaban una operación antinarcoticos para capturar a WILMER VARELA, "alias Jabón", estrecho amigo de BERNARDO MORENO VILLEGAS, el Secretario Privado de Uribe Velez.
El Capitán P.N. - iniciales de su nombre y apellido -, es el encargado de trasladar a Rodrigo Granda hasta la ciudad de San Antonio. Es en este trayecto donde se presenta una circunstancia crucial para determinar la responsabilidad del gobierno colombiano en este escandaloso evento de vulneración de nuestra soberanía. Es la prueba reina del secuestro de Granda.
Ocurre que el vehículo en el que se trasladaban presenta una falla mecánica, lo que produjo la suspensión de la marcha. En ese momento, el Capitán P.N., al mando del plagio, se bajo del automotor y marcando su celular se comunico con Bogotá, para pedir instrucciones sobre lo que debia hacer, al alto funcionario que coordinaba el operativo en el gobierno y en permanente contacto con Uribe Velez. Fueron 35 segundos de la llamada en la que el superior jerárquico ordeno proseguir la acción delictiva.
El teléfono móvil utilizado en esta importante llamada fue comprado con una cedula clonada y es el aparato que se utiliza de manera permanente por el capitán colombiano para comunicarse con los miembros de la PTJ y los demás militares involucrados en el ilícito. Basta con revisar los teléfonos de los funcionarios venezolanos comprometidos en este acto irregular para identificar el numero del celular a que hacemos mención.
En estos momentos este oficial hace ingentes esfuerzos en Bogotá para hacer desaparecer la llamada a sus superiores y anular de tal manera una de las más importantes pruebas de la violación de nuestra soberanía nacional por funcionarios del gobierno de Uribe Velez, empeñado en negar el secuestro con actos arrogantes.
