En su empeño por clamar la existencia de presos políticos en Venezuela, diversos sectores de la oposición al gobierno bolivariano y revolucionario se han dedicado a seleccionar penados comunes y corrientes, es decir, delincuentes sometidos a procesos penales ordinarios.
Una vez escogido el candidato éste es convertido en un mártir defensor de la democracia, la propiedad privada y la libertad de expresión del pensamiento, delitos que de inmediato son denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la Unión Europea y así no haya lugar, al Tribunal de la Haya.
Buena parte de los presuntos mártires de la oposición son procesados provenientes de los cuerpos policiales, acusados en muchos casos de tener alguna responsabilidad en sucesos tales como la masacre de Puente Llaguno, donde dirigieron, encubrieron o facilitaron la actuación y posterior fuga de francotiradores importados para producir
las víctimas civiles que justificarían el derrocamiento del gobierno constitucional.
Otros especímenes de la “resistencia” son presos por delitos contra la cosa pública. Ex funcionarios de diversos niveles, alcaldes, administradores y cobradores de comisiones, investigados por la Contraloría y pasados a la Fiscalía del Ministerio Público para su procesamiento. De paso, no todos son militantes de la oposición
propiamente dicha; algunos provienen de las filas revolucionarias y son tan presos y, por ende, tan maltratados por el Poder Judicial, como cualquier otro a quien le toque vivir el calvario de esperar una sentencia que se tarda más que la pena máxima para el delito de marras.
Aunque se trata de una mentira descarada, la cosa se ha hecho costumbre y hasta los más encumbrados juristas nos acusan de tener presos políticos, sin el menor rubor de sus almas reaccionarias.
Sin embargo hasta el hampa tiene sus códigos y, por ejemplo, un asesino no puede ser comparado con un ladrón de carteras o con un peculador, así sea un ex alcalde con fincas y mansiones en Miami. Desde luego no soy juez ni pretendo calificar al ojo por ciento la posible culpabilidad del acusado de homicidio a quien la oposición
decidió premiar con una candidatura a la Asamblea Nacional para lograr su libertad y rebajar el debate político al nivel de una pelea con chuzos.
Cada quien hace de su camisa un sayo y así ocurrió con ‘alias Mazuco’, para llamarlo como se estila entre políticos colombianos.
Lo que parece un tris exagerado es que, no conformes con ello, lo hayan postulado para la vicepresidencia de la Asamblea Nacional.
Realmente se pasaron de mazuquistas. augusther@cantv.net
