El 27 y 28 de febrero de aquel año tuvo lugar un estallido, masivo y sorpresivo de violencia popular que la derecha intento e intenta desprestigiar, catalogándolo como un simple movimiento de desadaptados, delincuentes comunes o lumpen de barriadas que se dedicaron a saquear pequeños negocios o comercios para llevarse unos cuantos electrodomésticos para sus casas. El “caracazo” fue mucho mas que eso. Veamos. 

Entrada la década de los años noventa del siglo XX el Consenso de Washington se había hecho dominante en el planeta; el keynesianismo no tenia respuesta en la política económica a la estanflación capitalista y, las amenazas de una crisis financiera mundial, por niveles crecientes de endeudamiento de países subdesarrollados, obligaba al Fondo Monetario Internacional a emplearse a fondo para evitarla. La política neoliberal o monetarista consensualizada por los países desarrollados, el Banco Mundial y el FMI, se sustentaba en tres elementos básicos a imponer a los países subdesarrollados y altamente endeudados: La apertura del mercado externo, la reducción del papel del Estado y la política de estabilización o equilibrios macroeconómicos. 

El 16 de febrero de 1989 el Presidente Carlos A Pérez (+) anunció al país una política económica en acuerdo con el FMI. Era la primera vez que un gobierno firmaba la aplicación de un programa de ajuste con supervisión de aquel organismo. Los bajos niveles de reservas internacionales y precios del petróleo entorno los 13 US$ fueron las causas que explicaban recurrir al fondo en el supuesto interesado que no existía otra alternativa al recetario fondomonetarista que se paseaba por el mundo como la nueva ortodoxia económica. 

Aquella política de ajuste macroeconómico fue conocida como “el paquetazo” dada la naturaleza recesiva y de acrecentamiento de la desigualdad social que supondría para las grandes mayorías venezolanas.  
 
 

Los equilibrios fiscales, cambiarios y monetarios propuestos, sumados a la desregulación laboral, la liberalización del comercio con eliminación progresiva de barreras arancelarias y la adopción del plan Brady para el manejo de la deuda externa a favor de la banca internacional acreedora, eran una vulgar fotocopia del recetario del FMI impuesta a un gobierno cuyos ministros del área económica se convirtieron en especie de sacerdotes de este nuevo altar en el que sacrificaban a un pueblo. 

La tragedia para los venezolanos fue tener unos gobernantes que nos sometieron al experimento de aquella política económica neoliberal sobre la base no rigurosa de “la única salida” y “la fe” ciega en la ortodoxia del mercado que volvía por sus fueros para triturar lo social y a su representante colectivo, el Estado. 

Tal era el grado de dependencia y de subordinación al FMI y al Tesoro Americano del  Presidente Pérez y de sus dos Ministros de la economía que al ser solicitado por el Congreso de la República el acuerdo firmado con el FMI, con retardo deliberado enviaron una versión en ingles; lo que originó que la Cámara de Diputados en pleno regresará el texto, exigiéndolo en el idioma español. 

Al pueblo insurgente de febrero de 1989 se le dio una respuesta sangrienta. Aquellos gobernantes sorprendidos por la explosión popular solo se les ocurrió recurrir a las armas de la República para contener aquella deslegitimación del neoliberalismo que un pueblo valiente sin saberlo protagonizaba. ¿Porque tanto sufrimiento?, ¿Porque tantos muertos? ¿Porque tantas familias destruidas? ¿Porque tantos huérfanos? Son las preguntas sin respuestas tan o mas importantes que aquellas que se interrogaban sobre las perdidas materiales en comercios, abastos o edificaciones varias. 

La responsabilidad de los miembros del gabinete económico de 1989, algunos de los cuales todavía tienen la desvergüenza de pontificar desde los Estados Unidos contra la historia que se escribe ahora, no ha sido, veintidós años después, calificada en el campo de la ciencia económica venezolana. 

Fueron ellos los encargados de convertir a nuestro país y a nuestro pueblo en especie de “conejillos de india” para experimentar su nueva ideología neoliberal. No exagero al afirmar que nuestro pueblo fue convertido en un gran laboratorio humano para “ensayar” la aplicación de los llamados “equilibrios macroeconómicos” aun a costa de consecuencias empobrecedoras explicadas en el crecimiento de la desigualdad y la inequidad social. 

El llamado “paquete económico” prescribió a una misma vez la elevación y creación de nuevos impuestos (IVA); incrementos de las tarifas de servicios como el agua, teléfonos y gas; incremento de 30% en el transporte urbano los primeros tres meses, luego de los cuales iría al 100%; incremento del precio de la gasolina por tres años seguidos, el primero de los cuales seria de 100%; liberación de precios de los bienes de consumo masivo, exceptuando 18 de la cesta básica; reducción de los subsidios a la industria de alimentos; devaluación en “libre” flotación de la divisa; liberalización de las tasas de interés activas y pasivas por encima de la tasa inflacionaria; reducción progresiva de los aranceles; apertura petrolera en subordinación al capital privado; adopción del Plan Brady para canjear nuestra deuda con los bancos internacionales por miles de tenedores de nuestros títulos.   

El experimento de corte neoliberal impuesto por el FMI y presentado como la panacea por el gobierno de la época fue rechazado aquel 27 y 28 de febrero. En rigor histórico se realizaba el primer combate contra el FMI en tierra latinoamericana y se lograba parcialmente detener la aplicación de su recetario recesivo y empobrecedor. 

Este acontecimiento cuyo único protagonista fue un pueblo enardecido y sin vanguardia que le guiara es ruptura de tiempos y aperturas de otros, es la convicción de que nació la imposibilidad de volver a ser sometidos a experimentación por una ortodoxia económica y la certeza de que el presente bolivariano llegó impulsado con vientos de aquel estremecimiento de conciencias vivida hace veintidós años.