No es verdad que ese proyecto de ley favorezca a las dos partes (inquilinos y propietarios) no; solo favorece a una de las partes, la de los inquilinos y NO A LA MAYORIA de ELLOS, si no a una pequeña porción de ese universo, aquella que por determinadas circunstancias no puede pagar el canon de arrendamiento de la vivienda que habita.

Es injusta porque:

1. De forma inconstitucional declara de “utilidad pública” el acto de alquilar un inmueble, lo que deja sin efecto real el derecho a la propiedad individual contemplado en la Constitución Nacional.
2. Criminaliza el acto de arrendar una propiedad, hasta el punto que todas las altísimas multas establecidas en esa Ley y sus clausulas penales, solo van contra los propietarios-arrendadores.
3. Establece unos lapsos de “mora permitida”  de 4 meses y que se alargarían, quien sabe hasta cuando, durante el periodo de “conciliación”,  mas el momento de ir a juicio,  porque el Juez  “está obligado”  a  “conciliar de nuevo”  al comenzar el juicio”, Luego, concluido el juicio, el gobierno “asignará un refugio” (no se establece en que tiempo) al inquilino. Y mientras todo eso sucede, ¡nadie se responsabiliza de los alquileres caídos!

Es peligrosa

1. Porque la mayoría de los inquilinos ya están siendo impelidos a abandonar la vivienda que ocupan así estén al día con sus obligaciones, porque nadie en su sano juicio va seguir alquilando su propiedad bajo las condiciones de una ley que no le favorece en nada y lo trata como a un delincuente, sin que nadie le garantice sus derechos. La Ley, aun sin haber sido aprobada,  esta  conduciendo a situaciones de violencia y amenazas, en una especie del “Ley del Revólver” donde el inquilino “se sale porque se sale”.
2. Pone en riesgo la estabilidad del gobierno revolucionario porque la ley afecta y perjudica a todas las partes involucradas en el acto de alquiler, al grueso de los inquilinos y propietarios, para favorecer solo a una minúscula cantidad de inquilinos que no pueden, en determinadas circunstancias, cumplir con su obligación arrendataria,
3. La Ley esta creando un malestar y rechazo innecesario al gobierno revolucionario en un momento crucial de su supervivencia y permanencia en el poder, porque vuelve a traer al escenario electoral el espíritu de la derrota de “La Reforma” y la carga mediática que hizo posible el primer fracaso electoral importante del gobierno revolucionario.

Es Innecesaria:

1. Porque: Si “La Gran Misión Vivienda Venezuela” tiene como meta dotar de una vivienda digna a TODAS las familias venezolanas, ¿Para que enrarecer la atmosfera política con una Ley de Inquilinato engorrosa y punitiva?

2. Si el problema se reduce a un pequeño grupo de inquilinos que no pueden cancelar sus obligaciones.  Por qué no evitarse todos los espinosos procedimientos burocráticos y de una vez encara ese problema de una manera revolucionaria y socialista sin perjudicar a nadie estableciendo el siguiente procedimiento:

· Que el gobierno nacional determine la condición socio- económica de quien no puede pagar su alquiler.

· Al verificar la insolvencia del inquilino, el gobierno le asigne como “refugio provisional” la vivienda que ocupa y pague el canon de arrendamiento al propietario hasta que cese la “condición de refugio” de la familia que vive en alquiler.

· El inquilino estará en “condición de refugio” hasta tanto el Gobierno Nacional, cumpliendo con el mandato constitucional, dote de una vivienda “digna y propia” a la familia refugiada dándoles prioridad en la “Gran Misión Vivienda Venezuela”.

· Si Ya existe un ente regulador de los alquileres, si ya fue aprobado el decreto-ley que impide el desalojo forzoso ¿que necesidad hay de crear una Ley odiosa y punitiva?

Como diría José Vicente. Una reflexión al cierre: En momentos que en Cuba se da apertura al acto inmobiliario particular para modernizar y dinamizar la economía, ¿Debemos en Venezuela transitar el camino que Cuba empieza a rectificar?

Si la responsabilidad de dotar de una vivienda digna es una responsabilidad del estado ¿Porqué arremeter contra quienes han contribuido a paliar el déficit de viviendas?

 Así como se subsidia a la educación privada “porque esta haciendo el trabajo” que es responsabilidad del estado venezolano, lejos de penalizar, acosar y criminalizar a quien arrienda su propiedad para que viva bajo un techo digno una familia venezolana, el gobierno nacional debería subsidiar de alguna manera a esos dignos propietarios.

No me refiero a los” latifundistas urbanos”, extraño espécimen casi exclusivo de la realidad caraqueña, que ha “inspirado” esta Nueva Ley De Inquilinato. Legíslese contra ese latifundista urbano, sin criminalizar al resto de los propietarios