Las políticas neoliberales del FMI, en particular, las establecidas desde los años 70 del siglo XX, pero impuestas con mayor fuerza a partir del llamado “Consenso” de Washington, en 1994 (consecuencia directa del cambio en la correlación de fuerzas mundial ocasionado por la desaparición de la Unión Soviética y del llamado campo socialista de Europa oriental en 1991), se han orientado a intensificar la dependencia, el saqueo de los recursos naturales y la super-explotación de los trabajadores de los países subdesarrollados. Por tanto, a asegurar crecientes super-ganancias a los monopolios.
Las políticas de ajuste fiscal del FMI, son enmascaradas en la supuesta asesoría y ayuda financiera a los gobiernos de los países en crisis, que son ocasionadas recurrentemente por el pago de la deuda externa, la corrupción administrativa de las oligarquías gobernantes, y por las decisiones orientadas a satisfacer las necesidades de ganancia de los países centrales en detrimento de las economías nacionales. Con esto crece el desempleo, la pobreza, la miseria, la descomposición social, la delincuencia, la violencia y la muerte.
Estas “ayudas”, son
en realidad préstamos muy costosos, hechos a intereses elevadísimos
(impagables) y condicionantes de sus políticas económicas y sociales.
De esta manera, la deuda “eterna”, es cada día mayor. Llevando
a los países por el camino del despeñadero económico y social en
una ruta circular, buscan asegurar el pago inmediato de la deuda externa,
haciéndola en realidad cada vez mayor. Así, han disminuido notablemente
la soberanía nacional de la mayoría de los países del mundo. Contribuyen
a crear las condiciones políticas y económicas favorables a liquidar
los Estados Nación. El objetivo es establecer un gobierno mundial
imperialista con preponderancia de la cultura y del complejo financiero-militar-industrial-académico
de los Estados Unidos.
Estas políticas se concretan en las siguientes medidas:
Disminución del gasto social de los Estados, en detrimento de las políticas de atención a las necesidades de la población: servicios de salud, políticas habitacionales, subsidios a los más pobres y desamparados; suspensión de los subsidios al precio de los servicios públicos: acueducto, energía, teléfono, alimentación, transporte, etc., con lo cual los más pobres son más afectados de manera drástica.
Abandono del Estado de su obligación de regular la economía para beneficio social. Libre comercio y predominio total del mercado (controlado por los monopolios) como regulador de la sociedad. Liberación de precios: encarecimiento de todos los productos y disminución de la capacidad adquisitiva de la población. Los salarios alcanzan para comprar menos bienes y servicios. Es un robo directo a los pueblos por vía del aumento de los precios sin límite alguno. Es la especulación legalizada.
En el caso del precio de los créditos bancarios, las elevadísimas tasas de interés se vuelven impagables, al vincularlas al aumento de la inflación o al llamado índice de precios al consumidor, y al establecer intereses sobre intereses. Los créditos se convierten en instrumento de expropiación de viviendas, tierras y empresas, que son hipotecadas como garantía de pago. Es un medio de concentración de la propiedad y la riqueza social.
Imposición de las llamadas aperturas económicas y Tratados de Libre Comercio (TLC), que han significado liquidar las políticas proteccionistas a la agricultura, la industria y el trabajo nacional de los países dependientes. Con la disminución o desaparición de los aranceles para la importación de productos de los países industrializados, que son producidos con una mayor tecnología y productividad del trabajo, se destruye la agricultura y la industria de los países dependientes por su incapacidad de competir en precios y calidad. Las empresas o unidades productivas agrícolas, industriales o de servicios, no monopolizadas, han sido liquidadas, y las que sobreviven han tenido que asociarse de manera subordinada a los monopolios extranjeros. Es la desnacionalización de las empresas (es decir que muchas empresas pasan a ser propiedad mayoritaria de los monopolios extranjeros).
Como resultado, se produce un desempleo creciente, mientras en los países exportadores, en general, se crean nuevos empleos. Esto último se ve afectado de manera contradictoria, por la tendencia a trasladar industrias completas a los países donde el costo de la mano de obra y las materias primas son menores, como han sido los casos de China y Méjico. La soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos es estrangulada.
Subordinación de las Constituciones y Leyes de los países víctimas, a los mandatos de organismos supranacionales como la OMC. Destrucción progresiva de los Estados-Nación.
Privatización de las empresas públicas y de muchos servicios del Estado: bancos, empresas petroleras, energéticas y mineras; de comunicación; puertos, aeropuertos y empresas navieras y de aviación; servicios de salud, hospitales, centros de salud e instituciones educativas; acueductos, yacimientos de agua, páramos, bosques, biodiversidad, etc. El patrimonio de los pueblos, forjado durante siglos, es apropiado por los monopolios privados imperialistas. Encarecimiento de todos los servicios.
Estas privatizaciones se llevan a cabo con métodos fraudulentos, colocando en remate las empresas y vendiéndolas muy por debajo de su valor real, en ocasiones llegando a venderlas hasta por menos de la tercera parte de su valor comercial. Es el caso concreto de Colombia, para lo cual se puede consultar la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE), Blanco y Negro de las Privatizaciones, publicada en el año 2001. El soborno con decenas y cientos de millones de dólares a los funcionarios públicos encargados de vender el patrimonio público, ha sido y es práctica general.
Por medio de la privatización de la educación y del control de las universidades por las corporaciones imperialistas, junto al control de los medios de comunicación: televisión, cine, radio y prensa, se controlan las emociones, la formación de la opinión pública y del pensamiento social; la formación y capacitación de técnicos y profesionales, para hacerlos funcionales a sus intereses.
Supresión de todo tipo de controles y restricciones a la inversión extranjera. Seguridad jurídica a su propiedad y a sus ganancias estimadas y reales. Posibilidad de su “repatriación” total, mediante el giro de utilidades al exterior sin tener que invertir nada en los países de origen de las mismas.
Disminución de los salarios reales y desregulación de las relaciones laborales. Es decir, arrebatar la estabilidad y las conquistas laborales y derechos de los trabajadores, logrados por grandes luchas a lo largo del siglo XX, para disminuir los sueldos y salarios en beneficio del gran capital imperialista.
Entre los métodos utilizados por el imperialismo a través del FMI y del Banco Mundial para asegurar la implantación de sus políticas en el mundo, están la guerra y los golpes de Estado; la represión, la violencia, el terrorismo de Estado, la criminalización de la lucha social, los desplazamientos forzados, el exterminio físico de la oposición política y de los políticos revolucionarios y nacionalistas; la designación en altos cargos de estos organismos, -llamados multilaterales-, a los Expresidentes y exministros de Hacienda, Finanzas o Economía, de los países dependientes. Es decir, es parte del pago del soborno con el cual han vendido la soberanía nacional y han entregado el patrimonio de los pueblos al control de los monopolios imperialistas.
Todo esto es la verdadera esencia de las políticas públicas, que la oligarquía venezolana y los monopolios imperialistas, representados por la candidatura de Capriles Radonsky, aplicarían en Venezuela en el negado caso de que ganaran las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. El bravo pueblo de Venezuela, bajo la conducción de su Comandante Presidente Hugo Chávez, sabrá impedirlo, para asegurar la continuidad de la revolución bolivariana y su profundización en dirección socialista.
Para que las políticas públicas, concebidas y ejecutadas con visión bolivariana, que han permitido, -aún con algunos errores y deformaciones que es necesario superar-, recuperar para el desarrollo nacional los recursos naturales y en primer lugar el petróleo y el gas; y las Misiones Sociales en salud, alimentación, educación, vivienda, producción agrícola e industrial, etc., etc., beneficien cada vez más al pueblo venezolano y propicien su desarrollo integral y su felicidad; para que se fortalezcan la capacidad productiva, la independencia y la soberanía de Venezuela.
Y para que los países de América Latina y El Caribe, avancen cada día más en su integración, sobre bases de igualdad, equidad, complementariedad y solidaridad.
(*)Economista
Investigador
rafaenciso2055@yahoo.es
