Hace poco más de seis meses, la Unión Latinoamericana de Psicología (ULAPSI), entidad que agrupa a un gran número de asociaciones de psicología de todos los países de Latinoamérica, reconoció formalmente la existencia del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), cuyas primeras descripciones científicas se efectuaron en la década de los ochenta del siglo pasado y sobre el que ya existe una abundante literatura científica, académica y jurídica, así como experiencia en su manejo médico y jurídico, en EEUU, Canadá, Europa y buena parte de los países iberoamericanos. Venezuela, si bien está lejos de liderar en relación al conocimiento científico y jurídico de este síndrome, ha tenido experiencias en la ocurrencia del mismo y avanza en su difícil manejo.
El SAP es un grave trastorno de conducta que afecta a los niños de hogares con conflictos importantes de pareja, al transformarse en víctimas de una perversa manipulación psicológica y emocional por parte de uno de sus padres, en contra de su otro progenitor, con el propósito de socavar la relación afectiva de éste con el niño. Los menores son prácticamente enseñados y entrenados, la mayoría de las veces desde muy pequeños, por uno de sus padres a odiar y temer al otro padre, aprovechándose para ello de la estructura mental aún inmadura del niño, quien no es capaz de discernir como los adultos las diferencias existentes entre la realidad y las cosas imaginadas o colocadas maliciosamente en su imaginación.
A través de esta acción claramente delictiva de uno de los progenitores, se logra que el niño alienado acuse a su otro progenitor de los hechos más aberrantes, según sea la gravedad de la perversión del padre alienador. En muchas ocasiones, el objetivo principal es quitarle al progenitor víctima sus derechos paternales o maternales, según sea el caso. Se trata de arrebatarle al hijo, impedir que lo vea, que se le acerque, que pueda compartir la guarda y custodia y, al final, que pierda incluso el ejercicio de la patria potestad. En otras ocasiones, la motivación del progenitor alienador va mucho más allá, pues en su situación enfermiza desea causar los mayores daños posibles a su ex pareja, exponiéndolo al desprecio público e incluso instrumentando mecanismos judiciales para la aplicación de sanciones penales totalmente injustas.
El síndrome lo causa generalmente el progenitor que tiene la guarda y custodia del niño y que pasa con él la mayor parte del tiempo. Esto hace que más frecuentemente sean las madres las que se transforman en alienadoras de sus propios hijos. Sin embargo, en países donde la custodia se comparte entre ambos padres o en los casos en que el menor tiene edad para que la custodia no sea obligatoriamente materna, la frecuencia de progenitores alienadores es similar entre padres y madres. El reconocimiento del síndrome significa la realización de exámenes especializados tanto al niño como a sus progenitores, pues todos se encuentran afectados. Obsérvese que existe un niño alienado, inocente pero activo en su conducta contra uno de sus padres; un progenitor victimario alienante, verdadero responsable de la tragedia, y un progenitor víctima, separado de su hijo y sobre quien recaen inicuas acusaciones.
Las rutinarias evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se hacen en el sistema de justicia venezolano generalmente no pasan de un saludo a la bandera y de descubrir el “agua tibia”, ya que no son efectuadas por profesionales especializados en este tipo de patología. Usualmente se pueden predecir los resultados de estos llamados “peritajes”, que siempre encontrarán ansiedad en los examinados, la cual será atribuida de inmediato a la situación conflictiva existente. En el caso de los exámenes psiquiátricos, habría que profundizar en la búsqueda de patologías (paranoia) que expliquen la conducta del progenitor alienante, la cual muchas veces es claramente anormal incluso para el observador común, que encuentra en las denuncias y en el comportamiento que despliega elementos extraños e inexplicables que le llaman la atención.
Es un hecho común que los trabajadores administrativos o de vigilancia de los tribunales, luego de pocos contactos con los progenitores alienadores, se percatan que éstos no están en su sano juicio y los califiquen popularmente de “locos”. Sin embargo, los fiscales y muchos jueces, para evitar confrontaciones desagradables con estos agresivos personajes, terminan por acceder a muchas de sus malignas demandas sin considerar los derechos de los progenitores acusados, que son víctimas de estas decisiones negligentes y cobardes. Este convencimiento del común de la gente en relación con los progenitores alienadores se da a pesar de que éstos se presentan como defensores de sus hijos, los cuales son en realidad sus primeras víctimas. Lejos de protegerlos los utilizan en función de sentimientos bastardos.
“Dale lo que quiere y así te lo quitas de encima” parece ser la máxima de algunos funcionarios del sistema de justicia, que no han entendido la importancia de su verdadero papel. Se olvidan, además, del niño, principal víctima de la alienación que le ha generado uno de sus padres y que lleva por dentro en forma permanente ese sufrimiento y ese tormento, además de ser utilizado en una forma infame por el progenitor alienador. Otro aspecto que debe denunciarse es el uso retorcido que hacen de estas tragedias los medios de comunicación amarillistas, que cuentan el caso en la forma prejuiciada que piensan les genera mayor audiencia y lo repiten y repiten en distintos horarios, sacándoles el máximo provecho comercial y dañando adicionalmente la reputación del menor alienado. Sobre ellos deberían actuar los organismos competentes.
Uno de los problemas que tiene el tratamiento legal y médico de este tipo de casos radica en la impunidad existente en el país. El progenitor alienador no es sancionado una vez demostrada su pérfida conducta, lo que lo lleva a repetirla e induce a otros a imitarlo. Otro tanto ocurre con pseudoperiodistas (delincuentes realmente) y con personas comunes que en forma irresponsable, sin conocer en absoluto el problema, se atreven a emitir juicios basados en sus prejuicios y miserias. Recientemente pude ver la enésima repetición efectuada por el canal televisivo “i” de un caso que me afecta en lo personal, del cual se pudiera entender su primera aparición en momentos en que el hecho narrado fue “noticia”, pero que no se entiende la insistencia retorcida que sigue haciendo del mismo. La aplicación de las leyes de protección de menores enfrentaría el problema.
La Razón, pp A-2, 22-7-2012, Caracas
