He recibido la información sobre la actividad minera en el Río Negro proporcionada por Antonio J. Fernández del Postgrado Latinoamericano en Manejo de Fauna Silvestre de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora. Asimismo la corroboración del daño ambiental según la información de una persona que conoce la zona y ha investigado en el área como Rafael Herrera (investigador emérito del IVIC).
Ciertamente las imágenes satelitales (Google Earth) confirman que "Son los afluentes venezolanos del Guaína, nombre que tiene el Río Negro antes de la confluencia del Casiquiare, un poco al sur de esa zona".
Herrera denuncia, con su voz autorizada, que se trata de minería ilegal realizada por grupos de la guerrilla y del narcotráfico de Colombia "bajo la mirada interesada de la GN, quienes van a "cobrar cada cierto tiempo su cuota en oro", información que le proporcionaron varias personas que viven en el lugar en marzo de 2004.
Mis apreciaciones y sugerencias son las siguientes:
1_ La crisis de la institucionalidad ambiental en Venezuela, particularmente en el Ministerio del Ambiente desde 1994 hasta nuestros días favorece el resurgimiento de la actividad garimpeira en el sur de Venezuela (Amazonas y Bolívar).
2_ Esta crisis incluye la renuncia de la Guardia Nacional a sus funciones de guardería ambiental y la profundización de la corrupción en este organismo vinculado a la minería, el contrabando y otras actividades ilícitas. La situación fue denunciada insistentemente por las Comisiones de Ambiente del Congreso, incluyendo la Comisión del Senado que me correspondió presidir. En gran parte, los derechos ambientales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son hijos de esas luchas que crearon una opinión pública favorable y un clima parlamentario sensible al tema ecológico, que incluyó también a la Constituyente. Desafortunadamente, existe un abismo entre la institucionalidad ambiental y los derechos ambientales constitucionales.
3_ La representación de Diputados indígenas en la Asamblea Nacional y en algunas regiones y localidades en la cual se habían cifrado grandes esperanzas, ha resultado un verdadero fraude. Deberían ser ellos los abanderados de esta denuncia que dañan el ambiente y los territorios donde habitan, pero hemos observado que incluso algunos son partidarios de la minería, traicionando completamente a sus pueblos, al país y los derechos de las futuras generaciones (el ejemplo mas patético es el apoyo a la actividad de explotación carbonífera de algunos dirigentes indígenas Wayúu, auténtico caso de MALINCHISMO). Otra prueba de lo que decimos es la transformación del Proyecto de Ley de Comunidades, Pueblos y Culturas Indígenas que elaboré en el Congreso con una importante participación desde 1987,1988, hasta el 98, que alimentó el capítulo sobre los derechos indígenas de la Constitución de 1999; hoy, sin embargo, la versión actual denominada Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, aunque recoge el proyecto original, lo deforma, lo convierte en un mamotreto, retrocede con respecto a la Constitución y abre las compuertas a la minería en las propias tierras, hábitat, y territorios indígenas, así como también en los parques nacionales y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Esta observación no es solo válida para el texto que logramos paralizar un grupo de personas en octubre del 2004, a través de una comunicación a la Asamblea Nacional que fue tomada en cuenta, sino también en la reactivación de la discusión del día 28 de Julio de 2005 cuando los Diputados(as) Nohelí Pocaterra, Guillermo Guevara, José Luís González y José Poyo, promovieron la aprobación de varios artículos que abre las compuertas a la actividad minera y petrolera en la tierras y hábitat indígenas con el argumento de que recibirían un 5% de beneficio.
4_ Una reciente decisión del Gabinete del Presidente Hugo Chávez, que al parecer ordena paralizar la minería en la Cuenca del Caroní, de la cual depende el 70% de la energía hidroeléctrica del país, probablemente abre una nueva esperanza que ojalá sea confirmada por los hechos. De ser así, debe tener todo nuestro respaldo y tomarse las decisiones con el fin evitar que se consuma la depredación carbonífera que en la Sierra de Perijá (Edo. Zulia) encabeza por el General Rafael Martínez Morales (Presidente de Corpozulia), con el apoyo de trasnacionales, grupos locales de poder económico y hasta un dirigente indígena como Arcadio Montiel, miembro del Directorio de Carbozulia. La Sierra de Perijá contiene de una diversidad de ecosistemas frágiles y de ella depende en gran parte los recursos hídricos del estado Zulia, es además hábitat de los pueblos indígenas Yukpa, Barí, Japreria. Precisamente, la nueva estrategia es utilizar a los indígenas para penetrar las áreas naturales protegidas, convirtiéndolos en Garimpeiros. Esta modalidad se empezó a fraguar en el famoso decreto 1850, del año 1997 y ratificada en la actual versión del decreto 3.110 de Septiembre de 2004 que consagra la apertura minera en la Reserva Forestal de Imataca, en la cual se pretende implicar a los propios indígenas, que luego serían desplazados por los grandes intereses estatales y trasnacionales.
5_ Es necesario que se constituyan nuevas organizaciones ambientalistas y se reactiven las ya constituidas, dialogar con las comunidades y pueblos indígenas, solicitar la participación de profesores universitarios, investigadores, parlamentarios, periodistas, dirigentes sociales de todas las tendencias, para conformar un gran movimiento que evite que siga avanzando la depredación ambiental en Amazonas, Bolívar, Zulia, así como los proyectos de corte desarrollistas que contradicen las disposiciones ambientales de la Constitución. Hay que activar redes de defensa ambiental, realizar denuncias, enviar correos a La Presidencia de le República, la Vicepresidencia, la Asamblea Nacional, la Defensoría, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y también los Organismos Internacionales, incluyendo las Embajadas. En materia de defensa ambiental y derechos humanos lo peor es el aislamiento, el silencio, la incomunicación y a veces la complicidad que parece haberse apoderado de algunos luchadores. Por eso quiero saludar las denuncias de Antonio J. González Fernández, Rafael Herrera, Edgar Yerena y Lusbi Portillo y los dirigentes Yukpa y Barí, creo que su ejemplo debe ser imitado para salvar los bienes jurídicos ambientales y el equilibrio ecológico tal como lo establece el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6_ Finalmente hacemos un llamado al Presidente Hugo Chávez, el Ministro de la Defensa, Maniglia y a la Fuerza Armada para que cumplan con su deber constitucional de proteger y defender el territorio-espacio geográfico nacional, hoy en proceso de invasión y destrucción ambiental en el Guainía-Río Negro, antes de la confluencia del Casiquiare. El Gobernador del Estado Amazonas, el indígena Liborio Guaruya, está también en el deber moral y legal de pronunciarse para evitar que avance este ecocidio y violación de la soberanía nacional. Nuevamente levantamos nuestra voz y pedimos SOS por el Amazonas, la Sierra de Perijá y los Pueblos Indígenas.




*Alexander Luzardo (Profesor UCV)
Autor principal del capítulo sobre derechos ambientales
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ex-Senador- Presidente de la Comisión de Ambiente del Senado
Telf: 0414 - 309-20-55 e-mail: alexluzardo@hotmail.com