Yo asimilo el espíritu de las protestas que se iniciaron el 12 de febrero de este año con el 28 de febrero de 1989. En ambos casos la población salió a las calles para exigirle al gobierno un cambio del rumbo económico. La sordera del gobierno de aquel entonces la pagó caro en las urnas en 1993 al derrumbarse el sistema puntofijista implantado en 1959.
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En esta oportunidad, si el gobierno no corrige el rumbo, le pasará exactamente lo mismo. Con un agravante, la misma constitución prevé los mecanismos para un cambio pacífico de sistema. En efecto, si la oposición obtiene la mayoría de diputados en las elecciones que se efectuaran dentro de solo 17 meses podrá, previa recolección de firmas convocar a una constituyente.
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Y todo parece indicar que será así. Los resultados de las recientes elecciones de San Cristóbal y San Diego constituyen una sonora campanada de alerta.
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Son tres problemas básicos los que deben resolver los dirigentes del proceso si quieren evitar su fracaso: La inflación, el desabastecimiento y la inseguridad.
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LA INFLACIÓN
La especulación es la causa principal del actual proceso inflacionario, llevada a cabo, por una parte, por muchos empresarios locales que buscan convertir en divisas extranjeras en el mercado paralelo sus groseras ganancias producto de la especulación: y por la otra, las transnacionales que tienen el inmenso atractivo de repatriar sus “beneficios” a dólar controlado, beneficios que son producto de bárbaras escaladas de precios.
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El gobierno ha utilizado la famosa Ley de Precios Justos como arma fundamental y única para enfrentar la especulación. Sin embargo ella no ha sido suficiente. Bástese ver que la inflación durante el mes de marzo pasado alcanzó ¡4,1%!
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En mi opinión, el fracaso de esa ley se debe a dos factores principales:
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A - Está orientada a controlar los grandes y medianos establecimientos, cuando la inflación la siente el ciudadano en su día a día en los pequeños y minis negocios, cuando, por ejemplo, compra una empanada, que pasó de Bs. 15,00 a Bs. 25,00 en solo un año, o del café grande que saltó de 10,00 Bs a 25,00 y 30,00 Bs. en el mismo período, o compra a un buhonero o a una pequeña tienda una prenda de vestir a tres o cuatro veces el precio al cual el gran fabricante se ve obligado a vender por dicha ley.
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Es en esa cotidianidad que se siente el brutal crecimiento de la inflación. No es precisamente en la nevera o en el aire acondicionado, que se adquieren cada 10 o 15 años.
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No es posible que un Kg de cebolla cueste 120 Bs. en el mercado de Chacao, 110 Bs en un supermercado y 80 Bs en un mercadito en la calle. Eso es irracional, es una locura. Para el ciudadano es una verdadera falta de gobierno.
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Y no me vengan con el cuento que esa especulación lo que hace es desnudar la “verdadera naturaleza rapaz” del capitalismo. Eso lo sabe el pueblo desde hace muchas décadas, y lo que espera es que el gobierno actúe en contra de los especuladores. Cuando lo ha hecho lo ha apoyado, como en 1948, o en el primer gobierno de CAP, o cuando Maduro atacó a los importadores especuladores a finales del año pasado.
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B - Son muchos los mecanismos que utilizan algunos empresarios para burlarla.
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Por ejemplo, cuando importé por mi cuenta desde China unos productos para el baño, el intermediario chino me preguntó de una a qué precio quería que me facturara. Claro, en aquel entonces funcionaba lo de Cadivi, y un importador, por ejemplo, que trajera un bien a $ 100,00 de costo real, podía pedirle al suplidor que le facturar a 300 o 400 $, de tal manera de al presentar la factura a Cadivi obtenía 200 o 300 $ a dólar controlado.
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Y si era válido en aquella época, ahora lo es más, porque en caso de las facturas “aliñadas” es sobre esos montos que mostrará su 30% de ganancia que fija la ley. En el ejemplo de marras, si le costó $100 el bien (unos 5.000 Bs a SicadII) de vería venderlo a Bs. 6.500 para ganar 1.500 Bs. (30%), pero si se basa en la factura trampeada el cálculo del precio de venta no será al costo real sino, digamos a 300$, (Bs. 15.000) en cuyo caso lo vendería, calculando el 30%, a Bs. 19.500 con una ganancia verdadera de casi el 300%. Y para los inspectores, que sólo ven las facturas, ese negocio estaría cumpliendo dentro de la Ley.
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Otro caso que conocí es el del cemento, en el cual una de esas empresas que fue a Miraflores a firmar el compromiso para cumplir la Ley de Precios Justos, vendía el cemento que le llegaba a una pequeña ferretería de su propiedad con otra denominación comercial, que por supuesto nunca sería visitada por el gobierno, y esta la vende a unos 200,00 Bs. por saco.
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O el caso de las facturas emitidas por las máquinas del Seniat que le entregan a uno indicando que se pagó en efectivo cuando uno cancela con tarjetas de débito, y que sirven para “blanquear” las ventas de contado en las cuales no emiten recibo, defraudando al fisco.
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TOMAR ACCIONES DE VERDAD
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En realidad, lo importante no es hacer un rosario de las trampas que se hacen, sino destacar que esa Ley de Precios Justo por sí sola no puede acabar con la especulación.
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Es necesario que se complemente con otras disposiciones, como por ejemplo:
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La fijación del PVP por parte de los productores e importadores;
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Denunciar el tratado que prohíbe la doble tributación;
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La obligatoriedad del uso del recibo por máquinas del Seniat a todos los niveles;
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La fiscalización no solo a los documentos contables del negocio sino también, y sobre todo, a las cuentas bancarias, tanto naturales como jurídicas, que es allí en donde realmente se detecta cualquier anomalía. El dinero no se guarda debajo del colchón;
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El control de todas las transacciones que se hacen en sistema financiero que excedan una determinada cantidad individual o en sumatoria; etc.
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El establecimiento de castigos severos, en proporción al inmenso daño causado a la población;
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En fin, hacer uso de todo el arsenal de medidas de las que disponen los economistas, y al cual este equipo económico ha renunciado, no sé si por ignorancia o por dogmatismo, pero cuya inacción está causando estragos en el bolsillo del venezolano.