Wilson y Kelling en su artículo Broken Windows, referente criminológico conservador y antigarantista, subordinan a la comunidad bajo la lógica policial, y aconsejan otorgarles más poderes a esta institución en detrimento de la autoridad de fiscales y jueces. Allí está presente la idea de la administrativización de procesos que deben estar investidos de mínimas garantías judiciales, que son vistas como obstáculos para un manejo eficiente de la conflictividad social.
La administrativización del derecho penal (DP) la explica Mir Puig en su obraEl DP en el Estado Social y Democrático de Derecho (1994) y Silva Sánchez en La expansión del DP (2006). Ellos la conciben como una flexibilización de los principios garantistas, que constituyen una conquista de la modernidad penal, en procura de una expansión punitiva de corte autoritario y represivo, que se expresa a través del incremento y ampliación de sanciones, delitos de peligro presunto para bienes supra individuales, entre otros.
Mir Puig explica como el principio de intervención mínima del DP choca con la tendencia actual de utilizarlo como instrumento meramente sancionador de normas no penales (civiles, mercantiles, administrativas). Esto tiene que ver, por una parte, con la errada, torpe y nefasta interpretación que se hace sobre el Estado social o intervencionista, que se traduce en lo concreto en un incremento de su actividad legislativa -como si los cambios sociales y políticos se hacen solo por decreto y se materializaran a través del papel-, tratado de asegurar con la implementación de sanciones penales el cumplimiento de las nuevas normativas. Identificando de esta manera la hipertrofia legislativa con el grado de eficacia política de la gestión gubernamental, que en la realidad resulta todo lo contrario, porque termina colapsando al sistema penal e incrementa los costos sociales que produce toda criminalización –lo que pudiera ser catalogado como una desviación autoritaria desde la izquierda-. Por otro lado, paradójicamente esta racionalidad autoritaria también coincide con el neoliberalismo -derecha política-, desde esta perspectiva Silva Sánchez explica como actualmente estamos inmersos en la "sociedad del riesgo", "de la inseguridad", que conduce al "Estado vigilante" o "Estado de la prevención", cuyos procesos de privatización y de liberalización de la economía sirven de caldo de cultivo y acentúan estas tendencias. En este marco el DP asume la lesividad global con criterios estadísticos y de riesgo, tradicionalmente propios de lo administrativo, a través del cual se busca gestionar los grandes problemas sociales, traducidos en cifras, no importando la lesividad del comportamiento individual. Esta "modernización" del DP se caracteriza por la expansión y por la flexibilización de los principios políticos criminales y reglas de imputación, desnaturalizando el sistema de garantías del mismo. Así se visualiza que en la realidad las razones de izquierdas o de derechas se diluyen y entremezclan para coincidir ambas en la misma praxis autoritaria.
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