El venezolano de a pie sigue afectado por graves problemas de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción y reventa de productos de primera necesidad. Desde la visión oficial, esos problemas son la expresión de una guerra económica que busca generar un creciente malestar, con el fin de lograr que el pueblo identifique al gobierno como el culpable de la situación y vote en su contra en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Por su parte, la oposición y el sector empresarial atribuyen esos problemas a los desaciertos de la política económica y a una creciente hostilidad contra la empresa privada que desestimula la inversión y actividad productivas.
Si algo necesita el país es un entendimiento entre el sector privado y el público. Ese empeño de destruir la economía capitalista sin haber creado antes una economía alternativa, comunal o al menos estatal pero que funcione, terminó siendo el atajo perfecto para esta situación de caída de la producción, desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación. Se ha desestimulado la inversión privada y los vacíos que ésta ha dejado no han sido cubiertos oportunamente por la inversión en la economía social. Por si fuera poco, la mayoría de las empresas que fueron nacionalizadas o expropiadas y conforman la economía estatal, han sido secuestradas por el burocratismo el pseudosindicalismo y la corrupción y no funcionan.
Reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación exige que gobierno y sector empresarial abandonen esta diatriba y encaren con franqueza las verdaderas causas de esta problemática. Esto pasa por reconocer los desaciertos de la política económica, así como las maniobras en las esferas de la producción y comercialización que se cometen no solo para desestabilizar, sino también para lucrarse aprovechando los incentivos perversos que ofrecen las desviaciones y errores de la política económica. Si el gobierno tuviera la humildad de reconocer sus errores, rompiera su inercia y tomara las medidas económicas que tiene al alcance de la mano, muchos de estos problemas que hoy sufre la población no existirían.
Cuánto de guerra económica y cuánto de políticas públicas que deben ser rectificadas es lo que queda por dilucidar. Mientras tanto, el gobierno sigue atrapado en una errónea interpretación de lo que significa la lealtad al legado de Chávez, quien dejó como herencia un conjunto de controles cambiarios y de precios, convenios de cooperación energética y fondos para disponer de la renta petrolera que en su momento se justificaron, pero que hoy lucen totalmente agotados. Si el presidente Chávez estuviera vivo seguramente ya habría aplicado sus tres R y corregido buena parte de estos problemas, así como supo hacerlo en 2009 cuando los precios del petróleo se derrumbaron de 147 a 30 $/b y se vio obligado a aplicar medidas antipopulares como una devaluación de 100% al llevar la tasa oficial de 2,15 a 4,30 Bs/$, subir el IVA de 9% a 12 % y reducir drásticamente los aportes a las misiones sociales. Lamentablemente el actual gobierno cree que si elimina el control de cambios, flexibiliza los controles de precios y sustituye al Fonden por un Fondo de ahorro y estabilización macroeconómica, eso sería traicionar el legado de Chávez.
Sincerar el debate en materia cambiaria
La política cambiaria se ha basado en anclar el precio oficial de la divisa durante varios años y repartir los dólares preferenciales de forma poco transparente y discrecional. El tema que más pesa en el debate cambiario tiene que ver con la liquidación de divisas preferenciales y el pago de la deuda pendiente. Pero si de verdad se quiere priorizar la producción nacional e impulsar el tránsito de una economía rentística e importadora hacia un nuevo modelo productivo exportador, hace falta incorporar al debate cuál debe ser el tipo de cambio que refleje la verdadera productividad del aparato productivo nacional, sin que el tratamiento de este asunto se tergiverse como un intento soterrado para aplicar una nueva devaluación que hará más pobres a todos los venezolanos. No se puede seguir manipulando a la opinión pública cada vez que se intenta corregir la sobrevaluación y sincerar la tasa de cambio oficial. Es hora de encarar con franqueza y valentía el debate cambiario para evitar que se siga prolongando una nefasta sobrevaluación de la tasa de cambio oficial que solo genera graves distorsiones en el funcionamiento de la economía y sociedad venezolanas.
El anclaje cambiario se traduce en un subsidio a las importaciones que se traen con un dólar oficial cada vez más barato. Así, los productores se transforman en importadores y la creciente tendencia a cómpralo todo afuera desplaza cada vez más a la producción nacional y sentencia que el mejor negocio en Venezuela siga siendo importar, en lugar de producir para sustituir importaciones o exportar. Acordar y defender ante la opinión pública una tasa de cambio real que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional evitará que éste siga siendo destruido por el deslave de importaciones que se hacen con un dólar subsidiado. Es así como se podrá reactivar la agricultura e industria nacionales para revertir la caída de la producción y superar los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación.
Eliminar los incentivos a la corrupción
Mientras el dólar oficial se mantiene fijo, el paralelo ha llegado a costar cien veces más. Ante semejante incentivo, empresarios, instituciones y ciudadanos de a pie se lanzan tras la captura del dólar preferencial. Las denuncias formuladas por Jorge Giordani, Edmee Betancourt y Ricardo Sanguino no pueden ser consideradas como parte de la guerra económica. Ellos reconocieron que el control de cambios no impidió que más de $ 20 mil millones fueran desfalcados a la Nación. Pero mientras el Sicad duplique la tasa Cencoex y el paralelo multiplique por cien la tasa de cambio oficial, se mantendrá un incentivo perverso a la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, el contrabando de extracción, la reventa del cupo electrónico, los "raspatarjetas", etc. El gobierno tiene al alcance de la mano las medidas necesarias para cortar por lo sano y erradicar estos incentivos perversos a la corrupción. Solo falta que rompa la inercia y supere su inacción.
