El principal puerto de Venezuela es antagónico al socialismo del siglo XXI, delineado y sostenido como estandarte de ataque del gobierno bolivariano al modelo neoliberal, claramente definido e ilustrado por el comandante Chávez cada vez que tiene la oportunidad de explicarle a los venezolanos y venezolanas y al resto del mundo sobre las bondades y alcances del modelo socialista del nuevo siglo, antagonizando los vicios y defectos del insostenible modelo neoliberal capitalista.

Aclarado lo anterior, no sería ajeno a ninguno de los miembros de los equipos gubernamentales regionales y locales sobre qué es y cómo ir implementando políticas tendientes a alcanzar los objetivos claramente delineados y explicados por nuestro comandante.

Sin embargo, eso no es así del todo. Hay gobiernos regionales, locales y demás instituciones del estado que antagonizan con el mayor desparpajo con la política del gobierno central.

El Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello o IPAPC por sus siglas, es el caso que nos ocupa en esta columna que intentaré hacer lo mas sintética y ajustada posible a la verdad y las circunstancias.

El pasado 10 de marzo apareció una denuncia en aporrea.org que podría servir de introducción al tema que trataremos, sin embargo iremos al grano:

Bajo la pretendida excusa chimba de “…apoyamos al presidente Chávez…” y de un lindo retrato con el comandante en la pared del despacho, funcionarios como el señor contralmirante CARLOS MAXIMO ANIASI TURCHIO pretenden seguir infiltrados no solo dentro de la Fuerza Armada sino dentro de instituciones del Estado, actuando, avalando y ejecutando medidas contrarias y contradictorias con la revolución y la política socialista del gobierno nacional.

Y cualquier incauto me diría “pero si ese hombre está con Chávez y lo puso mi gobernador Acosta Carlez” yo le reposto que no. Esos señores no saben nada de socialismo, mucho menos de revolución, menos que menos de proceso bolivariano; aunque usted no me lo crea, la intacta estructura neoliberal del gobierno salista, confirma sospechosamente los indicios de serias distorsiones del poder en las designaciones hechas tanto en gobiernos regionales como locales… pero eso lo dejaremos para otro momento.

Un instituto que debía regir como órgano administrativo del primer puerto del país de acuerdo a una de las 49 leyes habilitantes, se fue convirtiendo en un órgano que posee todas las características de una empresa privada capitalista, herencia del gobierno de los Salas y su visión excluyente de lo que debía ser dicho ente.

Nada revolucionario ha ocurrido en el IPAPC; nada se ha hecho acorde a algún plan de desarrollo, interpretando el espíritu y letra del plan de Desarrollo Nacional 2001-2007… nada. Sin embargo, el contralmirante asistió (o sigue asistiendo) a un curso de “alta gerencia” en el IESA, la cuna doctrinaria del neoliberalismo. Y por supuesto en representación de la “empresa” IPAPC al lado de grandes industriales y empresarios del eje central. Increíble ¿no?

Carros, camionetas, motos de agua y demás signos evidentes de riqueza, distan mucho de un elemento que sepa o tenga alguna afinidad con la política social del gobierno.

Espere, que le parece si le digo que con la excusa (insostenible, de paso) de estar acoplando al puerto a un plan de desarrollo que no existe realmente, están sacando a golpe y porrazos a las empresas que “les da la gana” y así entregar en condiciones mas ventajosas y sin mayor pudor a otras empresas nuevas, recién constituidas, con socios rotativos y sin capital, que evidentemente obedecen a un plan personal o individual que nada tiene que ver con la política nacional de desarrollo sustentable y sostenible.

A finales del 2004 y principios del 2005 empezó esta arremetida que, actualmente, tiene a 7 empresas consolidadas, con experiencia e inversiones… están sometidas a un VIA CRUCIS frente a las posiciones autoritarias y descabezadas del presidente y “directivos” del IPAPC para crear las condiciones de “quítate tu para ponerme yo” y dejarle la mesa servida a otras empresas que, sean nuevas o con tradición (y que están alineadas con estos funcionarios de alguna oscura y desconocida forma) para que no tengan que competir ni emprender sino que ganen y ganen sin “mayores obstáculos” como podrían ser para ellos, las empresas que “a su criterio” no cumplan con los “requisitos exigidos por el instituto”. Por cierto, esta última frase se expresa en una cláusula adicional a los contratos renovados a principios de 2004 por tan solo 2 años y que a principios de 2006 (a pocos meses de su vencimiento), obligaron a todos los administrados a firmarla sin derecho a pataleo… para después decirle selectivamente a las empresas que a ellos les diera la gana “ustedes van pa` fuera” Así, el policía del puerto, el capitán de navío RAFAEL DA SILVA DUARTE se complació en asistir con pomposa, inédita e innecesaria parafernalia al acoso, hostigamiento e intento de cierre de algunas empresas.

Amparándose en la legislación y el derecho, algunas empresas se enfrentaron a la pretensión arbitraria y sin sustento, con recursos legales que esperan por sentencia de los tribunales.

Entretanto, los planes propios e individuales que amparan los funcionarios antes mencionados, siguen sin mayor contratiempo. Vale decir que no tienen mucho apuro, ya que muchas de las empresas “válidas” para el IPAPC tienen meses de gracia, patios recién asfaltados y recién desalojados por el IPAPC para que las “nuevas empresas” trabajen sin mayores contratiempos; ni hablar del procedimiento de adjudicación porque nadie supo cómo ni cuándo se hizo, solo que había que hacerlo y punto:

ALMAPECA C.A., fundada el 13 de Mayo 2005, con Bs. 60 millones de capital social, sus socios Nelson Lehman, Elina González Arias, Enrique Ralph Tovar Mac Glatherg; le otorgaron un contrato o autorización de uso el 19 de Julio de 2005, asi es, un mes y cinco días después de fundada bajo el contrato No. 2005-AUP-0013, por 5 años, en un área de 36.767,57 M2 en el área IV frente al muelle 14; pagarán al instituto mensualmente USD $1/M2, teniendo 12 meses libres a partir de julio de 2005, no tienen maquinarias ni experiencia pero con cláusulas en el contrato que favorecen especialmente la inversión y el tiempo. El IPAPC les ha entregado el monopolio de toda la carga peligrosa (explosivos, combustibles, etc.) sin restringirles las tarifas, o sea que cobrarán lo que les de la gana. Aún no han empezado a operar porque mientras le “terminan” de acomodar el area con recursos y maquinarias que no son de ellos, seguirán en sus trámites para obtener la autorización de la aduana para operar como auxiliares de la misma. No sé si aún les han otorgado ese permiso. Podríamos seguir, por ejemplo con Almacenadora Valenca C.A. que le será entregado el área frente al muelle 12 donde funcionaba la empresa CONAVEN, una de las empresas efectivamente desalojadas; ahí se está levantando un muro de bloques con mas de dos metros de alto. O también la Almacenadora Colonial C.A. y fíjese respetado lector, en esas tres empresas antes nombradas, varias personas se rotan en sus directorios como el caso de los ciudadanos de nombre Nelson Lehman o Leonardo Wever, quienes se repiten en los dos o tres documentos constitutivos de las mencionadas empresas. ¿No les parece curioso que a ninguna de estas empresas se les haya exigido cumplir con los preceptos legales, impidiendo a los administrados instalados y consolidados por mucho tiempo dentro del puerto participar en la supuesta oferta de adjudicación? ¿Donde quedan los requisitos de transparencia administrativa e igualdad de oportunidades para todos? ¿Dónde queda la democratización de capital y la desconcentración de los mismos, tan repetido hasta el cansancio por el Presidente Chávez y el Ministro Giordani?

Lo cierto del caso, es que lo arriba expuesto es apenas una muestra de lo que pasa. Una directiva que apoya selectiva y particularmente a algunas empresas operadoras recién formadas o ya establecidas, sin mayores inconvenientes y a otras no, son signos evidentes de irregularidad, elevando a estado general de sospecha la gestión de los funcionarios del IPAPC. En cambio, actualmente aquellas empresas amparadas por recursos legales o en pleno litigio con el IPAPC son víctimas de las acciones más insólitas por parte del administrador portuario: el caso de TERMINALES SANTANA a quienes el tribunal ratificó la medida para seguir operando un Terminal liquido a granel y quienes por acción del tombo mayor Rafael Da Silva, decidió curiosamente RETIRAR LAS DEFENSAS DE LOS MUELLES donde atracan los buques que atiende la empresa en cuestión, para hacerles “mantenimiento”; esto quiere decir que si no hay defensas (donde los barcos se recuestan), ningún buque puede atracar en el mencionado muelle y por ende, la empresa no puede trabajar. ¿Es retaliación porque no lograron sacarla? ¿No es un acto de soberana aberración y abuso de poder por parte de un funcionario público con un cargo tan importante como director de puerto y que en vez de procurar por la eficiencia, seguridad y confiabilidad del puerto, ande atentando a las empresas con represalias para “sacarlas” a como de lugar?

También he sabido que otras empresas en litigio, están hasta el tope de su capacidad operativa en lo que a espacio se refiere; así pues, el caso de EMESCA quienes han solicitado espacios abiertos del IPAPC (zonas abiertas no adjudicadas a operador alguno y que sirven para aligerar la carga de los auxiliares que ya tienen comprometidos sus espacios adjudicados) y les han sido negados rotundamente y, con el mayor desparpajo, les son entregadas a otras empresas que “interesantemente” pudieron captar a los consignatarios rechazados por EMESCA a consecuencia de la falta de espacio dentro de sus almacenes y que sin embargo tuvieron que ir corriendo a alquilar las maquinarias a EMESCA porque de no haberlo hecho el buque que traia la carga de acero se hubiera ido al puerto siguiente (Barranquilla, Colombia), acarreándole al consignatario los costos por el incumplimiento del contrato de fletamento: esa es la política del puerto, rechazarle espacios abiertos a empresas especializadas y consolidadas en el manejo de carga de acero y otorgarle esos mismos espacios a otras empresas NO especializadas sin espacios abiertos ni maquinaria para este tipo de carga, les están faciitando ni más ni menos los clientes para que les obren lo que quieran … por ética me reservo el nombre de la beneficiaria para no convertirlos en víctimas; se evidencia el nefasto precedente del favoritismo expuesto.

Y así muchos otros casos: los grandes capitalistas, oligarcas de grandes lineas navieras, ya están negociando con las empresas favorecidas y dejando a un lado a aquellas que por acción irresponsable del puerto tienen un pie adentro y otro afuera. Así funciona el capital, solo pretende preservar sus intereses, dejando a un lado a las personas, sin importar cuanto hayan dado por ellos. Las navieras transnacionales tienen tarifas ridículas para la descarga de sus barcos, las operadoras “nacionales” compensan con lo que les cobran al consignatario, que al final paga el consumidor, el pueblo, pues. Inmejorable ingrediente para elevar la inflación, ojo Ministro Giordiani.

Revolucionarios o no, el puerto, su presidente, su junta directiva y demás funcionarios a los que no escapa nuestro actual gobernador del estado, tendrán que someterse a la contraloría social si pretenden salir ilesos de todas estas manifiestas irregularidades, porque mas temprano que tarde será insostenible en el tiempo, todo éste desaliño creado por omisión o por ignorancia pero que definitivamente no ha dejado ningún beneficio a las grandes mayorías de porteños y porteñas que, chavistas o no, esperan que su principal fuente de ingresos sea reflejo de honestidad, transparencia, seguridad y confiabilidad, retribuida en la mayor suma de felicidad posible en su entorno, en su ciudad, en su comunidad.

Camarada y comandante Chávez, revise estos casos donde los funcionarios públicos hacen de las suyas y abiertamente se excusan sin pudor que “están con el proceso revolucionario” a manera de inferir que son “guapos y apoyaos” y que no tienen responsabilidad alguna sobre sus actos porque supuestamente obedecen al “proceso”, lo cual, sabemos que no es así.

La próxima entrega: La alcaldía “bolivariana” de Puerto Cabello