Cada año 500.000 mujeres se practican abortos de forma clandestina de las cuales 300, aproximadamente, pierden la vida. Las últimas corresponden a los sectores económicos más vulnerados por el estado y la sociedad, lo que hace que la interrupción del embarazo sea además de deshumanizante, al igual que todo aborto clandestino, inseguro y riesgoso.

¿En qué momento lo privado pasa a ser público y lo público, privado? La decisión de la mujer sobre la interrupción o no del embarazo es un tema relegado, tabú, hasta que la opinión e intervención de la sociedad decide juzgarla. Hablar del aborto, aún en una sociedad movilizada y embebida en debates antes impensados, consecuencia de un contexto histórico determinado y voluntad política concreta, existen tópicos que al contrario de ser abordados desde la necesidad o al menos desde la realidad (500.000 abortos clandestinos anuales) son tomados desde el pudor, la criminalidad y la estigmatización.

¿Quién es la primera víctima de la clandestinidad en su mayor expresión? La mujer de bajos recursos, aquella que sin oportunidad de acceso a pastillas de misoprostol o a intervenciones quirúrgicas que superan los 15.000 pesos recurre a metodologías inseguras que ponen en riesgo su propia vida. Pero no sólo se trata de lo peligroso del proceso sino además del miedo a la estigmatización por parte del sector de salud que lejos de cuidarla y contenerla, la criminaliza y acusa. Lo vimos claramente en el caso de Belén, la joven tucumana que luego de sufrir un aborto espontáneo fue denunciada por sus propios/as responsables médicos/as violando el derecho a la privacidad.

Los hechos nos transcurren de la misma forma cuando quien se ve en necesidad de intervenir el embarazo clandestinamente pertenece a los sectores medios-altos. Pudiendo acceder a abortos privados y seguros -siempre dentro del marco de la inseguridad que da la clandestinidad- muchas de las mujeres que se pronuncian en contra del aborto o que niegan la problemática públicamente, lo practican en la privacidad. Pero eso no sería, en definitiva, lo más grave: existe también una gran fracción de la sociedad, machos viriles, que en nombre del feto -en realidad, del poder sobre el cuerpo de la mujer- se manifiesta en contra del aborto pero augura por su práctica en la intimidad.

No es la intención de esta nota atender a la agenda hegemónica (caso Daniel Scioli) sino al conflicto que existe detrás -aborto sí en la intimidad, aborto no públicamente- por dos motivos: los medios de comunicación dominantes eligen estratégicamente personajes a los que matar mediática y políticamente en pos de la farándula, el rating y, claro, el interés político y económico al que cada uno de ellos responde, más allá de cuál sea mi opinión personal acerca de los hechos.

Segundo: entiendo que para instalar en profundidad el debate acerca del aborto es necesario analizar el porqué de una sociedad hipócrita que lo apoya en lo privado pero lo repudia en lo público. Lejos de ayudar al impulso de esta discusión, la personificación pone sobre la mesa un hecho particular y no la discusión de una temática real, general y en conflicto.

Negocios incuestionados

Los derechos conquistados a lo largo de la historia tuvieron antecedentes en la lucha popular y la necesidad de una sociedad determinada pero también tuvieron que ver con gobiernos que responden con voluntad política a dichos reclamos. En este caso particular la intervención del embarazo legal, segura y gratuita no contó con el apoyo concreto de una parte importante del sector político, aunque sí del sector militante, por razones de público conocimiento: religión, relaciones estratégicas y una sociedad aún conservadora y machista. Si bien existieron avances concretos (modificación y ampliación del alcance del aborto no punible en la ley), mientras que muchísimos otros derechos fueron concretamente legitimados y reconocidos éste no pudo serlo.

Es necesario hacer del aborto una discusión en el plano de lo real que sea transversal a todos los sectores políticos y sociales. Que salgan a la calle los sectores que abandonados históricamente por el Estado, fruto de gobiernos neoliberales y de derecha, tuvieron contención en la religión; los sectores medios y altos que en lo público repudian la libre sexualidad y la decisión sobre los cuerpos propios pero que en la intimidad la apoyan con hipócrita libertad. Es vital dar a entender que el patriarcado quiere a la mujer reprimida y reproductora pero jamás libre y productiva. También que el poder judicial en connivencia con el sector económico condena a través de la moral a la mujer que aborta, ya sea espontánea o voluntariamente e incluso en contradicción con lo que contempla la propia ley de IVE.

El aborto conviene económicamente a la industria farmacéutica y al sector médico mientras que continúe en la clandestinidad. Como lo mencionamos anteriormente, no desciende de los 5.000 pesos y puede superar los 15.000. Seguramente la lucha no logre desmantelar la complicidad médica pero sí generar una discusión universal alrededor de los porqué de su no despenalización y legalización.

En una sociedad en que la institución matrimonial tiene sus antecedentes en la necesidad de la iglesia de dar una explicación a la relación sexual -que tendrá fines sólo reproductivos, claro- y de que haya lucro económico entre los varones de familia, padres y esposos -donde la mujer no tenía ningún poder de decisión sobre la herencia que le correspondía- y tantas otras explicaciones, el cuerpo de la mujer no es sino una musa intocable y no digna cuando lo usa libremente -estigmatización de las putas, por ejemplo-.

La connivencia histórica entre la institución católica y el interés económico deja mucho que desear respecto de los derechos de las mujeres, ni que hablar de los géneros y sexualidades disidentes.