Cuando el país sufre una severa crisis económica que se expresa en una inflación inducida e incontrolada que destruye el poder adquisitivo del pueblo trabajador ante la complaciente inercia del gobierno. El bolívar se devalúa y sentimos los estragos del pago del servicio de la deuda externa. Cuando el país soporta las terribles consecuencias de una violencia política irracional que no se conforma con destruir bienes públicos y avanza en la acumulación de muertes innecesarias. En este panorama, inexplicablemente, el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- se dispone a consumar la destitución de la Fiscal General de la República.
Luisa Ortega Díaz fue ratificada como Fiscal General de la República, por el Parlamento Nacional, en diciembre del año 2014. Sus funciones deberían culminar en el 2021. Se le puede aplaudir por la solicitud de extradición y enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez como responsable principal de los asesinatos del 27 de febrero de 1989, por la investigación sobre la Masacre de Cantaura de 1982, por los juicios a los responsables de guarimbas y asesinatos en el año 2014 y, hasta, por su oportuna advertencia sobre la "ruptura del orden constitucional" que implicaban las resoluciones 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. Advertencia que provocó una inmediata convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación y la decisión de subsanar el error y así evitar el rechazo o sanción de la comunidad internacional.
A Luisa Ortega Díaz le debemos reclamar su silencio ante el ataque a nuestra moneda nacional. Esa falta de acción frente a "Dólar Today" donde se articula una madeja de empresarios, banqueros y burocratas al servicio del capital que, seguramente, han ejercido una permanente presión sobre el Ministerio Público. Le debemos exigir una explicación sobre su silencio frente a los saqueadores de CADIVI, que lo explique ante el país sin importar quien caiga. Le tenemos que reprochar su inacción ante la violencia sistemática, destrucción de bienes públicos y muertes provocados por factores políticos de oposición en alianza con grupos económicos. Son muchos los reclamos que podemos hacer, pero ninguno justifica esa andanada de descalificaciones bajas que comienzan acusándola de traidora, aliada de los enemigos de la patria, mercenaria al servicio de CIA y terminan con la pretensión de declarar su "insania mental" (locura) como lo hizo Hitler con aquellos que osaran oponerse a sus designios.
Luisa ortega Díaz lleva consigo una trayectoria de lucha que le mereció su designación y ratificación como Fiscal General de la República. Su condición humana merece respeto más allá de las desavenencias políticas. Su desempeño al frente de la Fiscalía General de la República es el resultado de una forma muy particular de interpretar y ejercer funciones en todas las instituciones públicas. Un estilo de relación interinstitucional que nunca dejó lugar para el debate y la evaluación de los funcionarios. Se cerraron los espacios de intermediación social o fueron sustituidos por la obediencia. Las contradicciones que reflejan sus decisiones y su actuación son parte de una lucha por el poder que ha devenido en una batalla institucional que hoy pone en peligro la legitimidad de las instituciones públicas, entendiendo que la legitimidad no es un estado natural sujeto a la simple legalidad, sino que ésta se alcanza con la aceptación y confianza de la ciudadanía en la solución y atención a los grandes problemas del país. La destitución de la Fiscal puede provocar un quiebre institucional con un impredecible impacto en la comunidad internacional.
El TSJ admitió un antejuicio de mérito, aprobó medidas cautelares contra la Fiscal y fijó para el martes 04 de julio la audiencia pública y oral (en Sala Plena) para iniciar un proceso que determine si hay méritos para enjuiciarla y, en consecuencia, destituirla. Si la Fiscal no asiste quedará "confesa". Por lo tanto, debería asistir y ratificar su denuncia sobre la supuesta "ilegitimidad de origen" de algunos magistrados, argumentar sus alegatos para la defensa y provocar un gran debate nacional aunque calificados analistas sostengan que su asistencia legitima al TSJ. Lo que está en duda es la legitimidad de algunos magistrados que forman parte del TSJ y no la institución en esencia.
Los miembros del Consejo Moral Republicano son susceptibles de REMOCIÖN de sus cargos por decisiones administrativas que constituyan FALTA GRAVE, negligencia, incumplimiento de sus funciones y/o desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La REMOCIÓN requiere un pronunciamiento del TSJ y la aprobación de la Asamblea Nacional. El TSJ debe realizar un juicio para pronunciarse.
Si, el TSJ toma la decisión de REMOVER a la Fiscal General de la República sin la participación y anuencia de la Asamblea Nacional estaría asumiendo las funciones de ésta y nos devolvería al escenario de las Resoluciones 155 y 156 que se convirtieron en el catalizador de las movilizaciones y acciones de violencia. Nos devolveríamos a la delicada situación de ruptura del orden constitucional admitida y corregida por el mismo TSJ a solicitud del Consejo de Defensa de la Nación.
Una decisión de esta naturaleza puede acelerar un quiebre institucional que consolide la anomia que predomina, intensificar la violencia y profundizar el asedio internacional contra el país, abriéndole espacio a los planes intervencionistas del Departamento de Estado en alianza con la Organización de Naciones Unidas cuyo Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya manifestó preocupación y, se supone, inició las consultas de rigor. Complicaría más el peligroso escenario constituyente y terminaría frenando cualquier avance hacia la recuperación económica. Una decisión de esta naturaleza traería más problemas que soluciones.
Reiteramos la urgente necesidad de recuperar la sensatez, dejar a un lado la arrogancia política y construir un escenario para la convivencia en la divergencia sustentada por un diálogo democrático, diáfano, transparente, amplio y respetuoso como requisito para avanzar en la Democracia Participativa y Protagónica…
