El Polígrafo o Detector de Mentiras no detecta verdades, ni mentiras. Es utilizado por la CIA, FBI, DEA, U.S Secret Service y algunas empresas privadas para la selección de su personal. Su uso en los procesos judiciales ha sido rechazado por psicólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, sociólogos y psicólogos sociales porque vulnera la dignidad humana y no tiene valor como prueba judicial pues carece de valoración científica. Un Estado que tiene entre sus fines esenciales la defensa del respeto a la dignidad de la persona no debería utilizar esta chatarra judicial.
Su invención se le atribuye a John Augustus Larson en 1921, joven estudiante de medicina que se dedicó al estudio de la fisiología. Se dice que posteriormente (1937) fue perfeccionado por Leonarde Keeler, psicólogo conductista y criminólogo norteamericano estrechamente vinculado a la labor de organismos policiales en California.
La teoría que sustentaron los creadores del Detector de Mentiras parte de considerar que somos el resultado de un proceso de socialización que nos forma para decir la verdad y cuando mentimos se produce un conflicto interior que induce una reacción fisiológica. Postulado teórico que no ubica al ser humano en su contexto social y reduce la respuesta social a una simple reacción fisiológica que jamás apreciará al sujeto social como el resultado de un proceso histórico.
Es triste y lamentable que los lideres de un proceso de cambio político y transformación social que busca la construcción de una sociedad socialista como expresión de una forma de organización social superior donde prevalezca el respeto a la condición humana, pretendan utilizar esta chatarra de la "ciencia norteamericana" como instrumento para dirimir controversias políticas que repercuten negativamente en el funcionamiento de las instituciones.
Con el Detector de Mentiras se pretende medir el flujo de energía que se transmite a través del dedo índice. Sólo detecta respuestas fisiológicas del organismo que son valoradas por un método que carece, totalmente, de validez científica. En el caso de la Fiscal General de la República, sus respuestas serán interpretadas como prueba judicial por las mismas personas que están siendo acusadas por ella. Este acto inédito en la historia contemporánea puede ser interpretado como una sofisticada tortura psicológica.
El Detector de Mentiras no mide respuestas verbales, solo interpreta cambios en: la presión sanguínea, la respiración, el pulso y la resistencia o transformación de la piel ante cada pregunta. Ni siquiera contextualiza la ansiedad que provoca en el sujeto la posibilidad o el riesgo de fracasar en la prueba. No hay ninguna razón que justifique esta barbaridad en la Venezuela Bolivariana. Esta chatarra de la "ciencia norteamericana" sólo sirve para crear falsos positivos.
Nos sorprende la vehemencia con que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que se utilice esta chatarra judicial como instrumento de interrogación en el pretendido antejuicio de méritos contra la Fiscal General de la República. A nadie puede sorprender la aceptación inmediata del máximo organismo judicial. Quien ha sido reconocido como ferviente defensor de los derechos humanos no puede justificar semejante atropello a la dignidad humana ni siquiera en el caso de un reconocido delincuente común.
Tanto a la Fiscal General de la República como al Defensor del Pueblo, le podemos reclamar la falta de respuesta oportuna ante determinadas situaciones y al mismo tiempo reconocer aciertos en el desempeño de sus funciones, pero nunca aceptar el atropello a su condición humana. Con ellos debemos perseverar en el compromiso de defender los derechos humanos en una sociedad donde prevalezca el respeto a la dignidad de la persona porqué, en definitiva, lo que nos une es la lucha por construir una sociedad donde todos podamos vivir con dignidad…esa sociedad no admite el uso de semejante chatarra judicial…
