Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EL 15 DE ENERO EN LA PARROQUIA EL JUNQUITO
El día 15 de enero de los corrientes, ocurrió un lamentable y triste suceso que nos marcó y marcará durante décadas nuestra condición de ciudadanos venezolanos, nos referimos concretamente al sagrado derecho a la vida que todas y todos tenemos y, a la imposibilidad manifiesta, de respetar y garantizar ese sagrado derecho por parte de un Estado que está atrapado en un círculo vicioso de opacidad y anomia generalizada. Los hechos que se sucedieron en torno a la forma como murió el ex inspector Oscar Alberto Pérez y el resto de los integrantes de su movimiento, indudablemente tienen conmovido a todo el pueblo venezolano y razonablemente impactada a la comunidad internacional y es que, como se puede evidenciar en diversos videos que quedarán para sustentar la historia, el propio ex inspector documentó el desarrollo de los eventos relacionados con su ubicación y muerte.
En tales videos que indudablemente se convierten en evidencias para describir la forma extralimitada del uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado en el procedimiento que terminó con siete (7) personas fallecidas incluido el propio Oscar Pérez, nos hace suponer que la orden, contra este grupo de insurgentes, no era de captura y someterlos a un juicio donde se respetara el debido proceso, sino privarlos de la vida.
Es innegable que todos los hechos ocurridos durante y posteriores a la muerte de Oscar Pérez y su grupo, dan cuenta de la profunda crisis de carácter institucional, política y moral que carcome las entrañas de nuestro país. Son muchas las preguntas que nos hacemos en torno a la forma como murieron estos venezolanos y venezolana, en especial las consecuencias que para Venezuela traerá esta deplorable situación, donde directamente están implicados los cuerpos de seguridad del Estado, pero también debemos decir, que es profundamente lamentable la posición, a todas luces inexistente, adoptada tanto por el Ministerio Publico como por la Defensoría del Pueblo.
Por el bien de la Republica, exigimos que se aclaren todos los hechos involucrados en torno a la muerte o "masacre" de estos jóvenes venezolanos, donde se evidencia una abierta transgresión a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial lo relativo al tema de los derechos humanos y al sagrado derecho a la vida, pero también la transgresión a los postulados que en esta materia están consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos firmada por nuestro país, por ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas, por ello planteamos que se constituya una COMISIÓN imparcial que con cualidad técnica y ética, pueda investigar a los efectos de establecer la VERDAD, procurar la JUSTICIA y establecer sanciones a quienes estén involucrados en los lamentables hechos ocurridos el pasado 15 de enero.
Sabemos que con esta exigencia no vamos a resarcir los graves y profundos daños que le han infligido brutalmente a nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, tampoco al profundo dolor ocasionado a los familiares y amigos de estos jóvenes, pero más grave aún sería no hacer nada y dejar que la matriz de opinión, que se quiere imponer desde el poder del estado, se profundice y peor aún, quienes tienen responsabilidades en estas muertes o "masacre" continúen impunemente sin ningún tipo de castigo.
19 de enero de 2018.
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