Este sistema patriarcal en el que vivimos delega estrictamente en la mujer el cuidado de los hijos, de las personas mayores y el trabajo doméstico, a ello se suma la desigualdad salarial y la discriminación laboral, que impide a las mujeres acceder a los cargos jerárquicos en la misma proporción que los hombres, la violencia de género y otras formas de opresión. En la actual crisis económica y política que vive el país, somos uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hace aproximadamente un año escribí un artículo en el que compartía mi experiencia cotidiana y constataba el proceso de feminización de la pobreza, el deterioro de condiciones de vida y la agresión sistemática que sufrimos las mujeres venezolanas y que orquesta el Estado contra todas nosotras.
En los últimos 19 años el país ha sido gobernado por el hace cinco años fallecido Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, a quien en vida ungió el mismísimo Chávez. Ambos mandatarios y el chavismo en general han presumido de dirigir un gobierno de corte feminista, que ha reivindicado a la mujer venezolana y la ha empoderado social, política y económicamente. Nada más lejos de la verdad.
Comencemos por algo tan elemental como la alimentación. La tarea de procurar la alimentación de los niños cae mayoritariamente sobre las mujeres en función de la división patriarcal del trabajo y también porque la mayoría de las cabezas de hogar somos mujeres. A ello se suma la humillación de tener que recurrir a programas clientelares como las Madres del Barrio, el Carnet de la Patria o la distribución de las cajas del CLAP, pues con su salario ninguna mujer puede sostener la alimentación propia y de su familia. Cuando llega el día de comprar la fulana bolsa, debes olvidarte de tu trabajo, de la escuela de tu hijo, de todo… Toma toda la mañana y parte de la tarde realizar esta compra, solo eso es razón suficiente para sentirse indignada. Justo mientras escribía las últimas líneas sentí miedo de perder la bolsa y es el miedo el sentimiento que el Gobierno quiere sembrar. Los CLAP son un instrumento de control social, dirigido principalmente hacia las mujeres, para chantajearnos, intimidarnos y mantenernos con la mirada gacha porque el poder de adquirir o no esos alimentos depende del Gobierno, es una forma de agresión política sin duda alguna.
No se divulgarán mientras siga gobernando el chavismo, cifras oficiales que reflejen las consecuencias que la actual crisis ha generado en la población, pero por fortuna algunas ONG, encuestadoras privadas, ENCOVI e incluso funcionarios públicos como la Ministra de Salud destituida en 2016 justamente por revelar estadísticas de la mortalidad infantil y materna, han proporcionado datos que son, cuando menos, alarmantes. Gracias a estas organizaciones, universidades y funcionarios públicos asqueados, hemos conocido lo que seguramente es solo es la punta del iceberg. Esa minúscula muestra a la que me refiero se ve reflejada, por ejemplo, en los femicidios y en las violaciones de derechos humanos y sexuales.
Respecto a los femicidios, la ONG Centro de Justicia y Paz, del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, reseñó que Venezuela está entre los 15 países con más femicidios en el mundo y que el 40% de las mujeres han sido, son o serán víctimas de algún tipo violencia. Datos de la Fiscalía General de la República indican que la segunda causa de muerte violenta en el país es el feminicidio. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia declaró que 254 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto del año 2017 y agregan un nuevo ingrediente a la violencia contra la mujer en Venezuela, como lo son los abusos por parte de los funcionarios policiales y militares.
Este "nuevo ingrediente" salió a la luz durante los más de 100 días de protestas que vivió el país en el 2017. Nadie, ninguna mujer debe ser objeto de agresión sexual y es deber del Estado garantizar que así sea. Sin embargo, el Estado venezolano no lo hizo y según Avesa, se encontraron 25 víctimas de violencia sexual en ese contexto, de las cuales el 56% eran mujeres. Al momento de ser detenidas eran obligadas a desnudarse al interior de los centros de detención frente a funcionarios policiales, siendo amenazadas e intimidadas con ofensas sexuales, también hay denuncias de violaciones y otras formas de tortura durante las detenciones. ¡Vaya gobierno feminista y socialista!
Por si fuera poco, las mujeres venezolanas vivimos una tragedia cuando de acceso a los anticonceptivos se trata, pues estos no están disponibles en la red pública hospitalaria, escasean en las farmacias y se venden a elevadísimos costos, ocasionando que solo las personas de mayor poder adquisitivo puedan comprarlos, limitando a un reducido número de personas el derecho a la planificación familiar, en un país cuyo gobierno presume de "socialista" la brecha social se ha profundizado y los privilegiados de siempre son quienes pueden llevar el control de su planificación familiar.
Actualmente Venezuela registra la tasa de fertilidad en adolescentes más alta de la región, igualamos a algunos países africanos y superamos por 20 puntos a Haití. Esto por supuesto representa un problema para la mujer, que debido a su corta edad pasa a engrosar las cifras de deserción escolar y luego su escasa formación académica le impide incorporarse al mercado laboral, convirtiéndose, ella y su hijo, en nuevos marginados sociales. La política pública que el Estado dirige hacia estas madres es la otorgación de un bono mensual de Bs. 700mil (monto que representa unos $22 dólares de la tasa oficial y $3 de la tasa paralela), para ella y la vida por nacer.
Esta medida no solo es económicamente insuficiente, sino que de plano no resuelve nada, pues el Estado venezolano no responde por la falta de anticonceptivos, en primer lugar, y además refuerza el rol obligatorio de madre. Para el Gobierno la mujer solo tiene la función de reproducirse, no hay programas de educación sexual y reproductiva, acceso a anticonceptivos ni derecho al aborto. No se capacita a la joven madre en la adquisición de un oficio que le permita valerse por ella misma ni se le brinda acceso a un verdadero sistema de seguridad social. El gobierno se limita a medidas efectistas y populistas que cubren algunas formas y no solucionan el problema de fondo.
El Estado venezolano tampoco garantiza la salud y la vida de las mujeres embarazadas, la ONG Convite declaró para el diario El Nacional, que la tasa de mortalidad materna se incrementó en 130,70% solo en el año 2016, y estableció que las principales causas de muerte son hipertensión y hemorragia. De ese número de mujeres embarazadas que mueren en el parto o en los siguientes 42 días de postparto, 96% de ellas han muerto en hospitales públicos debido a la falta de insumos y medicinas. No hay bonificación que compense la muerte de estas mujeres, ni discurso idealista que oculte la realidad que vivimos las mujeres venezolanas en los hospitales públicos. El plan de parto humanizado resultó ser una estafa más, pues ni se está aplicando en las salas de parto de nuestros hospitales ni ha vuelto siquiera a ser mencionado, seguimos siendo objeto de violencia obstétrica y a pesar de existir una ley que la penaliza, no se aplica.
La vulneración de nuestro derecho a acceder a anticonceptivos, por cierto consagrado en el artículo 76 de nuestra Constitución, limita el control sobre nuestros derechos reproductivos y sexuales. Mientras el gobierno se hace llamar socialista, humanista y revolucionario, estos pacatos militares tienen sus botas sobre nuestros ovarios y nos condenan a parir en hospitales sin insumos, sin medicinas, sin humanización del parto y sin garantía de salir vivas, nosotras y nuestras crías, y encima se atreven a llamarnos "asesinas" a las que exigimos la despenalización del aborto.
Hoy las mujeres venezolanas estamos viviendo en una sociedad cuyas medidas se asemejan a las de un feudo medieval en el que la libertad personal, el acceso a los anticonceptivos y la planificación familiar son más un anhelo que un derecho. El femicidio, la violencia machista y la posibilidad de encontrar la muerte en el parto es una realidad cotidiana, esa es la verdadera política de estos pacatos militares y religiosos que dirigen el gobierno e insisten en minimizar nuestros derechos con misiones sociales, como madres del barrio que nos impiden incorporarnos al mercado laboral y nos extorsionan políticamente, obligándonos a vivir dependiendo de un bono. Las mujeres morimos de hambre o morimos en el parto, o morimos en abortos clandestinos, o morimos en manos de la violencia machista. En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, debemos hacer énfasis en la necesidad de la organización autónoma del movimiento de mujeres, desenmascarando a este falso feminismo que pregona el chavismo, para poder luchar por cambiar esta terrible realidad y conquistar el respeto a todos nuestros derechos.