La orden judicial que silencia al portal Armando.info es una agresión a todas y todos. Es una agresión al derecho de estar informados sobre los temas que nos incumben. Es un nuevo zapateado sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y quedarse callado frente a ella sería guardar silencio cómplice.
Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, hemos defendido la idea de que el enfrentamiento al desfalco, por un lado, y la defensa de la necesidad de una política de repatriación de capitales robados es condición necesaria en cualquier intento de recuperación del país. No es algo que pueda hacerse o dejar de hacerse, sino que es la primera tarea del próximo gobierno sea cual sea éste. Por eso el trabajo de investigación realizado desde 2014 por Armando.info es una sólida roca sobre la que apoyar la esperanza de que eso es posible. Los pillos están pillados.
Cuando Ewald Scharfenberg tuitea el 11 de septiembre: “Ojo. CONATEL no solo nos impide a los periodistas de Armando.info referirse al gang de las importaciones de mercancías para los CLAP. También mediante oficio conmina a operadores de cable e ISP que nos impida expresarnos y difundir nuestros reportajes” está radiografiando a Venezuela en cuatro líneas. No faltará quien diga que en momentos de sanciones económicas la República no puede hacer sus compras “convencionalmente” y por eso tantos “traders” en Panamá y México. A punta de “decretos de emergencia” fue que se sustituyó a las licitaciones por el “dedo” en PDVSA, y por eso está como está.
Las compras de comida de la República Bolivariana de Venezuela no pueden ser un secreto. El poder fáctico que detenga esa forma de lucha del pueblo venezolano que es la investigación económica necesaria para recuperar los millardos de dólares desfalcados del Tesoro Nacional, es cómplice de los ladrones, así se llame CONATEL o Juzgado undécimo de Primera Instancia.
Caracas 14 de septiembre 2018
