En el país se siente la tensión existente con relación a la fecha del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro debe iniciar su fraudulento segundo mandato presidencial. Esa tensión se observa con claridad en los altos funcionarios del gobierno, declarando nerviosamente y contradiciéndose unos con otros acerca de cómo debe afrontarse la celada internacional que les está montando el capitalismo occidental encabezado por el imperio gringo.

También hay tensión en las fuerzas opositoras de la fenecida MUD, a cuyos líderes les siguen temblando las piernas y no terminan de cuadrarse con esa salida golpista e intervencionista que les imponen sus amos desde el norte.

La tensión se extiende también al pueblo trabajador, víctima principal del brutal paquete neoliberal que desarrolla Maduro desde el 2013, pues muchos ciudadanos honestos están creándose ilusiones con un supuesto cambio de gobierno que se produciría a partir de la citada fecha.

Pensamos que no se va a producir un golpe de estado el 10 de enero. Por una parte, las fuerzas de la antigua MUD no cuentan con respaldo dentro de las fuerzas armadas venezolanas (afortunadamente). Y en realidad, desgraciadamente, ya el golpe de estado contra la constitución de 1999 fue ejecutado a lo largo del año 2017 y completado el recién finalizado 2018.

Las decisiones que tomó el TSJ, el CNE y el poder ejecutivo en boca de Maduro, convocando una asamblea constituyente que desconoció a la propia constitución vigente (sin convocar previamente un referéndum aprobatorio), la posterior realización de dichas elecciones a constituyente con un sistema electoral también violatorio de los principios constitucionales (estableciendo una representación regional y sectorial arbitraria, tramposa y absolutamente antidemocrática), la instalación de dicha constituyente y las medidas anticonstitucionales que ha tomado como poder de facto (destitución de la fiscal y designación de un nuevo poder ciudadano, entre otras), la convocatoria totalmente irregular e inconstitucional a elecciones de gobernadores, alcaldes y a presidente, conforman un golpe de estado ejecutado a lo largo de casi dos años y que le ha conferido a los poderes públicos un carácter ilegal e ilegítimo.

Para remate de este golpe de estado en desarrollo que ejecutan Maduro y su combo desde 2017, están los sospechosos resultados electorales de todos esos procesos comiciales convocados de forma ilegal por la inconstitucional ANC, en donde se presume que el CNE ha inflado tanto las cifras totales de votantes como las de votos específicos a favor de los candidatos del PSUV, incluyendo al propio Maduro.

El resultado de este golpe de estado en desarrollo lo observamos en el retroceso general que presenta hoy la sociedad venezolana. Nuestra economía a descendido a niveles productivos no vistos en los últimos 70 años. Los salarios de los trabajadores se equiparan a los que prevalecían en 1910, hace más de un siglo, antes de que arrancara la industria petrolera. La entrega de los recursos naturales como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamante, carbón y coltán, entre otros, se desarrolla bajo mecanismos de abierto entreguismo al capital extranjero (tanto chino como ruso, turco, iraní, estadounidense, canadiense y europeo), bajo contratos leoninos que perjudican los intereses nacionales y favorecen a las voraces multinacionales mineras, el eslabón más salvaje del capitalismo global.

Los derechos constitucionales de los trabajadores venezolanos han sido borrados del mapa por el propio ministerio del trabajo (Maduro puede asesorar en esto a Bolsonaro, quien quiere hacer lo mismo pero de una manera algo más bruta, eliminando al ministerio como tal), al desconocer todas las contrataciones colectivas y llevar los salarios a mínimos irrisorios que apenas representan el 1% de los salarios que se pagan en el resto de países latinoamericanos. La ejecutoria anti obrera del autodenominado "presidente obrero" se ha colocado muy por encima de las políticas antilaborales de dictaduras como las de Pinochet, Videla y demás dictadores de los 70-80.

El golpe de estado ya está dado y en pleno desarrollo. El intento de golpe externo que promueven las fuerzas pro-estadounidenses: OEA, Grupo de Lima, Unión Europea y el mismo gobierno de Trump refleja simplemente una pelea intercapitalista por el control de los ingentes recursos naturales que posee nuestro país. El eventual gobierno de fuerzas de la ex-MUD no haría nada distinto a lo que ya viene haciendo Maduro contra los trabajadores y contra los intereses de la nación.

En esta disputa del 10E la Asamblea Nacional, siendo el único poder al cual no se le podía acusar de inconstitucional, se ha deslegitimado al prestarse como títere de las fuerzas del capitalismo occidental en su intento por recuperar su control sobre Venezuela. Por esta razón, el pueblo trabajador no puede ni debe hacerse ilusiones con relación al 10E: ni habrá allí un cambio de gobierno, y en el supuesto negado que se produjera, ese nuevo gobierno de derecha no resolvería ninguno de los problemas fundamentales presentes en la grave crisis económica-social que afecta a todo el pueblo venezolano.

El único camino planteado es la continuidad de la lucha de las bases obreras y populares exigiendo el respeto de los derechos constitucionales hoy conculcados por Nicolás Maduro. La eventual salida del gobierno de Maduro debe realizarse mediante la convocatoria a elecciones democráticas con estricto apego a lo establecido en el texto constitucional de 1999, con plenas garantías para la participación democrática de las fuerzas políticas revolucionarias hoy perseguidas e ilegalizadas por el madurismo. No se debe respaldar la continuidad del fraudulento gobierno de Maduro, ni la conspiración extranjera aupada por el gobierno de Trump y sus países aliados.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 6 de enero de 2019.