No hay ninguna duda de que nos debemos oponer activamente a la política de Donald Trump, a la del grupo de Lima [1] y a las potencias europeas que quieren imponer al golpista Juan Guaidó como presidente del país, y que están listos para recurrir a diferentes formas de injerencia para lograrlo. Está claro que una vez más, Washington y varios de sus aliados invocan un pretexto humanitario para provocar las condiciones de intervención militar en un país del que codician sus importantes recursos naturales. La maniobra es grosera y es necesario denunciarla. Esta denuncia es importantísima puesto que, deliberadamente, los medios dominantes promueven la propaganda cuyo objetivo es justificar una intervención extranjera.
No hay ninguna duda de que nos debemos oponer activamente a la política de Donald Trump, a la del grupo de Lima y a las potencias europeas que quieren imponer al golpista Juan Guaidó como presidente del país
La situación la describen en blanco y negro, sin ningún matiz: un régimen dictatorial que condujo el país a la catástrofe rechaza la ayuda humanitaria cuyo pueblo necesita, mientras que un presidente que quiere la libertad para su pueblo, pide ayuda a los países amigos para hacer entrar la ayuda humanitaria, bloqueada en la frontera, que las masas populares necesitan.
Hay que denunciar esta representación mentirosa de la situación. El régimen de Maduro no es una dictadura: la oposición tiene la posibilidad de expresarse y de convocar manifestaciones de protestas. Además, Maduro fue elegido presidente por sufragio directo con participación de otros candidatos en dicha elección. Al mismo tiempo, está claro que la vía democrática que prevaleció durante el gobierno de Hugo Chávez progresivamente se fue reduciendo. Cuando el gobierno de Maduro decidió convocar la elección de una nueva asamblea constituyente, no se aplicó lo que se había hecho antes, durante la gestión de Chávez. No hubo un referéndum para decidir si era necesario o no convocar a continuación una elección general para elegir una asamblea constituyente. La selección de los y las candidatas a la constituyente estuvo marcada por una intervención autoritaria del Partido y del gobierno de Maduro para establecer las listas. Durante estos últimos años, en varias ocasiones se reprimieron protestas populares.
Está claro que lo que no funciona en Venezuela NO es resultado únicamente de la guerra económica llevada a cabo por los Estados enemigos del proceso bolivariano. Por supuesto es innegable que las medidas financieras y económicas tomadas por Trump desde 2017, que se agregaron a las menos agresivas ya decretadas por Obama [2], causan verdaderas dificultades a las autoridades y a la economía del país. Pero también existe una parte de responsabilidad del gobierno de Maduro y de la nueva burguesía bolivariana que nació y prosperó estos últimos años en el ámbito del gobierno y del partido de Maduro, el PSUV. La raíz del problema viene de lejos.
Más allá del discurso sobre el socialismo del siglo XXI, el gobierno permitió a la clase capitalista local conservar ampliamente su control sobre un sector mayoritario de la producción, de las finanzas y de la distribución. También se mantuvo un espacio importante para el gran capital extranjero: estadounidense, canadiense, europeo, ruso, chino y brasileño. El esfuerzo para diversificar la economía no fue suficiente y el país siguió siendo totalmente dependiente de la exportación de petróleo y de otras materias primas. La participación de la población en las orientaciones de las políticas económicas fue insuficiente, y un sector privilegiado y parasitario se desarrolló en el ámbito del poder, el conocido como la boliburguesía [3].
Está claro que lo que no funciona en Venezuela NO es resultado únicamente de la guerra económica llevada a cabo por los Estados enemigos del proceso bolivariano.
En un artículo precedente, publicado el 28 de enero, cinco días después de la tentativa de golpe de Guaidó durante el cual se autoproclamó presidente tratando de ocupar el lugar del presidente Maduro, salían varias críticas: «la prosecución del pago de la deuda externa en lugar de decretar una moratoria y de utilizar los recursos financieros así ahorrados para hacer frente, en mejores condiciones, a la crisis humanitaria que azota al pueblo venezolano. Desde 2016, el CADTM internacional exhortó al gobierno venezolano a realizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana (www.cadtm.org/El-CADTM-AYNA-exhorta-al). Otras críticas, desde la izquierda, de la política del gobierno de Maduro están también justificadas: la ausencia de una lucha contra la fuga de capitales organizada con la complicidad de las más altas autoridades de la administración y del gobierno, la prosecución del modelo extractivista exportador que favorece el agotamiento de los recursos naturales del país, la represión contra los delegados sindicales y contra otros activistas, el desarrollo de políticas clientelistas y un funcionamiento de la asamblea constituyente que no responde a las esperanzas que su elección había suscitado» (http://www.cadtm.org/Emmanuel-Macron-Pedro-Sanchez-Angela-Merkel-Theresa-May-no-tienen-ningun-17062)
Estas críticas son importantes, y es imprescindible responder a todas para que una solución favorable al pueblo de Venezuela sea posible.
Al mismo tiempo, está absolutamente claro que tanto la acción como las propuestas de Guaidó y de sus partidarios son antinómicas con respecto a las soluciones necesarias para Venezuela, respetando su soberanía. Guaidó quiera dar a las empresas privadas nacionales e internacionales más poder y margen de maniobra para explotar los recursos naturales y la fuerza de trabajo del país. Su victoria significaría la continuación del encadenamiento de Venezuela al sistema deuda, a favor de los acreedores nacionales (las fracciónes de la antigua burguesía que apoya a Guaidó y la de la boliburguesía que invirtió capitales en la compra de títulos de la deuda interna y externa con el fin de obtener una renta a costa del pueblo) y de los acreedores extranjeros (sociedades financieras estadounidenses como Goldman Sachs y fondos de inversión, bancos europeos y también sociedades rusas, chinas y otras). Guaidó no pondrá fin a la corrupción, a la fuga de capitales, a la especulación sobre los precios de los medicamentos y de los alimentos puesto que representa a la burguesía tradicional venezolana. Ésta nunca quiso invertir en la diversificación de la economía del país, y se comporta como una burguesía rentista cuyos intereses son totalmente contrarios a los de la inmensa mayoría de la población venezolana. Una burguesía que se contenta con exportar materias primas e importar casi todo el resto.
Pero además de todo eso, hay otro elemento fundamental para tener en cuenta: Guaidó solo tendrá éxito en su golpe si las potencias extranjeras intervienen directamente, logran comprar a una parte del ejército (que ya lo está anunciando bien alto Trump) y combaten a la otra parte. Si esta intervención en preparación no se detiene, lo que ocurrirá será dramático para el pueblo de Venezuela, para el conjunto del continente y también en el ámbito internacional. Los gobiernos latinoamericanos aliados de Washington contra Venezuela son ultrareaccionarios. Es suficiente con nombrar a los presidentes como J. Bolsonaro en Brasil, M. Macri en Argentina, I. Duque en Colombia, J. Morales en Guatemala, M. Vizcarra en Perú, J.C. Varela en Panamá, S. Piñera en Chile. A estos, hay que añadir que los principales países europeos — ocupando la primera fila Francia, Alemania, Reino Unido y España— temerosos de dejar escapar la ocasión de meter mano en una parte de las riquezas naturales de Venezuela, corrieron detrás de Estados Unidos para reconocer a Guaidó. Se deben denunciar estas políticas de antiguas potencias coloniales que, por otra parte, no dudan en sostener a verdaderas dictaduras como las de Abdel Fattah al-Sissi en Egipto, Idriss Déby en Chad o Mohammed Ben Salman en Arabia Saudí que martiriza a la población de Yemen y manda descuartizar en su embajada de Estambul a un periodista de la oposición. El gobierno del Estado de Israel, responsable de crímenes de guerra contra el pueblo palestino, sostiene también a Guaidó. Los medios dominantes mencionan sin cesar que la comunidad internacional apoya a Guaidó sin mencionar que hay sesenta países que anunciaron que continuarían reconociendo como presidente a Maduro, frente a los cincuenta que sostienen al autoproclamado presidente. Hay que señalar que los gobiernos de centro izquierda de México y Uruguay rechazaron seguir a los países del grupo de Lima y ofrecen sus buenos oficios para intentar una mediación, actitud que raramente es mencionada en la prensa.
Por todas estas razones, las fuerzas populares deben negarse a cualquier contacto con Guaidó y sus partidarios. Es necesario denunciarlo claramente como golpista, como representante del gran capital y como traidor a la nación puesto que llama a la intervención armada de Washington y sus aliados. Y, frente a esas amenazas de intervención extranjera, que no son para nada imaginarias, no hay otra opción que la de buscar la organización de un frente, el más amplio posible, para oponerse. Por supuesto, los dos campos enfrentados deben negociar para evitar una escalada del conflicto. Pero las fuerzas populares no deben encontrase con Guaidó, porque ese encuentro es utilizado para conseguir una apariencia de legitimidad. Es necesario también mantener autonomía y capacidad crítica con respecto al gobierno de Maduro.
Es necesario denunciar a Guaidó claramente como golpista, como representante del gran capital y como traidor a la nación puesto que llama a la intervención armada de Washington y sus aliados.
Frente a las medidas de agresión de diferente naturaleza adoptadas por Washington y sus aliados, y con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, el gobierno debería aplicar las propuestas que aparecen en el artículo «El bloqueo y el pirateo de los fondos gubernamentales imponen una moratoria de la deuda» del economista venezolano Simón Andrés Zúñiga, que se puede consultar en http://www.cadtm.org/Venezuela-El-bloqueo-y-pirateo-de-fondos-obligan-a-una-moratoria-de-la-deuda.
El autor comienza afirmando que: «La estratagema de la "ayuda humanitaria" no debe subestimarse, ya que es una de las cartas políticas más poderosas de la manipulación ideológica, a la disposición de fuerzas que están listas para barrer cualquier expresión de soberanía e independencia. Quieren convencer a la población, o a una gran parte de la población, que el gobierno viola los derechos humanos al impedir la entrada de los invasores.»
El autor advierte: «Barrer debajo de la alfombra las condiciones objetivas que sufre la población activa es una actitud suicida, que equivale a huir de la realidad. Es muy simple, el precio de un medicamento comprado en la farmacia puede superar por lejos la quincena o un mes de salario del trabajador o de la trabajadora, tal como lo indica el ticket de caja.»
Como se propone en el artículo: «Frente al caballo de Troya de la "ayuda humanitaria", promovida por los estadounidenses y sus aliados para justificar la violación y control del territorio venezolano, mientras se bloquea fraudulentamente el acceso a los depósitos y a los bienes soberanos de Venezuela, el gobierno debería organizar una movilización popular de solidaridad, implicando a todas las organizaciones y comunidades para responder a las necesidades sanitarias y alimentarias prioritarias, así como para organizarse con el fin de resistir un asedio delictivo. Esta etapa debería realizarse por medio de un amplio llamamiento a la participación de todos los sectores para determinar las prioridades, la utilización y el control de los recursos existentes. Eso constituiría una agenda de apoyo solidario con una amplia participación popular, contra el engaño de la agenda cínica de la "ayuda humanitaria".»
Las propuestas contenidas en la continuación del artículo, con las que nosotros podemos estar de acuerdo aunque hayamos agregado algunos elementos respetando su contenido, pueden resumirse de la manera siguiente:
1.- Frente a las medidas agresivas tomadas por las potencias extranjeras que no dudan en apropiarse de los bienes de la República de Venezuela depositados en el extranjero y necesarios para mantener intercambios comerciales, el gobierno debe declarar una suspensión del pago de la deuda externa.
Agreguemos que el derecho internacional permite a un país confrontado a una situación de urgencia, por ejemplo una crisis humanitaria, a decretar una moratoria unilateral del pago de la deuda (sin acumulación de intereses o de penalidades por retraso). Si, además, ese gobierno está confrontado a medidas del tipo de las tomadas por Washington sin ningún acuerdo con las Naciones Unidas, un acto unilateral de suspensión del pago de la deuda es aún más justificado.
2.- En lugar de utilizar la escasa reserva de divisas en el pago de la deuda, el gobierno las debe utilizar para satisfacer las necesidades básicas de la población. Como lo afirma el artículo: «La salud y la alimentación del pueblo deben tener prioridad sobre el pago de la deuda externa.»
3.- La moratoria debe acompañarse de una auditoría pública abierta y detallada que, sin ninguna duda, aclarará las numerosas maniobras y fugas ilegales de capitales que se produjeron bajo la protección del sistema financiero privado y de una parte de las autoridades del país.
4.- Hay razones políticas, económicas y un fundamento jurídico para sostener una decisión tan seria. La declaración unilateral de la moratoria de la deuda y la realización de una auditoría serían la prueba de una voluntad de revertir las prioridades en la buena dirección. Los recursos de la nación no deben servir en primer lugar al pago de la deuda, sino permitir la mejora de las condiciones de vida dramáticas que sufre una gran parte de la población venezolana. Al suspender el pago, el gobierno de Venezuela se encontraría en una posición de fuerza en relación a sus acreedores.
5.- La suspensión del pago de la deuda se aplicará a todas las deudas emitidas por el gobierno nacional y las emitidas por PDVSA (la empresa pública de explotación de las reservas petroleras).
6.- Es inevitable elaborar y poner en marcha con urgencia un plan de adquisición de alimentos y medicamentos en beneficio de la población. Simultáneamente, será necesario invertir medios financieros para desarrollar la producción nacional de alimentos y de medicamentos, para dar prioridad a los productores locales.
7.- Poner en marcha de forma inmediata un plan de apoyo solidario para la distribución de medicamentos y para tomar a cargo las personas afectadas de enfermedades graves como la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal, la enfermedad de Parkinson, el VIH/SIDA, entre otras, que deben tener un tratamiento permanente y estable. También, un plan similar para los medicamentos básicos que necesita la población.
8.- El gobierno y un frente de fuerzas que se opongan a la injerencia extranjera deben asumir esta tarea masivamente, integrando las personas afectadas y las organizaciones populares. Esta estrategia inclusiva y unificadora significa romper con la cultura paternalista, mistificadora, clientelista y electoralista que caracteriza a muchos países y también a Venezuela. Convocar a reunirse a todas las fuerzas, sin excepción, que se oponen a la injerencia extranjera. Una movilización popular es posible y necesaria si está animada por un frente amplio, con resultados inmediatos y eficaces, para hacer frente a la urgencia sanitaria y alimentaria, así como a la amenaza, bien real, de una agresión exterior.
9.- Las decisiones y la movilización deben y pueden ser respaldadas por un programa que habrá multiplicado los recursos para desenmascarar la farsa y la estafa de la ayuda humanitaria por el monto miserable de 20 millones de dólares.
10. En el caso de ciertos medicamentos, el plan debe superar la dependencia con respecto a las importaciones y orientarse hacia la sustitución de importaciones a pesar de las numerosas exigencias básicas, ya que existen las condiciones para la producción nacional. En ese sector, el acento no debería ponerse solo sobre los productos finales sino también sobre la adquisición de las sustancias activas y su producción nacional, lo que permitiría hacer progresos en la sustitución de importaciones.
11. Eliminar el ministerio de Alimentación, que se convirtió en un centro de importaciones sin sentido (y de fuga de divisas extranjeras) además de contribuir a la destrucción de la producción nacional. La idea es centralizar en un solo lugar las políticas de promoción y de sostén al sector agrícola, vegetal y animal. Ese organismo debe tener una visión coherente, coordinada e integral del sector agrícola.
12.- El comercio exterior deber tener control público y las informaciones que estén ligadas a los diferentes intercambios tendrán que ser transparentes.
13.- Las comunas (estructuras de base del país desde 2006) [4] deben tener un papel primordial en la producción agrícola. De hecho, hay experiencias de comunes que realizaron un desarrollo importante en cuanto a la producción y al nivel de conciencia política.
Ante la gravedad de la situación que vive el pueblo de Venezuela, no se puede dudar en tomar la propuesta de suspensión del pago de la deuda con el fin de reunir un fondo de urgencia para adquisición de medicamentos y alimentos.
Evidentemente, la aplicación de estas medidas implica hacer un gran cambio y depende de la voluntad política así como de la capacidad de las fuerzas populares de hacerlas propias y lograr que se apliquen.
En otro contexto, varias de las propuestas ya mencionadas habían sido adelantadas por la Plataforma por la Auditoría Pública y Ciudadana de la deuda de Venezuela en 2016-2017. La Plataforma proponía suspender el pago y realizar una auditoría pública y ciudadana de la deuda con el apoyo del CADTM (Comité para la abolición de las deudas ilegítimas), con la participación de los movimientos sociales y del pueblo organizado. Paulino Núñez y Oly Millán Campos explicaban: «… para determinar qué parte de esa deuda es odiosa e ilegítima (y por tanto sujeta a "quita" antes de cualquier eventual reestructuración), y así, ante el pago del servicio de la deuda, tal como lo viene haciendo el Gobierno, darle respuesta a los múltiples problemas de salud y de alimentación por los que está atravesando el pueblo venezolano.» http://www.cadtm.org/La-situacion-de-la-deuda
Los militantes del CADTM en Venezuela llevan a cabo, desde hace 20 años, una campaña por una auditoría de la deuda y desde 2016-2017 por la suspensión del pago de la misma dada la crisis humanitaria que afecta a la mayoría de la población del país.
Ante la gravedad de la situación que vive el pueblo de Venezuela, no se puede dudar en tomar la propuesta de suspensión del pago de la deuda con el fin de reunir un fondo de urgencia para adquisición de medicamentos y alimentos.
Notas
[1] El grupo de Lima está actualmente formado principalmente por los siguientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. México se retiró de este grupo informal cuando éste decidió apoyar al golpista Guaidó.
[2] Las sanciones financieras y económicas comenzaron con Trump en agosto de 2017:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41055728
Bajo la administración de Obama, se tomaron acciones específicas contra los funcionarios en diciembre de 2014 : https://apnews.com/16e5cb67ca184b7aaa32ded6c777c72a
Entraron en vigor en febrero de 2015: https://www.reuters.com/article/us-venezuela-usa-visas/u-s-slaps-visa-restrictions-on-current-former-venezuelan-officials-idUSKBN0L620D20150202
El 8 de marzo de 2015, Obama declaró que Venezuela constituía una amenaza para Estados Unidos : https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/23336/obama-ordena-nuevas-sanciones-contra-venezuela
Y Trump prolongó el decreto : https://www.dw.com/es/extiende-trump-decreto-que-declara-a-venezuela-amenaza-para-ee-uu/a-42808304
[3] Analicé de manera crítica los límites de la política del gobierno venezolano en un estudio publicado en 2009: http://www.cadtm.org/Luces-y-sombras-en-la-Venezuela . También analicé el fracaso de la revisión de la constitución en 2007 : «Transformar el fracaso del 2 de diciembre de 2007 en una potente palanca para impulsar el proceso en curso en la Venezuela de Hugo Chávez», http://www.cadtm.org/Transformar-el-fracaso-del-2-de
[4] La institución de los Consejos comunales en 2006, bajo el impulso del presidente Hugo Chávez, fue fuertemente marcada por la voluntad de instaurar la participación en la concepción y la realización de la política local. La ley sobre los consejos comunales , Ley de los consejos municipales (LCC) fue aprobada el 7 de abril de 2006 (http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/administrativo/ley-de-los-consejos-comunales.html) El gobierno de Hugo Chávez depositaba grandes esperanzas en esos Consejos, que concebía como «unidades territoriales de base de la participación popular y del autogobierno». El poder atribuido a los Consejos comunales es bastante importante ya que otorga el derecho a una «comunidad» de proponer y ejecutar un proyecto pudiendo, desde el primer año, llegar a los 30 millones de bolívares que en esa época era una suma significativa. Los Consejos comunales perdieron poco a poco su dinamismo y, actualmente, sería necesario volver a activarlos.
