EL BLOQUEO DE TRUMP ES CONTRA EL PUEBLO
¡NO AL SABOTAJE IMPERIALISTA DEL DIÁLOGO DE BARBADOS!
¡GOBIERNO Y ASAMBLEA NACIONAL DEBEN REINICIAR EL DIÁLOGO!
En la reciente reunión del Grupo de Lima, el supremacista John Bolton, Asesor de Seguridad de Trump, dejó claro que su gobierno no cree en el diálogo de Barbados y aseguró que esa iniciativa de Noruega, es solo para facilitarle a Maduro “comprar tiempo”, descalificando totalmente los esfuerzos realizados con la mediación de dicho gobierno, en la dirección de negociar una salida pacífica y constitucional a la crisis y, desconociendo la opinión de la inmensa mayoría de los venezolanos que desean una solución política y negociada a la crisis. Ignora lo dicho por el vocero oficial del gobierno noruego después de la última sesión de la mesa de diálogo, quien afirmó que el diálogo se ha desarrollado de manera “eficiente” y “en el transcurso de las negociaciones, las partes han reiterado su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional, enfocada en el bienestar del pueblo venezolano”. En esa mismo sentido el vocero del gobierno, Jorge Rodríguez, afirmó: “No vamos a levantar el diálogo. Estamos consiguiendo un punto posible de acuerdo con la oposición política venezolana”. El propio Guaidó señaló que las partes de común acuerdo decidieron darle la vocería al mediador y que se mantendrían en el diálogo. Son expresiones de que el diálogo y la negociación estaba avanzando con una mediación de sólida tradición histórica aceptada por ambas partes. Es en este contexto que el candidato-presidente Donald Trump, le da una patada a la mesa al disparar el misil de la nueva “orden ejecutiva” que profundiza el bloqueo económico, financiero y comercial del país por EEUU y prescribe sanciones contra todo individuo o empresa estadounidense o de terceros países que hagan cualquier tipo de negocio con el gobierno nacional e igualmente, ordena el “congelamiento” de todos los activos de Venezuela en EEUU.
La medida de bloqueo incluye a CITGO y las demás propiedades de PDVSA. Esta acción supuestamente evita que los acreedores (bonistas) de la industria petrolera venezolana embarguen sus activos en EEUU, pero en caso de obtener la licencia del gobierno de Trump, Crystallex podría ejecutar la sentencia del tribunal federal de Delaware (EEUU) que le otorga las acciones de PDV Holding (PDVSA), propietaria de CITGO, de lo cual es responsable directo el abogado apátrida José Hernández, quien actuó como “testigo experto” del demandante (Crystallex) contra la República y a la vez actuó como “procurador” designado por Juan Guaidó para su defensa, como parte de un entramado de corrupción que podría ocasionar la pérdida definitiva de ese complejo refinador. Guaidó miente y pretende eludir su responsabilidad en este escándalo de corrupción y con un cinismo solo comparable al de Nicolás Maduro afirma que ahora, con la “orden ejecutiva” de Trump, los activos de Venezuela en EEUU, incluyendo CITGO, estarán “protegidos”, cuando en verdad, le allanó el camino para que Crystallex tome el control de los mismos.
En su explicación de la nueva “orden ejecutiva” de Trump y del impacto que está teniendo en la profundización de la depauperación de los venezolanos el escalamiento de las sanciones financieras y comerciales de EEUU en contra del Estado, el diputado Juan Guaidó está demostrando una vez más, su total subordinación al gobierno de Trump y a la estrategia que adelanta el imperialismo estadounidense para provocar un desenlace de la crisis política venezolana que sea funcional a sus intereses económicos y geopolíticos globales, independientemente de que ello conduzca a una catástrofe humanitaria de proporciones inimaginables e incluso, a una intervención militar o a una guerra civil con participación internacional con su saldo de muerte y destrucción. Bolton dijo en Lima que las sanciones “no son un bloqueo contra el pueblo de Venezuela, sino contra el régimen de Maduro” y Guaidó repitió lo mismo en Caracas sin dar mayores explicaciones, llegando al colmo de afirmar que “esta acción busca proteger a los venezolanos”.
Lo cierto es que estas sanciones sumadas a las anteriores están enfocadas en la paralización total de las exportaciones petroleras de la cual dependemos, como ocurrió en el paro petrolero de 2003. No están diseñadas para afectar individualmente a Maduro y a su corte de burócratas corruptos e incapaces, porque de hecho la mayoría de ellos ya han sido sancionados. Tienen efectos generales y están dirigidas a bloquear totalmente la economía, el intercambio comercial y financiero, afectando no solo al gobierno sino también al sector privado. Por esa razón la Unión Europea se pronunció en contra de ésta medida, porque también afecta a las empresas de de origen europeo establecidas en el país. A pesar del discurso falaz de Guaidó y sus tutores del norte, tampoco exceptúa la importación de alimentos y medicinas, porque aún cuando la orden ejecutiva de Trump formalmente exceptúa estos rubros, en la práctica esa disposición quedará como letra muerta, tal como ha ocurrido en casos similares. De hecho, ese bloqueo podría impedir que organizaciones internacionales de cualquier naturaleza hagan llegar al país la potencial ayuda humanitaria, tal como lo han denunciado algunas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos[1]. Como bien lo señala Mark Weisbrot (CEPR, Washington), “(...) el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos”. También la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet se pronunció, ésta vez explayándose como no lo hizo en su informe en relación con su reciente visita a Venezuela, sobre el impacto que tendrán las sanciones y el bloqueo económico en la vulneración continuada de derechos humanos fundamentales del pueblo venezolano, señalando además que “Las nuevas sanciones de EE.UU a Venezuela pueden tener un impacto severo en la población. Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”. Así mismo, afirmó que “precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela, no es una base para la solución pacífica de la controversia”, sino todo lo contrario agregamos nosotros, es más bien el camino expedito para agudizar la confrontación, mientras John Bolton, sin eufemismos y de manera grosera, espetó lacónicamente ante el Grupo de Lima: “el tiempo del diálogo ha terminado[2]”.
Lo que persiguen estas medidas es asfixiar al pueblo no a Maduro, ya que éstas por el contrario, tal como lo demuestra la experiencia histórica, tenderán a afianzarlo en el poder ante la agresión imperialista utilizada como excusa, ahora con evidencias incontrovertibles, para justificar y encubrir la corrupción y su régimen autoritario.
El bloqueo imperialista a Venezuela tiene tres objetivos inmediatos: 1) Liquidar el diálogo de Barbados auspiciado por Noruega entre la Asamblea Nacional y el gobierno de Maduro e impedir cualquier avance hacia una salida política negociada a la crisis política; 2) Chantajear hasta la humillación al pueblo de Venezuela y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejerciendo una fuerte presión económica para que se levanten contra el régimen de Nicolás Maduro, a través de una explosión social y/o un golpe de Estado, que justifique una intervención internacional; 3) Imponer un gobierno de transición encabezado por “el delfín de Trump”, el autoproclamado y sin legitimidad de origen Juan Guaidó, para aplicar en un período indeterminado un plan de gobierno “made in USA” y su portafolio de negocios conexo a distribuir entre los aliados, cuyo contenido es desconocido por los venezolanos aunque si fue expuesto por Wilbur Ross, Secretario de Comercio de EEUU, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al presidente de Colombia, Iván Duque y más recientemente, en la reunión del Grupo de Lima (6/8/19). Se trata de un plan para Venezuela, que se aplicará el día “D” (después que salga Maduro) que no conocen los venezolanos, financiado con endeudamiento de la República, para que lo implemente un presidente impuesto desde afuera a través de un bloqueo económico y la amenaza de una intervención extranjera a la patria de Simón Bolívar, quien gobernaría al margen de la Constitución con base en el llamado “estatuto de la transición”, que prevé la reorganización de la FANB con la intervención de EEUU y sus aliados y la reestructuración del sistema electoral antes de convocar a elecciones. Se trata de una operación de caída y mesa limpia.
Ante esta situación:
- Rechazamos el bloqueo criminal que adelanta EEUU contra la República Bolivariana de Venezuela, el cual agravará las ya precarias condiciones de vida del pueblo consecuencia de la crisis sistémica provocada por los desafueros y desaciertos del gobierno autoritario de Nicolás Maduros, llevándola a límites extremos que podrían derivar en una catástrofe humanitaria, que incrementará exponencialmente la diáspora y la destrucción de la sociedad venezolana. Llamamos a la comunidad internacional y a los pueblos de Nuestra América y del mundo a levantar su voz de protesta frente esta acción inhumana del imperialismo estadounidense, que pretende retrotraernos a a los tiempos en que fuimos colonia del imperio español.
- Reafirmamos el derecho del pueblo soberano a su independencia y a decidir su destino en paz y en democracia, porque tal como lo establece la Constitución en su artículo primero: “(...Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. El bloqueo imperialista decretado por el gobierno de Trump vulnera ese principio fundamental, al pretender imponernos por la fuerza un curso de acción que vulnera también la Carta de la Naciones Unidas.
- Exhortamos al gobierno de Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional a retomar el diálogo con la mediación de Noruega, asumiendo como prioridad la atención de la crisis social compleja agravada con la aplicación del bloqueo por EEUU. Así mismo, explorar acuerdos que permitan avanzar hacia la superación de la crisis política y de gobernabilidad que amenaza la República, a través de una salida constitucional, soberana y pacífica sustentada en el ejercicio de la soberanía popular. En esta hora que vive la Patria, para que sea eficaz el diálogo y la negociación debe hacerse de cara al país y gozar de la legitimidad necesaria para que sus acuerdos sean asumidos por la Nación más allá de las diferencias políticas. Insistimos que el diálogo debe ser progresivo, inclusivo, nacional y constitucional para que sea eficaz y legítimo.
- Proponemos que la crisis de legitimidad y fragmentación del poder público sea resuelta pacíficamente de común acuerdo entre las partes en conflicto, como manda la Constitución en su artículo 71 para resolver un “asunto de especial trascendencia nacional” como el que hoy vivimos, a través de un referéndum consultivo en el que el pueblo decida la relegitimación de todos los poderes públicos a través de la convocatoria a elecciones y el inicio de un proceso de reconstrucción y reinstitucionalización del país.
!POR UNA SALIDA PACÍFICA, CONSTITUCIONAL Y SOBERANA¡
¡QUE EL PUEBLO DECIDA!
¡REFERÉNDUM CONSULTIVO YA!
Ana Elisa Osorio Andrea Pacheco Edgardo Lander Esteban Mosonyi
Gustavo Márquez Marín Héctor Navarro Juan García Oly Millán Santiago Arconada
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