El comunicado que la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” hizo público el pasado 2 de marzo para acusar de traidores a la patria a los ciudadanos Alfredo Chirinos Azuaje y Aryenis Torrealba tiene en uno de sus párrafos la muy extraña afirmación de sustentar la acusación en una fuente proveniente, aparentemente, del propio gobierno de los Estados Unidos.

Dice así el párrafo indicado: “Esta miserable traición les confirió la calificación por parte del gobierno estadounidense como “colaborador de alto nivel”, al aportar valiosa información interna del gobierno venezolano”.

Esto de por sí es un absurdo completo. ¿Acaso el gobierno se basó en un informe de inteligencia proveniente de la CIA? ¿Cómo es eso de tomar por cierto un supuesto informe confidencial de la CIA cuando el imperialismo yanqui trata por todos los medios de derrocar a Maduro? ¿Se le puede creer a un informe filtrado por los gringos, cuando lo más probable es que sea completamente falso y dirigido a crear conflictos internos dentro del gobierno venezolano?

¿Serán nuestros cuerpos de inteligencia tan bolsas como para dar por verdadero un informa que provenga del imperio? ¿O será un argumento falaz de quiénes montaron esa olla pseudojurídica para detener a dos honestos trabajadores que denunciaban la corrupción dentro de PDVSA?

Esas acusaciones tan rotundas de “traición a la patria” exponen a los acusados a las máximas penas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, y las realiza la comisión presidencial sin haberse iniciado siquiera la investigación por parte de la Fiscalía. El citado comunicado de la flamante comisión presidencial dice expresamente: “…se ha solicitado al Ministerio Público el inicio de la correspondiente investigación penal”. Es decir, los califica de traidores antes de iniciarse el respectivo juicio, sin derecho a la defensa y saltándose el debido proceso.

Es el mismo procedimiento anticonstitucional que han ejecutado contra muchos directivos de PDVSA detenidos en años anteriores, los cuales no han tenido un verdadero juicio y permanecen prisioneros en el limbo jurídico de un gobierno que se ha pasado por el forro muchos de los derechos democráticos contemplados en nuestra Constitución Bolivariana.

Ni a Hugo Chávez luego del alzamiento del 4F se le acusó de traidor a la patria. Es una acusación muy pesada para hacerla alegremente en un corto comunicado que no explica nada y que se hace previo a cualquier investigación.

Por cierto, como responsables directos de ese dichoso “comunicado” que condena antes de juzgar y que pareciera un distractor para que sigan campantes los verdaderos corruptos dentro de PDVSA, además de Tarek El Aissami, están como principales Padrino López, Ceballos y Reverol, es decir, todo el alto mando militar-policial de la revolución, que se juega su “prestigio” y su “lealtad” con este mamotreto de documento que ha desatado una tormenta muy real en las bases del chavismo-madurismo popular.

De comprobarse lo farsesco de ese comunicado, quedarían en entredicho todo el alto mando político-militar de la revolución. Pues hasta la Asamblea Constituyente queda en entredicho al no haberse planteado en su seno (recordemos que el padre de Alfredo Chirinos es diputado a la Constituyente) un debate para establecer la legalidad del procedimiento seguido y de las detenciones efectuadas.

Alfredo y Anyelis son hoy víctimas de una burocracia que se resiste a ser investigada y a ceder espacios de poder, pero también su detención se ha convertido en una papa caliente de la cual Maduro no se va a poder salir bailando salsa ni hablando incoherencias como lo hace diariamente.

El pueblo chavista debe seguir denunciando esta barrabasada del gobierno. Detener a unos camaradas revolucionarios porque supuestamente el gobierno de los Estados Unidos, por medio de una vía totalmente desconocida, los califica de “colaboradores de alto nivel”, puede quedar como un buen chiste, si no fuera porque ese argumento es lo único que se usa como excusa para detenerlos y condenarlos, sometiéndolos al escarnio público, sin previo juicio y sin derecho a la defensa. Por cierto ayer se dijo que los detenidos no se les permitió recurrir a abogados privados, y se les impuso defensores públicos de presos, que en casi todos los casos son abogados sometidos al control del poder judicial, que a su vez está sometido totalmente al poder ejecutivo de Maduro.

Lo último es la noticia de que en la Conferencia de la OPEP realizada en Viena nos representó el general Quevedo, responsable de este mega fracaso gerencial que en dos años terminó de hundir el barco de la industria petrolera venezolana.

La flamante comisión presidencial “Alí Rodríguez” parece que se convertirán en los sepultureros de la PDVSA bolivariana que enfrentó junto a Chávez la ofensiva imperial del 2002 y que por momentos permitió que soñáramos con una verdadera independencia económica y política.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 6 de marzo de 2020