En relación con la decisión de la Junta Directiva paralela de la AN de transferir los 342 millones de dolares depositados en el City Bank para transferirlo a la Reserva Federal y disponer de ese dinero siendo propiedad de la República hay que aclarar varias cosas. Primero: Esa junta directiva es una junta Fantasma porque en Enero se escogió y designó una Junta nueva mas allá de que aun la AN como cuerpo no haya salido del desacato tal como lo dispuso el TSJ. Lo otro es que el supuesto fundamento jurídico de ese acuerdo descansa en una ley espurea y declarada nula por el TSJ que ellos promulgaron como Estatuto que rige la Transición a la Democracia bajo el peregrino e incongruente argumento de restablecer la vigencia de la Constitucion.
Cómo se podría restablecer la vigencia de un texto constitucional que ellos mismos se encargaron de violar porque su Estatuto fue un adefesio jurídico que pretendió crear opciones inexistentes en la Constitución para designar una Junta de Gobierno y elegir al CNE, magistrados del TSJ y otros cargos de los demás poderes públicos. Segundo: No contento con esas tropelías y acciones de facto por parte de esa Junta de orientación nazi fascista el acuerdo del 15/4/2020 ni siquiera respetaron su propio Reglamento de Interior y Debates para conseguir el Quórum reglamentario pero para mayor desmadre deciden efectuar una sesion "virtual" que tampoco esta prevista en el citado Reglamento y mucho menos en la Constitucion. Tercero: Con esa ausencia de argumentos deciden producir un acuerdo en una sesión que nunca existió para facultar a una Junta Directiva ad-hoc del BCV que preside Ricardo Villasmil, Junta esta de 5 miembros nombrada por Juan Guaido y disponer cual aves de rapiña los millones perteneciente a la República Bolivariana. Mas alla de los lógicos anuncios del BCV de demandar ante las instancias judiciales ese grosero despojo lo que queda claro y a la vista de todo el Pueblo Venezolano es que no se puede seguir consintiendo como algo normal lo que es absolutamente anormal y además criminal.
Debe haber una respuesta rápida y concreta de carácter jurisdiccional y para ello es indispensable que el Fiscal General asuma de una vez por todas la persecución penal ipso facto en contra de quienes integran esa junta paralela además de Juan Guaido, es decir imputar por un concurso real de delitos a Juan Pablo Guanipa primer vicepresidente, Carlos Eduardo Berrizbeita segundo vicepresidente, Angel Palmieri Becchi secretario y Jose Luis Cartaya subsecretario de esa Junta.
Pero además deberá imputar a todos y cada uno de los diputados consultados y firmantes de esa sesión virtual quienes por encontrarse en plena flagrancia deberían ser aprehendidos y privados de su libertad y si lo prefiriera solicitarle sus allanamientos de sus inmunidades a la Sala Plena del TSJ para poner tras rejas a esa camada de delincuentes apátridas y contumaces una y otra vez en la comisión de múltiples delitos pero además se debe solicitar al Tribunal competente la inmediata confiscación de todos los bienes personales, cuentas bancarias, acciones en sociedades civiles y mercantiles de todos los que prestaron su firma para consumar tamaño despojo.
Esa accion penal debe contemplar las sanciones mas severas contra los autores, coautores, cooperadores, complices y encubridores en cuanto a su participacion en ese acto legislativo como lo es el espureo, ilegal e inconstitucional acuerdo de esa sesión virtual de la junta directiva paralela que usurpa Juan Guaido de fecha 15 de Abril de 2020 que permitió en contubernio con un País como los EEUU que nos declaró como una amenaza inusual y extraordinaria, y en consecuencia que nos ha dado trato de enemigo y como prueba de ello nos viene librando una guerra híbrida y multimodal que no se ha complacido con las medidas económicas unilaterales y crueles que ha precarizado y empobrecido a la población mas vulnerable de nuestro Pais; causando además muertes y todo tipo de padecimientos de salud; producto del bloqueo económico y financiero.
Si el Fiscal no procede, y solicita el enjuiciamiento penal contra estos parlamentarios así como a la junta ad hoc del BCV no nos quedara otra opción que acudir vía acusación penal privada y querellarnos ante el TSJ en contra los responsables de este bochorno que nuevamente afecta los intereses supremos de la República de Venezuela.
Señor Fiscal tiene Usted la palabra.
