Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
ACUERDO PRE-ELECTORAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA SOCIAL
VOTAR PARA SALVAR LA REPÚBLICA E IMPULSAR LOS CAMBIOS
- Crece la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil
El reciente estudio de Caritas, "Nutrición infantil y seguridad alimentaria de abril 2020[i]"detectó que la desnutrición grave de los niños menores de cinco años creció en apenas 6 meses en un 5.78 %, al pasar de 11.5% en noviembre de 2019 a 17.3% en abril de 2020. Otro hallazgo importante de esa investigación es que en ese mismo período disminuyó en casi un tercio, el número de hogares con acceso a los alimentos subsidiados por el Estado a través de las "cajas CLAP[ii]" de 73% a 41 %, mientras su inseguridad alimentaria creció en los últimos seis meses de 32.2% a 40% del cual el 21% sufre de inseguridad alimentaria grave. Al comparar estas cifras con las plasmadas en el informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA)[iii], elaborado con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro antes de que se decretara la cuarentena (2019), se observa que hay una fuerte aceleración de la desnutrición vinculada con el incremento de la pobreza y la precarización social masiva.
Éstas son señales inequívocas que comienzan a develar el rostro pavoroso de una hambruna en progreso, la cual podría ser detonada por la propagación a mayor escala del coronavirus y la ralentización de la actividad económica generada por la profunda recesión continuada que afecta al aparato productivo nacional e internacional y la depresión de la demanda debido a la pulverización del salario real degradándolo a la condición de esclavo y al bajón del ingreso de los hogares venezolanos[iv], en un ambiente de inflación galopante y de disminución abrupta de las importaciones. A ello se agrega la carga del paro inducido por la cuarentena y el aislamiento social, además del endurecimiento de las sanciones criminales del gobierno de EEUU respaldadas por el sector extremista de oposición (G4[v]) que lidera Juan Guaidó, las cuales han agravado la crisis de la industria petrolera producto de la incapacidad y la corrupción de la gestión del gobierno de Maduro, empujándola hacia el colapso general. De hecho, según el más reciente informe de la OPEP[vi] la producción petrolera de Venezuela cayó 54.000 b/d en mayo para ubicarse en apenas 570.000 b/d, acumulándose una reducción de la extracción de crudo desde 2018 de 784.000 b/d y en los últimos 5 meses de 226.000 b/d. El terrible escenario de una catástrofe social se hace más cercano por la incapacidad estructural de la atención sanitaria con sus graves carencias en la gestión, infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos, además de las enormes deficiencias existentes en los servicios básicos.
El sector extremista de la oposición liderado por el binomio López-Guidó subordinado a la Casa Blanca, ha venido actuando impúdicamente como peón del gobierno de EEUU, ejecutando al pie de la letra sus movimientos tácticos y estratégicos para someter a Venezuela bajo su control hegemónico levantando la doctrina Monroe, con el supuesto propósito de provocar la aceleración del colapso económico y el estallido de la violencia social, calculando equivocadamente que ello podría estimular la fractura de la fuerza armada y el establecimiento de un gobierno de transición tutelado desde Washington hecho a su medida. El eje de esa estrategia es la aplicación por el gobierno estadounidense de duras sanciones económicas y financieras, con un alto impacto en la población debido a la extrema vulnerabilidad de la economía venezolana y su dependencia crónica de los ingresos petroleros.
- Maduro se quita la careta y como buen neoliberal criminaliza la protesta social justa
Ante la gravedad de las fallas en la prestación de los servicios esenciales como el suministro de gas, electricidad, agua, gasolina y la imposibilidad de acceder a los alimentos debido a los exiguos ingresos de la gran mayoría de la población y los altos precios de los bienes y servicios, además de la corrupción que rodea la gestión pública, se han multiplicado las protestas diarias en todo el país, incluso a pesar de las medidas de cuarentena y aislamiento físico que se vienen aplicando. La respuesta del gobierno autoritario de Maduro ha sido la represión y la criminalización de la protesta y, en algunos casos, el encarcelamiento y la persecución de trabajadores, líderes sindicales y comunicadores sociales, violándole sus derechos humanos.
Éste patrón de conducta del gobierno bajo el "estado de alarma" excusándose en la pandemia y el "estado de excepción" permanente justificado por la llamada "guerra económica" y las aventuras golpistas de la oposición extremista, se está deslizando hacia una violación cada vez más fuerte de los derechos democráticos y constitucionales del pueblo venezolano. Sin embargo, el efecto político de los intentos de golpe de estado fallidos promovidos por ese sector extremista opositor, incluyendo la incursión mercenaria del 3 de mayo próximo pasado con el apoyo de los gobiernos de EEUU y Colombia, y la aplicación de las drásticas sanciones económicas promovidas por éste, solo han servido para victimizar al pueblo y ofrecerle al gobierno la oportunidad de evadir su responsabilidad mediante el manejo de un discurso "antiimperialista" con el cual pretende ocultar sus graves corruptelas, falencias y errores.
Al señalar a las sanciones como la "única" causa de todos los males que aquejan al pueblo venezolano, pretendiendo con ello ocultar su responsabilidad fundamental en la crisis existente y el brutal ajuste económico que viene aplicando de facto, pulverizando el salario, mientras aplica un proceso de liberación económica sin enfrentar los desequilibrios estructurales de la economía, permitiendo que los precios se ajusten, menos el del salario mínimo mensual que se mantiene rezagado en 4 dólares mensuales, en un mercado especulativo e hiperinflacionario, que ha convertido en poco tiempo a Venezuela en uno de los países más desiguales del orbe.
- El Binomio neoliberal bipolar Maduro-Guaidó prioriza sus intereses no la gente
En éste escenario la gran mayoría de los venezolanos lucha desesperadamente, en condiciones cada vez más adversas y angustiosas, para no sucumbir a la amenaza de la pandemia y sus secuelas, sin medios para sostener su existencia, con un apoyo totalmente insuficiente y cada vez menor de un estado corrupto, fragmentado e ineficiente, que ha sido cooptado desde su raíz por intereses mafiosos. El bienestar de esa mayoría nacional ha sido relegado a un segundo plano por un liderazgo, que habiendo perdido gran parte de respaldo popular que ostentaba, ha mantenido una confrontación político institucional suicida en un juego suma cero, mortal para los venezolanos, porque todas las energías y recursos que manejan ambos, el gobierno autoritario de Maduro y el sector golpista de la oposición (G4), están concentrados en la lucha por el poder sin importarles los costos en vidas humanas y las consecuencias que tiene la demolición del tejido económico, social, e institucional del país para las generaciones presentes y futuras.
La desconexión e indiferencia de esa élite política bipolar con el drama social que sufre la gente, tanto del lado del gobierno autoritario como del lado de la oposición golpista del G4, se ve reflejada en el último estudio de opinión de Datanalisis[vii], según el cual la mayoría de la población desaprueba la actuación de ambos factores frente a la pandemia del Covid-19[viii] y evalúan negativamente su gestión en un 76.7 % en el caso de Maduro y en 61.6 % en el caso de Guaidó. En ese mismo estudio se señala que el 61% de la población quiere que gobierno y oposición se pongan de acuerdo para atender conjuntamente la emergencia del coronavirus, sin que ello signifique renunciar a sus posiciones políticas, lo cual encierra una exigencia a los actores políticos para que prioricen y asuman con la urgencia que la situación amerita, la atención de la emergencia social compleja existente en el contexto de la lucha contra la pandemia.
En el marco de la polarización extrema en la que se ha privilegiado la agenda política partidista por encima de la vida, se ha venido abriendo una brecha profunda, cada vez más amplia, entre la gente y ese liderazgo político polarizado, que ostenta una frágil representatividad institucional del poder constituido -ejecutivo y legislativo- por su actuación de espaldas a las necesidades del pueblo. Una representatividad que le fue delegada con las limitaciones que establece la Constitución que ambos factores en conflicto violan sistemáticamente.
- Se está reconfigurando el escenario político
En estas circunstancias se ha configurado un cuadro político caracterizado por la pérdida de confianza en la élite política bipolar y la tendencia pronunciada de la mayoría de la población a caer en el escepticismo y la desmovilización, acentuada por la destrucción del tejido social, económico e institucional y el aislamiento propio de la cuarentena. A ello se suma la desconfianza en el árbitro electoral que tomó cuerpo en el imaginario colectivo, debido a la actuación irregular e inconstitucional del CNE[ix] a partir de 2016 y la matriz abstencionista sembrada en un sector de la población por la oposición golpista, promotora de una salida violenta a través de la intervención extranjera.
Para tener una visión más cercana a la realidad política venezolana en la coyuntura actual, es necesario dibujar con mayor precisión la composición de la oposición venezolana y su alineamiento en el contexto de la polarización actual, desde la cual se ha simplificado el espectro opositor invisibilizando a los actores políticos y sociales que siendo opositores al gobierno, se han deslindado de la estrategia extremista de "rendición" por la fuerza de Nicolás Maduro impulsada desde Washington y promovida por sus marionetas de la extrema derecha elitesca, Leopoldo López y Juan Guaidó, con el respaldo de la alianza partidista del G4. Dicha estrategia ha pretendido condicionar cualquier negociación a la salida previa del poder de Nicolás Maduro.
Por su parte sectores importantes de la oposición que inicialmente participaron en la elecciones presidenciales del mayo del 20 de 2018, oponiéndose a la abstención promovida por el G4 y Washington, impulsaron la estrategia del "diálogo y la negociación" como la vía para lograr una salida pacífica, constitucional y soberana a la crisis, la cual coaguló en la llamada Mesa de Diálogo Nacional (MDN) constituida con el gobierno de Maduro. Desde esa instancia se inició un proceso de desbloqueo de la ruta pacífica, democrática y soberana, a partir de la posible concreción de una serie de condiciones que permitan recuperar la confianza en el voto como instrumento de cambio y el inicio de un proceso de restablecimiento de la gobernabilidad e institucionalidad democrática perdida en el fragor del conflicto político polarizado. Esas iniciativas de algunas organizaciones políticas de la oposición democrática[x], además de desmarcarse del sector golpista liderado por Juan Guaidó, contribuyó a abrirle un camino a la participación nacional en las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para finales de 2020.
Otra señal importante del nuevo escenario político que está emergiendo es la reestructuración interna de la alianza del G4, a partir de la confrontación de posiciones políticas y estratégicas divergentes, en el seno de los partidos que la integran, derivadas del fracaso de la estrategia golpista, abstencionista e intervencionista promovida por el gobierno de EEUU y sus operadores políticos en la cúpula de los partidos del G4, la cual en lugar de debilitar al gobierno autoritario de Maduro lo ha fortalecido, a costa de la aplicaciones de duras sanciones que solo ha degradado más la vida de los venezolanos y venezolanas. Están surgiendo nuevos actores en los partidos y también, en el seno de la sociedad está emergiendo un movimiento de organizaciones sociales que están impulsando una salida pacífica, soberana y constitucional a la crisis.
- Se abre una rendija para reafirmar la soberanía y volver a la Constitución
En su afán de mantenerse en el poder, Maduro le dio vida a la Mesa de Diálogo nacional (MDN[xi] buscando profundizar la división del bloque opositor, pero también, con el fin de aprovechar esa oportunidad para legitimarse y lograr un cierto reconocimiento de la llamada "comunidad internacional", presionado por el boicot internacional adelantado por la administración Trump contra Venezuela. Más allá de que esas sean sus intenciones respondiendo a la lógica del poder y de que se haya levantado una polvareda en contra de esa iniciativa en las redes sociales manejadas por el extremismo opositor, el diálogo ha producido algunos resultados tangibles como la liberación de algunos presos, la incorporación de los diputados del partido de gobierno (PSUV[xii]) a la Asamblea Nacional y la consecuente designación por consenso de la Comisión de Postulaciones Electorales responsable de postular los candidatos a miembros del CNE, la cual no cumplió su misión debido a la dilación intencional aplicada por los representantes del G4.
Ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional, por estar fragmentada, de reunir dos tercios de los diputados para designar los rectores del Poder Electoral como manda la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al igual que lo hizo por la misma razón en tres oportunidades anteriores en los últimos 20 años, declaró la omisión legislativa para proceder a designar los nuevos integrantes del poder electoral. Esa designación se hizo a partir de una demanda de las organizaciones opositoras que forman parte de la MDN, en la cual además de solicitar la designación de los rectores del poder electoral, exigió la aplicación de la representación proporcional prevista en el artículo 63 de la Constitución. En la nueva composición del CNE designado por el TSJ la oposición tiene dos rectores principales en lugar de uno, además de dos rectores suplentes, lo cual constituye un avance significativo en relación a la composición del CNE que rigió las elecciones de 2015 en las cuales resultó vencedora la oposición por una amplia mayoría.
En condiciones normales lo que corresponde es que sea la Asamblea Nacional la que designe el CNE y que éste sea el resultado de una negociación política en su seno para garantizar un árbitro electoral equilibrado, sin embargo, ello no fue posible debido al conflicto político institucional y particularmente a la falta de voluntad política del sector golpista de la oposición. Si bien la designación de un nuevo CNE y la implementación de la representación proporcional son pasos importantes para lograr la elección de una nueva Asamblea Nacional más representativa de la sociedad venezolana, lo que realmente va a permitir que se exprese fielmente la voluntad popular, es que el sistema electoral en su conjunto cumpla con las garantías de transparencia, confiabilidad, imparcialidad y oportunidad. Eso implica revisar las normativas y procesos que en los últimos años han contaminado el sistema, limitando la participación política y distorsionando los resultados. En ese sentido consideramos fundamental que se adelante la depuración y actualización del registro electoral, facilitar la participación de las organizaciones con fines políticos y por iniciativa propia, eliminación de las inhabilitaciones que no tengan sentencia judicial firme, observación nacional e internacional, prohibición del voto asistido, plan república imparcial, financiamiento de las campañas electorales, presencia equitativa en los medios, restablecimiento e integridad del sistema de votación automatizado.
Para que esas garantías se hagan efectivas en medio de las grandes dificultades que afectan a la sociedad venezolana, es crucial el peso de la presión que ejerzan las organizaciones políticas y movimientos sociales, para que se respete la voluntad del soberano. Es vital la organización electoral y la presencia de los testigos en las mesas, pero sobre todo, es fundamental dar la batalla contra el abstencionismo desmovilizador y para convertir el voto masivo en el instrumento del cambio político soberano, a través de la elección de una nueva Asamblea Nacional plural y diversa que exprese a la sociedad venezolana y tenga la legitimidad para emprender el proceso de reinstitucionalización del país y de reafirmación de la soberanía del pueblo venezolano frente a la injerencia externa. Con la elección de la Asamblea Nacional se puede abrir una rendija para volver a la Constitución y sacar del juego a los intereses extranjeros que quieren convertir a Venezuela en un protectorado colonial para saquear sus recursos naturales a través de la profundización del modelo extractivista primario exportador.
- Acuerdo pre-electoral para atender la emergencia social
El gran enemigo a vencer en las próximas elecciones parlamentarias es la abstención. Hay varios factores objetivos y subjetivos que gravitan en el imaginario colectivo para desestimular el voto, haciendo que un sector importante de la población se mantenga indiferente, escéptico y con propensión a la abstención. La verdad es que una buena parte del país no está viendo la elecciones como un asunto determinante para "resolver su día a día", porque está concentrada en la búsqueda de la sobrevivencia para no sucumbir al hambre en medio de la amenaza de la pandemia y de su incapacidad económica para cubrir los costos de la canasta básica, de la avalancha del desempleo enmascarado en el trabajo informal resultante de la profunda contracción económica agravada por la cuarentena y de la precarización de los servicios de agua, gas, gasolina, transporte, comunicaciones y electricidad.
A ello se agrega la matriz de desconfianza en el árbitro electoral debido a su percepción, con base en los hechos de los últimos años, de que éste actúa parcializado a favor del oficialismo y podría manipular los votos. Otro factor que está presente con el fin de frenar la participación electoral es la intensa campaña abstencionista que ya se inició a través de medios internacionales y redes sociales, aupada y financiada por los poderes fácticos, para impedir que el pueblo venezolano ejerza su soberanía e inicie, sin el tutelaje externo, el proceso de reinstitucionalización y retorno a la Constitución.
Quizás el factor que podría pesar más en el desestimulo de la participación electoral, especialmente en el sector que desea un cambio de gobierno, es la pérdida de confianza en la élite política que maneja los resortes del poder, tanto en la que lidera Maduro como en la que lidera Guaidó y los partidos que lo acompañan desde el G4, por su insensatez, indiferencia e insensibilidad ante el sufrimiento de las grandes mayorías y porque los "cascarones vacíos" de las instituciones existentes, tienden a actuar en función del clientelismo y de la disputa política, sin priorizar las necesidades urgentes y las penurias que padece el pueblo.
En el imaginario colectivo hay conciencia de que las soluciones a los problemas sociales, con mayor razón en tiempos de escasez de recursos y emergencia social, no pueden esperar por la renovación de la Asamblea Nacional, aún cuando ésta se realice dentro de seis meses, porque el hambre, la miseria y el coronavirus no siguen los tiempos políticos y no esperan a que se realicen los comicios. Hay conciencia de que las decisiones políticas son complejas y tienen su tiempo de maduración, pero solo a quienes viven en una burbuja de cristal al margen de la realidad, se les puede ocurrir exigirle al gobierno de EEUU que aplique sanciones más duras y supeditar la solución de problemas urgentes como el acceso a la comida, a la atención sanitaria en tiempos de coronavirus y a la disponibilidad de electricidad, así como, la facilitación de la cooperación internacional humanitaria, la disponibilidad de recursos de la república congelados en el exterior para atender la emergencia social compleja, a que Maduro le entregue el poder en las condiciones actuales.
Para que las elecciones parlamentarias se conviertan en un hecho histórico que marque el inicio del proceso de reinstitucionalización y vuelta a la Constitución, de reafirmación de la soberanía popular y nacional, es fundamental que se produzca una participación masiva de los venezolanos y venezolanas, en la elección de la nueva AN con la aspiración de que ésta se convierta en el escenario de un diálogo político republicano constructivo, enfocado en la reconstrucción del país y sus instituciones democráticas. Desde nuestra perspectiva, para lograr ese propósito, debe establecerse un acuerdo humanitario pre-electoral construido a través del multidiálogo entre el gobierno, los amplios y mayoritarios sectores que constituyen la oposición democrática y los movimientos sociales organizados, orientado a la atención de la emergencia social compleja, que corra simultáneamente con el proceso electoral planteado para diciembre de 2020. En ese sentido, invitamos a los movimientos sociales y a la comunidad organizada a declararse en Asamblea Permanente[xiii] de Ciudadanos, para exigir la realización de dicho acuerdo.
- El voto señala la ruta para salir del laberinto
Venezuela vive una encrucijada histórica en la que se está jugando su existencia como república en riesgo de perder su integridad territorial y su condición de nación independiente y soberana. Esta situación ha surgido porque sus propios asuntos pasaron de facto a ser manejados y decididos por potencias extranjeras en función de sus intereses geopolíticos, en el marco de un conflicto político-institucional interno polarizado, escenificado por el gobierno autoritario de Maduro respaldado por los gobiernos de Rusia y China y, la alianza del G4 liderada por Juan Guaidó subordinada al gobierno de EEUU, la cual, en un gesto que solo puede calificarse de traición a la patria, llegó al colmo de solicitar una intervención de EEUU y sus aliados, y más y más sanciones criminales ilegales que han agravado la precarización de la vida y la crisis económica del país. En ese forcejeo de pesos pesados que luchan en el ring global por quedarse con el control de los recursos naturales de Venezuela, aupados por una élite política que, para mantenerse o acceder al poder, vendió su ciudadanía por un "plato de lentejas", el pueblo, actor central de la soberanía nacional, no es tomado en cuenta. El telón de fondo de este juego perverso es un país en un avanzado estado de descomposición moral e institucional y de pérdida de la gobernabilidad democrática, con sus espacios territoriales que han venido siendo copados por estructuras criminales que han penetrado el Estado y operan una economía ilícita, en la que se cruzan el lavado de activos procedentes de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la extracción de minerales estratégicos. En estas circunstancias el asunto crucial para los venezolanos y venezolanas es salvar La República que hoy está en riesgo de perderse. Eso sería posible si el pueblo ejerce su soberanía para torcer el rumbo que nos está llevando a la debacle.
Ante la deslegitimación de los poderes públicos por la gestión autoritaria e inconstitucional de Nicolás Maduro y la elección inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente por una parte y por la otra la autoproclamación al margen de la Constitución de Juan Guaidó como supuesto presidente interino pretendiendo constituir un gobierno paralelo reconocido por EEUU, el Grupo de Lima y otros países, esta Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución propuso para zanjar el conflicto de legitimidad de los poderes, consultar al soberano a través de un Referéndum Consultivo. De haberse realizado esa consulta prevista en la Constitución como mecanismo de ejercicio de la democracia directa, probablemente la historia de 2019 y lo que va de 2020 se hubiese escrito de otra manera.
Si la soberanía popular no se ejerce a través del voto en las elecciones parlamentarias, con más razón en la situación dilemática que vive la Patria en la que está seriamente comprometida su vigencia y es fundamental reafirmar su ejercicio pleno frente a poderes externos que ambicionan su dominio, se estaría dejando pasar una oportunidad histórica para comenzar a transitar la ruta que nos podría sacar del laberinto en que nos encontramos. El sufragio es una manifestación pacífica que expresa el poder del pueblo soberano en ejercicio de su derecho constitucional a la participación política[xiv]. La diferencia respecto de otro tipo de manifestaciones, es que ésta produce efectos inmediatos porque sus resultados son vinculantes y como lo demuestra la historia, cuando el poder constituido pretende desconocer esa voluntad, más temprano que tarde la fuerza moral y civil que nace de la soberanía popular termina imponiéndose sobre la tiranía.
Gustavo Márquez Marín Oly Millán Esteban Mosonyi Héctor Navarro Ana Elisa Osorio
Santiago Arconada Juan García Edgardo Lander Roberto López
Si te interesan y suscribes estos planteamientos, comunícate con nosotros a través del correo electrónico:
plataformaciudadana2020@gmail.
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[i] http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/06/Caritas-Informe-de-Desnutricion-Abril-2020.pdf
[ii] Caja de alimentos que provee el gobierno a trabajadores y familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
[iii] https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-food-security-assessment-main-findings-data
[iv] https://www.aporrea.org/economia/n356378.html
[v] Alianza de los partidos: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular
[vi] https://momr.opec.org/pdf-download/
[vii] https://prensaamerica.com/2020/05/asi-esta-la-opinion-publica-en-venezuela-segun-el-omnibus-mayo-2020-de-datanalisis/
[viii] Reporte ómnibus de Datanalisis mayo 2020. Desaprobación de la gestión ante el Covid-19: Guaidó: 62.1%, Maduro: 56.9%.
[ix] Consejo Nacional Electoral
[x] Avanzada Progresista, MAS, Cambiemos, Soluciones, Esperanza por el Cambio, Bandera Roja y Redes,
[xi] MND: Mesa Nacional de Diálogo en la que participa por una parte el gobierno y por la otra los partidos Movimiento al Socialismo (MAS), Avanzada Progresista (AV), Cambiemos, Soluciones, Esperanza por el Cambio, Bandera Roja
[xii] Partido Socialista Unido de Venezuela
[xiii] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 70: "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Sección Segunda: Del Referendo Popular"
[xiv] Artículos 5 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
