1. Tensa calma

La semana del 16 al 22 de enero ha sido de asambleas, reuniones, acuerdos de unidad entre sectores de trabajadores(as), preparación de comunicados, de definiciones sobre la ruta de la marcha autoconvocada por la base magisterial para el 23 de enero. Como la semana anterior, la dirigencia de los sindicatos y federaciones han estado a la cola del proceso, arrinconados por su sordera ante los justos reclamos de maestros(as), profesoras(es) y personal que coadyuva al proceso educativo.

Ha sido una semana de tensa calma, rota algunos días por movilizaciones que han surgido, en una u otra ciudad, como calentando motores para lo que se espera sea una gran marcha nacional el lunes 23. Un rasgo distintivo de las movilizaciones docentes de estas dos semanas, es qué, aunque se han desplegado los escuadrones de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), no solo no han reprimido hasta ahora, en algunos casos han retrocedido, lo cual se interpreta como respeto a la lucha que encarna el magisterio cuyos beneficios potenciales se extienden al conjunto de la clase trabajadora.

Las exigencias siguen siendo, aumento del salario mínimo mensual, en la actualidad por debajo de los 7 dólares, salario docente por encima de los 300 dólares ya que actualmente no supera en promedio los 30 dólares mensuales, en un país con precios más altos de la canasta básica, servicios y alquileres, respecto a los que encontramos en el resto de Latinoamérica. Así mismo, la exigencia de aumentar las pensiones de los/as jubilados/as y la activación de los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, en razón que el servicio de salud pública está prácticamente desmantelado, sin gasa, inyectadoras ni material mínimo necesario.

El gobierno sigue argumentando que esto es por las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas por los Estados Unidos y las naciones imperialistas europeas, pero no han podido explicar cómo países con producto interno bruto per cápita más bajos como Haití o en condiciones de bloqueo por décadas como Cuba garantizan salarios docentes muchos más altos que Venezuela. Evidentemente se trata de una concepción elitista de la distribución de la riqueza nacional a favor de las burguesías (de la cuarta y quinta República), justificada por las teorías monetaristas que tanto criticó Chávez.

En estos días se hizo viral el video de un alto funcionario en un concierto privado del artista Eros Ramazotti, cuyo costo por asistente eran 5.000 dólares, un ejemplo de las dos Venezuela que "sobreviven" ante la destrucción del salario de la clase trabajadora.

El desprestigio de las dirigencias sindicales burocráticas se extiende a los partidos políticos del gobierno y las oposiciones, a quienes se identifican como aliados en contra de la clase trabajadora. La excepción son partidos como el PCV que siendo respetados por su posición actual, su capacidad de influencia en este movimiento de masas es limitada.

El rasgo central es la auto convocatoria por las bases magisteriales, a las cuales se han sumado algunos sindicatos clasistas, pero la mayoría de las federaciones sindicales han sido confinadas a la cola del movimiento. Otro rasgo ha sido la capacidad de mantener a raya a los partidos políticos, reivindicando el carácter popular reivindicativo de las movilizaciones, un fenómeno que expresa una nueva realidad política nacional.

• La tasa del BCV supera los 20 bolívares por un dólar

El 3 de enero de 2023 el precio del dólar indicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) era de 17,86. En solo unos días, el 20 de enero, se ubicó en 20,29 bolívares por unidad. Solo unos meses antes, el 23 de agosto de 2022 el precio de la divisa norteamericana estaba en 6,22 bolívares por dólar, lo cual muestra la depreciación de la moneda en el mercado cambiario, algo que afecta de manera terrible el poder adquisitivo del salario e impulsa la inflación. Todos estos precios son los determinados por el Banco Central de Venezuela.

Mientras eso ocurre, el gobierno nacional destina el 4% del presupuesto nacional 2023 a la "promoción de la fe", un rango que era prácticamente desconocido en un país que se preciaba de su laicismo, mientras el apartado presupuestario para la ciencia es solo de 2%. Quizá el gobierno pretende resolver con oraciones algo que pertenece al mundo terrenal: los salarios. Esto no solo es una bofetada a las aspiraciones de justicia salarial del magisterio y la clase trabajadora, sino un alineamiento con la política del departamento de Estado norteamericano, de fomentar el fundamentalismo religioso como soporte de la gobernabilidad y para la promoción de los imaginarios culturales de ultra derecha que recorren el continente.

El lanzamiento del Movimiento "Corazón Cristiano" y la Misión "Mi iglesia bien equipada" para la restauración de espacios religiosos a nivel nacional, resulta incomprensible, cuando desde el gobierno se señala que no hay recursos para un aumento salarial de los y las docentes.

2. Las criminales medidas coercitivas unilaterales

Es innegable que las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) son una bomba destruye pueblo, cuya real eficacia política no consiste en derrocar al gobierno de Maduro, sino acelerar el acuerdo entre la vieja burguesía (cuarta República) y la nueva burguesía (Quinta República). Mientras este acuerdo se concreta y expresa en una nueva forma de gobernabilidad, es el pueblo venezolano y no la nueva burguesía, quien sufre los devastadores efectos de estas medidas.

Las MCU han significado una caída de los ingresos del país, de 46,903 mil millones de dólares en 2012 (con Chávez) a 1768 mil millones de dólares en 2021. No obstante, cualquier calculadora de pueblo puede hacer cálculos para demostrar como aún en las actuales circunstancias, se puede garantizar un salario decente para los y las docentes del país.

El magisterio latinoamericano está llamado a denunciar con fuerza estas MCU como un arma de destrucción masiva del pueblo venezolano. El levantamiento de las sanciones imperialistas puede clarificar mejor el juego y mostrar de manera nítida la regresión neoliberal de los últimos años.

Una de las cosas que más ofende a la clase trabajadora es la ostentación de la clase política y las burguesías en un momento como el actual, en el cual el hambre y la miseria arropan al pueblo.

3. La cruda situación

El salario docente, está ubicado entre 50 y 20 dólares mensuales, en promedio unos 30 dólares mensuales. Estos son algunos de los costos de los productos básicos para tener un referencial del impacto en el poder adquisitivo de los salarios:

Es decir, el sueldo mensual de los y las docentes no alcanza siquiera para hacer este pequeño mercado una vez al mes. Esto sin tomar en cuenta los costos de las medicinas, zapatos, ropa para los hijos y pasajes en bus diario para llegar al trabajo (mínimo 2 dólares diarios para transporte, que por 22 días de clases representan 44 dólares mensuales).

Veamos ahora, el promedio de pago por familia de servicios

Esto obliga a las familias a realizar dos o tres actividades adicionales para escasamente sobrevivir. La situación real es que los y las docentes de Venezuela viven en situación de pobreza extrema. El informe más reciente de la FAO[2] señala que más del 20% de la población venezolana está sub alimentada, cifra solo superada por Haití, lo cual afecta a más del 10% de los niñas y niñas en sus indicadores de crecimiento sano.

4. Poder constituyente

La legislación laboral venezolana prevé que los sindicatos son las instancias naturales que deben introducir ante el Ministerio del Trabajo los pliegos petitorios, conflictivos y llamados a huelga. Sin embargo, la base magisterial ha tenido que tomar la iniciativa ante la precaria o nula actividad de las federaciones sindicales del magisterio. Esto ha generado un vacío en el poder constituido, que ha comenzado a resolverse por la vía del poder constituyente originario.

La movilización y paralización de actividades se ha hecho de manera auto convocada desde el 9 de enero de 2023[3] y, si bien algunos pocos sindicatos de base han introducido pliegos, las federaciones facultadas para negociar con el patrono han hecho caso omiso de sus obligaciones, generando un vacío al no cubrir los formalismos en la materia.

Esto ocurre, mientras las autoridades regionales y locales del ministerio de educación presionan para el desarrollo presencial del segundo momento pedagógico de la escolaridad 2022-2023. Por ello, el magisterio de base ha convocado a asambleas por centros de trabajo, junto a las familias, donde se ha acordado respaldo para la realización de actividades puntuales de manera virtual, así como apoyo de los padres y madres a la actividad reivindicativa de los docentes de sus hijos, levantando actas de dichos encuentros.

En respuesta, desde el gobierno se han generado comunicados de autoridades educativas, en los cuales se desconocen las decisiones de las asambleas de centros de trabajo, que no son otra cosa que el escalamiento entre las tensiones del poder constituido y el constituyente.

A esto se le añade el bochornoso espectáculo de videos en los cuales colectivos motorizados amenazan a los maestros por manifestar y exigir mejores salarios. Un hecho que debería significar apertura de averiguación por parte de la fiscalia general de la República

Si bien la legislación venezolana establece la centralidad del poder popular en la organización del Estado, pareciera que eso es válido cuando el proceso se induce de arriba hacia abajo y se invalida cuando tiene como lugar de enunciación en las bases del mundo del trabajo. Una pléyade de funcionarios parece prisioneros de ignorancia supina, sobre las bases constitutivas del modelo de democracia participativa.

Sin embargo, el acto defensivo de los y las docentes, para preservar la legitimidad de origen de la acción conflictiva que iniciaron a comienzos de enero, se va tornando en cultura democrática y de auto organización, hecho que comienza a recrear los conceptos de ciudadanía, poder popular y derechos laborales, algo que no habíamos visto en el sector educativo desde 1999.

Algo similar ocurre en SIDOR, donde después de levantar el conflicto el viernes 13 de enero por la noche, se ha vivido un hervidero de debates y propuestas que apuntan a reiniciar en algún momento la lucha por salarios dignos y suficientes para vivir, así como aspectos de la seguridad social. Sin embargo, la burocracia sindical viene actuando allí, ya no solo como contención, sino que en algunos casos se viene transformando en esquiroles.

Otros sectores, como el universitario, eléctrico, salud, vienen estableciendo acuerdos de participación en la marcha del 23 de enero, que avizora un enorme potencial de convocatoria.

La preocupación del gobierno, es que esta fecha coincide con la conmemoración del 23 de enero de 1958, cuando el pueblo se volcó a las calles para derrotar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dando inicio a la revolución democrático burguesa y la instauración del régimen bi partidista de alternancia en el gobierno que se sostuvo hasta 1998. En vez de avanzar hacia una ruta de solución del problema salarial, que podría desactivar la protesta social, han optado por atrincherarse en el discurso de la conspiración imperialista, error que les puede conducir a un punto de crisis más severa.

La cultura constituyente ha emergido en las calles, con una capacidad inesperada de auto organización, auto convocatoria y generación de nuevas narrativas e imaginarios, que solo puede ser abordada desde una solución negociada vía aumento salarial o por el despeñadero del autoritarismo.

5. Pávlov y Skinner visitan la fábrica

Durante los últimos años, especialmente a partir del periodo de desabastecimiento de 2014-1017, se puso en marcha un programa de apoyo social muy importante que se denominó Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado el 3 de abril de 2016. Los CLAP instrumentaron la bolsa mensual con algunos alimentos, que debería llegar a unos cinco millones de familias, con un costo muy bajo. La bolsa del CLAP contiene un kilo de granos secos, arroz, aceite, azúcar, dos potes de sardina y harina, que ayudan a aliviar la terrible situación de sobrevivencia de la población. Sin embargo, en muchos casos esto se convirtió en instrumento para afianzar lealtades políticas, algo que ha ido deteriorando su utilidad social e incluso política.

Paralelamente, los últimos años, se ha implementado la política de bonos a la población, con montos que oscilan en su equivalente en la moneda extranjera, entre 2 y 6 dólares cada uno, los cuales son otorgados mensualmente a través un sistema administrado por el gobierno central. Al cambio actual este es el monto que otorga el sistema:

Estos bonos, se han convertido en un instrumento para el condicionamiento clásico (Pávlov) de los sectores populares y de reforzamiento conductual positivo (Skinner), perdiendo progresivamente su carácter inclusivo y de cohesión como programa social. Quienes se oponen a la restauración neoliberal, especialmente los y las trabajadoras de base, son excluidos de dichos programas.

Esta situación se ha expresado de manera desvergonzada en SIDOR, una de las mayores concentraciones del proletariado industrial venezolano, quienes la semana del 9 al 13 de enero estuvieron en conflicto y paralización laboral. La semana que concluye (16 al 22 de enero), la directiva de la empresa estatal SIDOR ha decidido implementar un bono especial, solo otorgable a quienes no participaron en la huelga de comienzos de año.

Esta visita inesperada de Pávlov y Skinner a las fabricas venezolanas, se convierte en una situación injustificable e intolerable, que ha generado el mayor de los rechazos de parte de la base magisterial y del conjunto de la clase trabajadora del país.

Esperamos que el alto gobierno decida corregir este entuerto y no convertirlo en un precedente para el abordaje de las relaciones obrero patronales.

6. Los intelectuales clásicos dejan solo al movimiento social

En el peor momento de los últimos veinticinco años para la clase trabajadora venezolana y ante el despertar del magisterio de base, una de las cosas que más hace ruido es el abrumador silencio de una parte importante de la intelectualidad que se identifica de izquierdas y que no termina de expresar palabra alguna a favor de la lucha de los más humildes.

Pareciera que prefieren la tranquila reflexión bajo la sombra del poder. Nadie les pide que se deslinden del gobierno de Maduro, sino que expresen ideas e iniciativas desde la perspectiva del mundo del trabajo, para salir de este terrible atolladero en el cual nos encontramos.

Por suerte, está surgiendo una nueva intelectualidad multicolor, que ha decidido acompañar la lucha magisterial, independiente de su proximidad o distancia con el gobierno, renovando las lecciones éticas del pensamiento crítico, siempre al lado del pueblo.

7. ¿Hasta cuándo estirará la liga?

La marcha del 23 de enero será un indicador claro respecto a cuanto está dispuesta o no a soportar la clase trabajadora la situación de inequidad expresada en los salarios. La sola convocatoria unitaria a esta movilización confirma que estamos en una nueva etapa de la lucha social en Venezuela[4].

Aún el gobierno está en capacidad técnica para resolver este problema, antes de dilapidar el capital político que conserva. En un contexto de crisis económica, esto implicaría disminuir las ganancias de las burguesías que hasta ahora parecieran insaciables. La pegunta clave es ¿lo hará?

[1] Doctor en Ciencias pedagógicas con postdoctorados en pedagogías críticas y evaluación de la calidad educativa. Miembro principal del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Fundación Kairos. Director de investigaciones del Centro Internacional Otras Voces en Educación.

[2] https://www.fao.org/3/cc3859es/cc3859es.pdf

[3] https://luisbonillamolina.com/2023/01/16/8-dias-que-sacudieron-el-tablero-politico-venezolano/

[4] https://luisbonillamolina.com/2023/01/10/venezuela-una-nueva-etapa-en-la-lucha-social/