A riesgo de parecer inoportunos, estamos obligados a repetir que la dinámica de la Controversia Territorial por el Esequibo está inducida por un plan ejecutado por las transnacionales del petróleo con el auspicio del Departamento de Estado de los EEUU. Comenzó con el desarrollo de la "Iniciativa de Seguridad Energética para El Caribe" (Enero 2015) sustentada en un documento denominado "Energía Incierta: La apuesta de El Caribe con Venezuela" (julio 2014) elaborado por David Goldwyn. Las transnacionales del petróleo han movido las piezas para llevarnos hasta la Corte Internacional de Justicia –CIJ- en absoluta desventaja. Lamentablemente, nuestras respuestas están hilvanadas por errores consecutivos.
Desde el año 1990, Venezuela y Guyana acogieron el mecanismo de los "Buenos Oficios" para buscar una solución de la Controversia Territorial pacífica y conveniente a ambas partes. En el año 2014 falleció el profesor Norman Girvan quien había sido designado como "Buen Oficiante" en el año 2010. Era el tercer funcionario nombrado para tal función por el respectivo Secretario General de las Naciones Unidas. El primero renunció cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República y el segundo murió a comienzos del año 2007. Este vació no fue atendido con la urgencia del caso. Prevaleció la desidia diplomática.
En noviembre del año 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban KI-moon, informó a los jefes de Estado de Guyana y Venezuela que esperaba conseguir una solución práctica a la controversia antes de concluir su mandato. De no lograrlo acudiría a la Corte Internacional de Justicia –CIJ- para lograr una decisión final y vinculante. ¿Coincidencia?. En enero de 2017 el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que se prolongaba el mecanismo de los "Buenos Oficios" por un año más. Se nombró un nuevo "Buen Oficiante" cuya actuación fue intrascendente.
El 30 de enero de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas informó a los Jefes de Estado de ambos países que el proceso de los "Buenos Oficios" no había dado resultados significativos y, por lo tanto, se había elegido la Corte Internacional de Justicia –CIJ- como instrumento para una solución definitiva.
Dos meses más tarde (29 de marzo de 2018), Guyana presentó la demanda ante la CIJ invocando el artículo IV del acuerdo de Ginebra. Venezuela argumentó que la CIJ no tenía competencia para conocer el caso. Se fijaron los lapsos legales para presentar argumentos. Venezuela no participó en la audiencia pública celebrada en junio de 2020.
En diciembre de 2020, la CIJ dictaminó que tenía competencia para conocer la demanda de Guyana y determinó que no tenía jurisdicción para atender reclamos posteriores a la firma del Acuerdo de Ginebra. En junio de 2022; Venezuela buscó resarcir el error de la ausencia y planteó las "Excepciones Preliminares" y la necesidad de participación de Reino Unido como tercero indispensable. El 06 de marzo 2023, la CIJ ratificó su competencia para conocer el fondo de la Controversia Territorial. Rechazó la solicitud de Venezuela invocando la condición de "cosa juzgada" (Res Judicata), entre otros argumentos. Nada que celebrar, mucho que corregir.
Vamos a un juicio con muchas desventajas en un contexto internacional desfavorable y una situación nacional muy delicada por la crisis económica y el desfalco a la nación. Es hora de asumir la Controversia Territorial del Esequibo como un PROBLEMA DE ESTADO con profundas implicaciones geopolíticas y no como una Política de Gobierno. Convocar a todos los factores políticos, y económicos, sectores sociales, organizaciones civiles, universidades, academias, colegios profesionales para repensar el tema y construir alternativas que nos permitan una solución en el contexto de la nueva realidad internacional. No basta con seguir repitiendo que "el sol sale por el Esequibo".
