La incertidumbre sobre el futuro de las Empresas Básicas de Guayana se profundiza cada día. La conflictividad laboral tiende a complicarse dada la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, el cercenamiento de los derechos laborales, la pérdida de los puestos de trabajo y el rechazo a una ostentosa y pervertida burocracia sindical. La esperanza está puesta en las decisiones que pueda tomar la Junta Interventora. A ellos corresponde la responsabilidad de abrir cauce al hermoso tiempo y espacio de repensar las Empresas Básicas.
El modelo de desarrollo económico y social que sustentó el nacimiento de las Empresas Básicas de Guayana, hace mucho tiempo que dio señales de agotamiento. Prevaleció un proceso para la transnacionalización de Capital Productivo por aquello de las empresas "llave en mano" y el Plan IV de SIDOR. En los últimos 20 años no se ha desarrollado ningún cambio en el proceso productivo y las relaciones de producción. Con la gestión de Rangel Gómez se instauró un esquema de gestión administrativa profundamente burocrático que consolidó procedimientos mafiosos para dirigir las empresas y surgieron grupos concéntricos de poder. Ese "modelo de gestión" se exacerbó con la gestión de Maldonado y su cofradía. El daño es incuantificable.
La realidad que se vive hoy en las empresas y las expectativas creadas con la intervención de la CVG sugiere la apertura hacia un nuevo paradigma de gestión y producción que permita la incorporación responsable de los trabajadores al proceso productivo. Es necesario modificar las prácticas administrativas, reducir los procedimientos burocráticos para reconfigurar las relaciones de producción como parte esencial de una gestión humana en el proceso productivo.
La crisis que afecta el sistema eléctrico nacional desde el año 2009 incidió directamente sobre las Empresas Básicas reduciendo su producción en un 40%. La pandemia provocó la desincorporación masiva de trabajadores y terminó de afectar los niveles de producción. Ante esta realidad, las sanciones, la ineficiencia y el estruendoso impacto de la corrupción han colocado las empresas al borde de la quiebra y las convierten en presa fácil para la voracidad del capital transnacional. Esta realidad exige repensar las relaciones de producción, el modelo de gestión y las estrategias económicas para su recuperación. Ya no es factible transferir renta petrolera como inversión directa con préstamos a tasas flexibles con bajos intereses porque los ingresos petroleros no dan para tanto.
La crisis de las Empresas básicas es multidimensional y para atraer inversionistas que posibiliten alianzas estratégicas se requiere sanearlas, bajar la dimensión de la conflictividad laboral reintegrando los derechos laborales vulnerados y reincorporar los trabajadores a la producción. El esfuerzo productivo no depende de unos pocos, todos son requeridos. La reincorporación debe ser planificada y responsable, evitando anuncios que no se pueden cumplir como suele hacer la desgastada burocracia sindical.
El futuro de Guayana y su gente está anclado a las Empresas Básicas, las circunstancias exigen reconfigurar el modelo de negocio y producción, nuevas prácticas de gestión humana dirigidas al trabajador como actor esencial del proceso productivo. La transformación de las Empresas Básicas no se reduce a estrategias de privatización o alianzas estratégicas para convertir inversionistas en parte del lobby internacional que busca flexibilizar las sanciones. El problema es más complejo y, en lo inmediato, requiere transparencia en la gestión de quienes tienen la responsabilidad primaria de abrir cauce a un nuevo rumbo para Guayana y sus empresas. La complejidad del escenario exige un debate diáfano y sincero con todos los sectores sociales, económicos, políticos e institucionales de Guayana.
