La condición de adulto mayor está asociada a la última etapa del ciclo de la vida, marca el paso a la jubilación y supone nuevas formas de participación tanto social como laboral, habiendo servido a la sociedad y acumulado experiencia y sabiduría. Demanda protección y seguridad social. Contradictoriamente, en los últimos años, en Venezuela se ha impuesto una discriminatoria Política de Estado que desconoce normas y tratados que protegen a los adultos mayores. Discriminación que pretende condenarlos al exterminio.
El envejecimiento es un proceso social y demográfico natural que exige ser acompañado de seguridad social y económica, salud, participación social, disfrute de la vida, integridad y respeto a la dignidad humana. La Esperanza de Vida, a nivel mundial, se ha incrementado de manera espectacular provocando cambios en el perfil de la sociedad del siglo XXI. Los estudios demográficos proyectan que en el 2050 tendremos una población de 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Hay un nuevo paradigma demográfico que incide en lo social. El liderazgo mundial es longevo. En América del Sur la Esperanza de Vida llegó a 76,5 años en el 2021 y en Venezuela se mantiene en 74 años en el 2023. La edad biológica no es determinante, la vejez es una categoría dinámica e histórica. Un desafío para cualquier sociedad moderna es construir un espacio social para la vida después de los 80 años.
Ante esta transición demográfica y cambios en la estructura etaria, los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y Banco Central Europeo han manifestado que "los ancianos son un riesgo para la economía global" porque viven más de lo esperado. Apegados a esta premisa están imponiendo, a nivel global, la eliminación o recorte de las Prestaciones Sociales y el retraso en la edad para la jubilación. En consonancia con estos criterios del FMI, BM y BCE, el Gobierno Nacional está aplicando una Política de Estado para eliminar o minimizar cualquier beneficio a los adultos mayores incluidos las pensiones de vejez y jubilaciones por años de servicio.
No hay ninguna duda, el maltrato estructural a los adultos mayores en Venezuela, es una Política de Estado dirigida y aplicada desde las distintas instituciones. No es una consecuencia de la crisis económica. Tampoco es un efecto de las sanciones económicas impuestas al país. La transgresión de las normas sociales que protegen al adulto mayor comienza con la violación sistemática de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El desconocimiento de los postulados de la "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores", la eliminación de los Derechos Laborales a todos los jubilados por años de servicio, la carencia absoluta de atención a la salud y el denigrante congelamiento de las pensiones que se mantienen en 5 dólares en medio de una indetenible inflación.
La perseverante lucha de adultos mayores, jubilados y pensionados comienza a tener eco en amplios sectores de la sociedad venezolana. En las calles se siente el grito de rebeldía de los "viejos de la patria" contra tanto maltrato y en demanda de atención inmediata. La respuesta de los responsables ha sido la indiferencia y la pretensión de negar esta realidad con argumentos que a nadie convencen aunque muchos mantengan silencio. Esa indiferencia es otra forma de maltrato que pone en evidencia la indolencia burocrática ante esta dolorosa realidad.
Esos cambios en el ser humano que aparecen a lo largo de la vida sirven para nutrir la experiencia y la conciencia sobre las necesidades y derechos del adulto mayor como ciudadano. Esa conciencia anuncia que adultos mayores, jubilados y pensionados no podrán ser condenados al exterminio… esta lucha está comenzando…
