Persiste la incertidumbre sobre el destino de las Empresas Básicas. Aunque ha disminuido la conflictividad laboral, siguen creciendo las dudas sobre el plan o proceso para recuperar la productividad y, con ello, los puestos de trabajo, los beneficios laborales conculcados y salarios dignos. Ante la ausencia de información oficial, crecen los rumores sobre presuntas alianzas estratégicas y surge el fantasma de la privatización como panacea neoliberal.
Es necesario reconocer y celebrar el esfuerzo que hacen trabajadores, técnicos, profesionales y directivos para mantener activas las empresas. Sin embargo, resulta inocultable que los efectos de la crisis energética desde 2009, las sanciones económicas que pesan sobre el país, el rezago tecnológico, la incompetencia gerencial y el incalculable daño de la corrupción llevaron las Empresas Básicas a un mínimo histórico de producción. No es un paro técnico, pero los niveles mínimos de producción paralizan el aparato productivo y la cadena industrial de producción. Esta compleja situación exige un plan de emergencia y convierte a las empresas en presa fácil de la voracidad del capital transnacional.
La recuperación de la Empresas Básicas puede ser un proceso lento que requiere un Plan de Inversiones que contemple adecuación tecnológica, inversión en equipos, darle prioridad al sector eléctrico atendiendo el complejo Guri-Macagua y frenar el derroche burocrático. Lo más trascendente de cualquier Plan de Inversiones dirigido a recuperar la producción es resolver, con la urgencia social que demanda, la remuneración y los beneficios laborales. Es necesario reconfigurar el modelo de producción hasta cambiar las relaciones sociales de producción. Esto supone nuevas prácticas de gestión humana dirigidas al trabajador como actor esencial del proceso productivo.
La situación económica del país frena el impulso de un Plan de Inversiones para recuperar las Empresas Básicas. El mermado ingreso petrolero no alcanza para transferir recursos con este propósito. Tampoco el ingreso fiscal lo garantiza. La realidad impone un proceso más lento, exige mayor esfuerzo colectivo y el uso adecuado de la limitada producción de algunas plantas. Esta insoslayable realidad está abriendo las puertas a un discreto proceso de privatización en cualquiera de sus modalidades.
La interpretación de la privatización está determinada por la concepción que tengamos del desarrollo económico y el papel del Estado en la economía. El objetivo del capital transnacional siempre será desmontar el Estado hasta convertirlo en pasivo vigilante del proceso de producción, protector y garante del capital privado en detrimento de toda política institucional de seguridad y bienestar social. Desmontar el Estado para que no regule, no planifique, no controle, no fomente ni invierta. Por tal razón, ninguna empresa transnacional está interesada en recuperar nuestro aparato productivo, su objetivo es la explotación y comercialización de nuestros recursos naturales. El hierro (finos y gruesos), pellas para la reducción directa, bauxita y aluminio primario siempre serán su prioridad. Las briqueteras y SIDOR pasan a un segundo plano.
La reiterada presencia de delegaciones técnicas y financieras de distintos países y corporaciones transnacionales pone en evidencia que está en marcha un silencioso proceso de privatización. Pudiéramos estar ante la evaluación como primera etapa de una negociación que comprometa la transferencia de activos de la nación al sector privado, concesiones o contratos para la explotación de recursos durante un tiempo determinado, la simple venta de acciones para recapitalizar cualquier empresa o alguna novedosa forma de construir alianzas estratégicas para aumentar la liquidez del Estado.
. La recuperación de la producción y la transformación de las Empresas Básicas no se puede reducir a discretos procesos de privatización o alianzas estratégicas para aumentar la liquidez del Estado a riesgo de ser sustituido por un mercado donde impera el monopolio de los ramos industriales internacionales. El problema es más complejo y, en lo inmediato, requiere transparencia en la gestión de quienes tienen la responsabilidad de abrir cauce a un nuevo rumbo para Guayana y sus empresas. Urge un Plan de Inversiones que especifique la fuente de ingreso y los objetivos mediatos e inmediatos. La complejidad del escenario sugiere un debate diáfano y sincero con todos los sectores sociales, económicos, políticos e institucionales de Guayana.
@dariomorandy
