Sumergido en el resbaladizo territorio de lo cotidiano me dispuse a revisar el contexto de las inhabilitaciones. Más allá de la solemnidad judicial, encontré que hay mucha gente que merece una inhabilitación para el desempeño de cualquier función pública. Quien actúa contra los intereses de la patria merece una inhabilitación. Así mismo, cuando se premia la incompetencia, se aplaude la desidia, se elogia la indolencia y se perdona la corrupción se estimula la concordia de gente que está socialmente inhabilitada.
Aquellos venezolanos que deambularon por el mundo implorando sanciones económicas contra el país, sin importar el daño que causaban al pueblo trabajador, merecen una inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública. Eso no tiene discusión. Resulta necesario, un proceso de orden administrativo o judicial que cumpla con los requisitos y garantice el debido derecho a la defensa. Lo controversial de estos casos reside en los procedimientos administrativos y legales para imponer una sanción de este calibre. Su pertinencia nadie la discute.
Aquellos venezolanos que, en el desempeño de una función pública, causaron daño al erario público y se demuestra su responsabilidad merecen una inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública. Los jueces venales que celebran y se confabulan para perdonar la corrupción administrativa también son indiscutibles acreedores de una inhabilitación permanente.
La inhabilitación para el ejercicio de la función pública como sanción administrativa o judicial puede convertirse en un arma política cuando se utiliza de manera arbitraria y discrecional sin cumplir el procedimiento administrativo o legal correspondiente. No aplicarla cuando es necesario también constituye una falta contra la administración pública.
El 19 de marzo de 2014, el Procurador General de Colombia destituyó a Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para el desempeño como funcionario público. El 23 de abril de 2014, el Consejo de Estado de Colombia, atendiendo una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, restableció a Petro como Alcalde y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por la violación de los derechos políticos y civiles de Gustavo Petro a quien le fueron restituidos todos sus derechos políticos. Se estableció una jurisprudencia que advierte sobre el uso y abuso de las inhabilitaciones de funcionarios electos democráticamente.
En el caso venezolano, con el anuncio de inhabilitación de algunos dirigentes políticos que hoy son candidatos en las elecciones primarias de la oposición, se ha generado una paradójica polémica que abrió todas las grietas de los grupos opositores. La miseria humana tomó los medios de comunicación y las redes sociales y vimos aparecer contradicciones y acusaciones de quienes aplauden las inhabilitaciones solo para quitar del medio contendores aunque no reconocen su pertinencia administrativa o judicial. Otros se desgañitan anunciando que si estuviesen inhabilitados se retirarían de la contienda electoral interna, reconociendo así la pertinencia de las mismas. Ningún funcionario público electo democráticamente ha sido destituido o sancionado. Esta polémica demuestra que toda la oposición está política y socialmente inhabilitada.
Más allá de las inhabilitaciones administrativas o judiciales, el pueblo trabajador como conciencia vigilante de la patria también ha inhabilitado a los burócratas incompetentes, jueces venales, funcionarios corruptos, a quienes destruyeron PDVSA, a quienes saquearon las empresas Básicas…esos están socialmente inhabilitados.
Seguros estamos que, nuestros sueños y nuestra lucha por una patria donde todos podamos vivir con dignidad nunca serán inhabilitados…
