En el artículo anterior señalamos que buena parte de las fallas en la agricultura
venezolana tienen que ver con incumplimiento por parte del gobierno de los lineamientos de nuestra Constitución, más por intereses personales y grupales creados, que por desconocimiento de la Carta Magna. En la mayoría de las casos, a eso se suma la falta de conocimiento y experiencia suficiente del área agrícola para tomar decisiones idóneas. Hoy continuaremos en la misma línea de análisis, esta vez llamando la atención sobre el artículo 306. “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica’’.
Comencemos por recordar que algo elemental y de sentido común, tiene que ser la promoción de la agricultura interna; si es que seriamente se está pensando en generar empleos para crear riqueza y prosperidad dentro del país. Si se parte de esta premisa, se estará tomando el camino correcto hacia la soberanía alimentaria. Por eso es criminal promover la importación de lo que puede producirse en el Venezuela, y si de ñapa los rubros importados entran al país en la época de la zafra nacional de los mismos, estaremos en presencia de actos que pueden calificarse como traición a la Patria. Así lo pensamos y así lo decimos, porque cuando así se actúa, no se hace por ignorancia, sino por perversos cálculos personalistas y grupales.
En cuanto a promover las condiciones para el desarrollo rural integral, el ministerio de Agricultura y algunos gobernantes regionales son como los fariseos, dicen pero no hacen. En otras palabras, su discurso no guarda coherencia con su accionar. Por eso es muy común oír a los campesinos quejarse de esta falta de atención a sus planteamientos, comentando: hace años que por aquí no se ve una máquina. En general, ni el Ministerio de agricultura ni algunos gobernantes regionales tienen claro que la transitabilidad de la vialidad rural es uno de los servicios que tiene mayor impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que viven en el campo, y producen comida para todos los venezolanos.
Esto es así porque una vialidad transitable sobre todo en los meses lluviosos, no solo permite una mejor y más económica movilización de los insumos y cosechas; sino que permite el surgimiento de pequeñas empresas que prestan servicio de transporte público. Lo anterior no solo mejora la movilización de las familias campesinas, sino que potencia la prestación del servicio de educación, salud y acompañamiento técnico y sociopolítico de los productores, ya que maestros, personal asistencial y de asistencia técnica tendrán los medios para movilizarse a tiempo y cumplir con sus labores más eficientemente.
Ya conocemos la dificultad que desde hace unos 9 años tienen los pequeños y medianos agricultores venezolanos para acceder a crédito, tanto de la banca privada como de la pública o bancos del Estado. A los primeros, el gobierno nacional les colocó el encaje legal entre 100 y 85 %. Como quien dice la vara bien alta. La orden ejecutiva a los bancos fue: no pueden otorgar créditos porque aumentará la liquidez y mucho dinero en la calle elevará la inflación. La banca pública tampoco podía conceder créditos a los productores, suponemos por la disminución del ingreso fiscal por concepto de petróleo, debido a la caída de los precios del crudo entre el 2014 y 2016 cuando llegó a su precio mínimo. A partir del 2017-2018 la situación financiera de Venezuela empeoró debido al bloqueo a PDVSA por parte del gobierno norteamericano, que dejó de comprarle petróleo a Venezuela y a su vez prohibió que otros países lo hicieran, so pena de ser sancionados también.
Como prácticamente somos un país monoproductor dependiente del petróleo, y además despilfarradores y pocos celosos del erario público, no ahorramos en la época de las vacas gordas. Sin embargo, los ciudadanos de a pie nos negamos a perder la esperanza. Así mismo, creemos que nada ni nadie es para siempre, ni lo bueno ni lo malo; por eso estamos seguros que con el favor de Dios, algún día saldremos de este atolladero. Para ello, además de reconocer los errores cometidos, debemos prepararnos para no volver a tropezar con la misma piedra.
Algo que debemos tener presente es que solo en un país de gobernantes ‘’virtuosos, patriotas e ilustrados’’, los créditos para el agro serán: oportunos, suficientes y supervisados. Los créditos tampoco pueden ser USUREROS, como los que conceden actualmente un grupo de zamuros, que serán enchufados y protegidos del gobierno, porque de lo contrario serían sancionados de acuerdo al artículo 114 de la CRBV y de la SUNDDE, ley que de este artículo constitucional se desprende, Con los insumos ni hablar del peluquín. Cuando se terminó de entronizar la corrupción en el Ministerio de Agricultura y Tierras Productivas, AGROPATRIA se terminó de desviar, y se convirtió en la fuente de negocios de unos vivos, directamente o por interpuestas personas. En agropatria no había nada, pero los insumos que vendía el organismo se encontraban en la calle en mano de los bachaqueros.
Los productores se cansaron de quejarse, pero con esa patota de sordos no se logra nada. Ya recientemente hemos oído la queja de los productores en relación a que los privilegiados tienen acceso al kilogramo de urea a granel, en aproximadamente $14 (el Bolívar ni lo nombran) y se lo colocan a los productores en $32. Así, a cualquiera le va bien; sin embargo, algunos se vanaglorian de su riqueza súbita, autocalificandose como comerciantes o empresarios exitosos.
Malamañosos es lo que son, y no tienen perdón de Dios porque ellos sí saben lo que hacen. Para terminar con el análisis del artículo 306 de la CRBV, solo agregaremos que el gobierno debe tener muy claro que no es muy buena idea para sus intereses egoístas, eso de estar gastando tiempo y recursos financieros y humanos en capacitación de productores del campo. Simplemente esto es así, porque el estudio aumenta el conocimiento y este a su vez aumenta la conciencia.
El acompañamiento técnico de los productores tampoco es muy buena idea porque eso implica Planificación, seguimiento y control de cada siembra para obtener mejores resultados. Desde luego, lo que le importa a los nuevos financistas del agro es que le paguen el crédito con 3500 Kg de maiz por hectárea. Si a los productores les va bien o mal, tampoco es su problema. Al fin y al cabo, si los productores no pueden pagar el crédito, se les quita las pocas maquinarias y equipos que tengan.
Para eso y más se prestan ciertos funcionarios, quienes en vez de administrar justicia están prestos para avasallar al débil jurídico. Esta violación sistemática de la constitución, es lo que mantiene a los pequeños y medianos productores del campo en la mayor indefensión y en la pobreza. Este estado de cosas es lo que estamos obligados a cambiar, si es que algún día queremos tener una Patria libre y soberana.
