Celebramos que el gobierno de EEUU anunció la suspensión temporal de las sanciones contra Venezuela en las áreas de petróleo, gas, oro, importación de bienes, nuevas inversiones y negociación en el mercado secundario de bonos emitidos por la nación. Advertimos, no es un acto de buena voluntad. Joe Biden necesita disminuir la tensión política con Venezuela para aliviar su crisis energética interna derivada de los conflictos bélicos que han creado en Ucrania y el Oriente Medio, necesita nuestro petróleo. Así mismo, tiene urgencia de resolver la crisis migratoria con Venezuela, enfrentar la parálisis política que vive su parlamento por denuncias de corrupción, frenar el avance de Rusia y Arabia Saudí en el mercado petrolero internacional, mejorar su ubicación en el contexto geopolítico y controlar la amenaza de la recesión económica. Su hegemonía se tambalea. Por estas razones, anuncia la suspensión temporal de las sanciones aunque confundidos "revolucionarios de quincalla" ya no quieren desgañitarse gritando "YANKEE GO HOME" y se conforman susurrando YANKEE WELCOME.
Los delegados de la oposición llegaron a Bridgetown (Barbados) con la orden expresa de retomar el dialogo con el Gobierno Nacional y firmar dos acuerdo de los cuales conocían muy poco. Rápidamente se firmó un acuerdo para la "Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales" y otro para la "Protección de Intereses Vitales de la Nación". Al día siguiente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió una Licencia General para que el Departamento del Tesoro anunciara la suspensión temporal (hasta el 18/04/2024) de las sanciones que afectan la venta y exportación de petróleo, gas, oro, importación de bienes, nuevas inversiones, negociación en el mercado secundario de bonos emitidos por la nación y la entrega de petróleo a acreedores de Venezuela como pago por deudas. Siguen vigentes muchas sanciones que impiden la negociación de bonos en el mercado primario venezolano, negociaciones con terceros sancionados como Rusia y las que tienen carácter individual.
Más allá de la aparente suspensión de las sanciones, sigue pesando el carácter temporal de las licencias y las condiciones impuestas para mantenerlas o revocarlas. Entre líneas se impone la exigencia de 6 semanas para dar pasos hacia el establecimiento de plenas garantías electorales que incluyen desde la seguridad física para la movilización de candidatos hasta su libertad para postularse a la presidencia de la república. Las condiciones impuestas en las licencias emitidas se convierten en una limitante para cualquier inversión por el temor a una posible revocación.
Queda claro que, las medidas coercitivas unilaterales siguen vigentes, su suspensión es temporal. Es el resultado de largas y secretas reuniones en el contexto de la crisis que vive el gobierno estadounidense y su necesidad de aliviar la tensión con Venezuela. La fortaleza de las relaciones bilaterales en un contexto de respeto, reciprocidad y cooperación está vinculada a la eficiencia del Gobierno Nacional y la fortaleza institucional del Estado
En medio de las limitaciones impuestas, Venezuela tiene la oportunidad de iniciar un proceso de reactivación económica y reinserción en el mercado internacional, abrir cauce a la restauración de las políticas de bienestar y seguridad social y propiciar un nuevo consenso social. El momento exige la redefinición de políticas públicas y la reorganización institucional para derrotar la incompetencia, la ineficacia y la corrupción administrativa. Momentáneamente no sirve el discurso del bloqueo y la guerra económica como causal exclusiva de la parálisis económica e institucional que vive el país.
Tampoco es casual que, tanto Anthony Blinken como Brian Nichols Secretario y Subsecretario del Departamento de Estado han planteado públicamente la necesidad de resolver las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos civiles y militares como requisito para mantener la suspensión de las sanciones. Una especie de ultimátum que provocó un acalorado intercambio de declaraciones que exacerba contradicciones y pone en riesgo cualquier acuerdo bilateral. Resultaría inexplicable e injustificable que inhabilitaciones políticas de ciudadanos pongan en riesgo los intereses de la nación y las posibilidades de iniciar el necesario proceso de recuperación económica y social. El futuro del país está por encima de cualquier interés electoral.
El Presidente de la República está obligado a iniciar la reestructuración total del equipo de gobierno y reordenamiento institucional para aprovechar esta coyuntura y garantizar el tránsito hacia la recuperación nacional.
El escenario político se torna complejo e interesante. El país espera que los dirigentes se pongan a la altura del momento histórico aunque los "revolucionarios de quincalla" sigan susurrando yankee welcome.
