En las reuniones que se sostienen con la mediación de Noruega, se llegaron a varios acuerdos, entre los cuales se encuentra revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las partes pactaron un "procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (...) a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024", dice un comunicado de Noruega, el país mediador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana; este acuerdo fue firmado el 30 de noviembre de este año 2023.
El TSJ apertura el procedimiento como estaba establecido, indicando a los ciudadanos inhabilitados que debían acudir al TSJ entre el 01 y el 15 de diciembre a presentar su apelación, de lo contrario, no podrían participar en las próximas elecciones por no ejercer el recurso.
Pero, quiero traer a colación, la sentencia N°00687 de fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintidós, de la Sala Político Administrativa del TSJ; donde una ciudadana inhabilitada por la Contraloría General de la República, introduce una demanda de nulidad, contra la Resolución donde fue inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un período de quince (15) años; donde la Sala se declara competente para conocer de la demanda de nulidad contra la Resolución número 01-00-000421 del 17 de julio de 2017, dictada por el Contralor General de la República; "admitiendo provisionalmente la demanda de nulidad, sin perjuicio de la verificación por parte del Juzgado de Sustanciación, de la caducidad de la acción principal. De ser procedente su admisión, el referido Juzgado deberá ordenar la continuación del proceso". En este caso, podemos observar, que incluso mucho antes del Acuerdo de Barbados, nuestro máximo Tribunal de la República, se aprestó admitir y evaluar la demanda formulada por la persona inhabilitada; procedimiento que contempla nuestra legislación; en pocas palabras, este es un derecho que tiene todo ciudadano, acudir a los Órganos de Justicia cuando considere que sus derechos han sido vulnerados; ahora, que estemos de acuerdo o no con determinado fallo judicial es otra cosa.
Luego de la firma del acuerdo señalado, en Barbados, el 30 de noviembre, comenzaron a desfilar por el TSJ varias personas inhabilitadas para solicitar la revisión de su caso; pero desde el inicio, la señora María Corina Machado dijo que ella no iba a someterse al TSJ, que no lo reconoce y que por lo tanto no acudiría a esa instancia, a pesar de ser este un acuerdo avalado por el Gobierno norteamericano.
Bueno, la maricori se puso exquisita en todos los medios nacionales e internacionales, diciendo que no irá a revisar su caso, o sea, desconociendo un acuerdo avalado por sus jefes del imperio. Resulta que llegó el día 15 de diciembre, último día para solicitar la revisión, pero durante todo el día mantenía que ella no iría al TSJ y no lo reconocía como máximo Tribunal del País, que no estaba inhabilitada y que sería la Presidenta de la República.
Bueno, pero como hacen "los choros"; entre gallos y media noche, se puso su traje de "Gatúbela" y se presentó como buena "gata salvaje" por la azotea del TSJ, donde descendió con sus habilidades gatunas, hasta el despacho donde debía consignar su escrito, y como dice nuestra campeona mundial y olímpica, Yulimar Rojas, "Guacata", presentó su recurso; que como Abogados sabemos, no se hace en una hora, sino que nos lleva varios días redactar un recurso para presentarlo ante el TSJ, debidamente sustanciado; o sea, lo previo fue puro buche y pluma; y como buena esclava, cumplió los designios de sus amos del norte, y de paso reconoció la autoridad del TSJ. Qué dirán sus seguidores ante este tipo de posturas guaidolescas. Bueno, amanecerá y veremos; pero confiamos que el camino del diálogo está sólido y los distintos factores de la oposición y el gobierno iremos a unas nuevas elecciones, posiblemente a mediados del año 2024.
