El anunció de la flexibilización de las sanciones contra el país despertó la esperanza en una progresiva recuperación de los sueldos y beneficios laborales como parte esencial de la reactivación del aparato productivo. Trabajadores, jubilados y pensionados celebraron la medida como un paso imprescindible para fortalecer el sistema de seguridad social y recuperar el ingreso familiar. Sin un trabajo dignamente remunerado no hay garantía de producción. El pueblo trabajador ha soportado 21 meses sin ajuste salarial en medio de una voraz inflación. Trabajadores, educadores, universitarios, jubilados y pensionados se movilizan nuevamente para reclamar sueldos y pensiones dignas.

En marzo del año 2022, el Presidente de la República decretó el ajuste del sueldo mínimo a 130 bolívares, desde ese momento permanece congelado. Tal medida busca minimizar el impacto fiscal por pago de prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, bonificación de fin de año y otros beneficios laborales. El estancamiento en términos reales del sueldo mínimo provocó un desequilibrio entre el costo de la cesta básica alimentaria y el ingreso familiar disminuyendo drásticamente el poder adquisitivo y con el ello la calidad de vida de la familia venezolana.

Quienes solicitaron y celebraron sanciones contra el país tienen una gran responsabilidad en este proceso de deterioro del ingreso familiar y parálisis de la producción. Aquellos que utilizaron y utilizan los cargos públicos para saquear y desfalcar la nación tienen igual responsabilidad. La ineficiencia, la ineficacia y el burocratismo se han convertido en un obstáculo para la reactivación del aparato productivo y con ello la recuperación del Estado de Bienestar Social. Los trabajadores, jubilados y pensionados están pagando las consecuencias de acciones donde no tienen ninguna responsabilidad.

En respuesta al deterioro del ingreso familiar se ha venido imponiendo una bonificación de los sueldos. En mayo del año pasado, el Presidente de la República autorizó un incremento del bono de alimentación a 40 US$, el bono contra la guerra económica a 30 US$ y 49 US$ para los jubilados y pensionados que no disfrutan de los anteriores beneficios. Se impuso el criterio de los empresarios agrupados en FEDECAMARAS. Ese ajuste de bonos fue devorado por una inflación que alcanzó 176,7% en el año 2023. La asfixiante bonificación del salario tiene carácter selectivo porque se pagan bonos especiales de hasta 200 US$ a determinados funcionarios en organismos considerados de mayor importancia en la estructura del Estado. Los jubilados y pensionados son marginados de estos beneficios especiales sin considerar su tiempo de servicio, formación profesional y condición social.

Lo más grave de esta situación es que se pretende imponer la congelación del sueldo mínimo y las tablas salariales y desaparecer los beneficios laborales como una política de Estado por considerar que cuando el salario es bajo se genera más empleo, disminuye la economía informal, baja la inflación y aumenta la posibilidad de insertarse en el mercado internacional. Son las tesis del Monetarismo que considera al trabajo como una mercancía y el salario como su precio. Esa visión neoliberal está destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores y su núcleo familiar y se convierte en un obstáculo para la reactivación del aparato productivo. La congelación sueldos, jubilaciones y pensiones no ha disminuido el gasto fiscal, tampoco ha frenado la inflación que pasó de 234% (interanual) en el año 2022 a 362% en el 2023.

En el contexto nacional, para impulsar la reactivación del aparato productivo resulta imprescindible ajustar y aumentar de manera significativa sueldos, jubilaciones y pensiones. Sin la fuerza de los trabajadores no es posible reactivar la producción de empresas públicas y privadas. Capital sin trabajo no produce y, en este momento, los trabajadores han perdido el interés y la motivación por el trabajo porque no reciben la remuneración justa y se han eliminado beneficios laborales logrados con duras batallas y siempre a contracorriente. Esos beneficios están consagrados tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que contiene una profunda reforma laboral como legado indiscutible del Presidente Hugo Chávez.

La drástica caída del poder adquisitivo está provocando una angustia colectiva entre trabajadores, educadores, universitarios, jubilados y pensionados. Este noble pueblo trabajador ha resistido estoicamente los tiempos difíciles. Este pueblo merece salarios y pensiones dignas.

MENSAJE CON DESTINO

"He revisado artículo por artículo de la propuesta final que la comisión presentó. Hice unos aportes muy modestos, tenemos una nueva ley para la historia, una ley liberadora, una ley justa…ahora hay que luchar para hacerla cumplir."

Hugo Chávez

07 de mayo de 2012

Acto de promulgación de la

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras -LOTTT-.

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