Luego de denunciar en la Asamblea Nacional una serie de supuestas conspiraciones contra su gobierno, y coincidente con las masivas jornadas de protesta que maestros y trabajadores en general han realizado en todas las principales ciudades de Venezuela desde el pasado 9 de enero, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado a sus seguidores, activar el plan "Furia Bolivariana" (https://www.facebook.com/watch/?v=2241841659346412), cuyos detalles no han sido especificados por el gobierno, pero simultáneamente a ese llamado se ha producido una serie de detenciones contra dirigentes sindicales y activistas políticos, a los cuales el gobierno involucra en las supuestas conspiraciones ya mencionadas.
En esta arremetida represiva, la Furia Bolivariana se ensañó contra dirigentes del sindicato de educadores FENATEV (Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela), al allanar violentamente la sede sindical en la ciudad de Barinas, y detener a su presidente, el profesor Víctor Venegas, educador con 29 años al servicio del magisterio venezolano (https://elpitazo.net/los-llanos/barinas-victor-venegas-lider-sindical-detenido-29-anos-al-servicio-del-magisterio/). Resalta el hecho de que fue en Barinas donde se realizaron masivas manifestaciones de los educadores en los días anteriores a la detención del profesor Venegas, lo que hace presumir que su detención constituye una retaliación directa por encabezar la legítima y legal protesta laboral que exige salarios y pensiones justas al gobierno.
El allanamiento policial violentó la sede de Fenatev en Barinas, generó el derribo de la puerta de metal de dicho sindicato, y no sólo se llevaron detenido al profesor Venegas, sino que "incautaron" las computadoras del gremio y los teléfonos celulares a los educadores allí presentes. En días posteriores, coincidiendo con la conmemoración del 23 de enero de 1958, los cuerpos policiales allanaron las sedes de varias organizaciones sociales (como el Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz) y partidos políticos de oposición, y procedieron a detener a varios líderes regionales del partido "Vente", a los cuales acusaron de estar involucrados también en la conspiración magnicida que denunció Maduro.
Es de resaltar que la supuesta conspiración, denominada "brazalete blanco" se conoce, cómo única "prueba", a partir de la "confesión" de uno de los participantes en la misma, un militar que se había "fugado" de Ramo Verde, que estaba en los Estados Unidos asilado, y que fue detenido al intentar ingresar a Venezuela por una trocha cercana a la población de Cúcuta. Pues con dicho militar la fiscalía y el gobierno repitieron el mismo guion ya conocido en casos anteriores, de colocar al delator frente a una cámara, mientras lee la confesión donde involucra a una serie de personalidades opositoras, las cuales todas o casi todas se hallan fuera del país.
Esas "confesiones" o delaciones, se realizan sin estar presentes ni fiscales ni abogados defensores del detenido, y sin que se puedan verificar las condiciones físicas y anímicas de la persona detenida. Ya es un hecho reiterativo que el gobierno descubra supuestas conspiraciones contra el Estado venezolano, utilizando el mismo expediente de colocar a un "delator estrella" que confiesa todo ante las cámaras, e involucra a personalidades de la oposición política (como también actuó la fiscalía en el caso de la desaparición de Carlos Lanz Rodríguez).
La supuesta conspiración, que según el "delator estrella" implicaba asaltar un cuartel en el estado Táchira, habría sido planificada por oficiales en retiro que se encuentran asilados en los Estados Unidos, e incluía la estrategia de marchar hasta Caracas desde San Cristóbal, con las fuerzas militares que se reunirían en esa ciudad luego de la toma del cuartel. Este dato hace poco creíble la confesión del "delator estrella", y más que un plan elaborado por militares retirados hoy en el extranjero, parece un cuento paranoico de personajes que se han alejado tanto de la realidad que consideran que cualquier cuento de camino puede convencer a la opinión pública venezolana.
Con esa confesión como única prueba que se ha dado a conocer, el gobierno pretende acusar a una parte de la oposición política venezolana de estar involucrada en una conspiración para asaltar un cuartel militar e intentar asesinar a un gobernador y al propio presidente de la República. Esta forma de actuar, contraria a principios fundamentales de la justicia, porque la "confesión" se obtiene sin las garantías procesales mínimas y sin respetar el derecho del acusado en cuanto a asistencia jurídica pertinente y necesaria, mediante la tortura, como instrumento macabro e inhumano, cada vez más es utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro, como la principal herramienta para obtener la confesión con guiones preestablecidos, aplicado a cualquier detenido político, sea civil o militar, y mediante ello, arremeter contra dirigentes sindicales y de partidos opositores.
Hay que resaltar que algunas de las conspiraciones "develadas" en los últimos años, a través de la confesión pública de personas supuestamente implicadas, generan dudas razonables. El gobierno habla de supuestos grupos clandestinos que previamente nadie conoce de su existencia, que no tienen nombre como organización política, que no tienen líderes conocidos, y que posteriormente a la actuación policial-militar contra ellos, dejan de tener existencia política. Elementos que hacen pensar que esos grupos conspiradores son un invento de los organismos de inteligencia del gobierno madurista, que no existen realmente, y que dicha estrategia se usa para involucrar a voceros relevantes del descontento ciudadano y de la protesta social democrática que se viene ejecutando en el país en los últimos años.
Cualquier ciudadano que haga oposición democrática al gobierno del PSUV-militares, corre el riesgo de ser involucrado en estas supuestas conspiraciones que Maduro viene utilizando como instrumento para justificar la represión, extorsión, chantaje, persecución y aniquilamiento de los sectores políticos que intentan rescatar la vigencia de la Constitución y del orden democrático en Venezuela.
El remate de esta campaña de furia bolivariana ha sido la ratificación por el TSJ de la inhabilitación de dos importantes dirigentes de oposición, lo que amenaza con cerrar las puertas de la participación electoral a cualquier candidato que pueda recoger el gigantesco descontento social y rechazo político que existe hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, ratificamos que la lucha democrática, pacífica y electoral, es la que puede lograr el restablecimiento de la Constitución Nacional y lograr, en su marco, un cambio de gobierno. Esta lucha del pueblo venezolano no la concebimos como un simple "muñequeo" de negociaciones entre élites políticas, sino que la entendemos fundamentalmente en las movilizaciones pacíficas que maestros, enfermeras y demás grupos de trabajadores venezolanos vienen realizando en los últimos años por reconquistar sus derechos laborales conculcados por el madurismo.
Tampoco creemos, y en cambio rechazamos de manera clara, que la intervención de potencias extranjeras, a través de sanciones y de posibles invasiones, constituyan caminos que conduzcan a solucionar la crisis política en Venezuela. La resolución de la crisis generada por el gobierno madurista debe ser obra de los propios venezolanos, sin intervención extranjera de ningún tipo, más allá de las delegaciones como observadores electorales (las cuales sí son necesarias).
El gobierno de Nicolás Maduro perdió completamente el respaldo popular que heredó del presidente Chávez. Sólo se puede sostener mediante acciones de fuerza, y violaciones reiteradas a la Constitución. Esta campaña de "Furia Bolivariana" es la respuesta represiva y cuasi fascista que da Maduro ante las grandes manifestaciones de protesta laboral que se suscitan desde hace varios años en toda Venezuela, y es la respuesta a la posibilidad casi segura de derrota en el escenario electoral presidencial previsto para este 2024.
Criminalizar a los dirigentes sindicales y sociales, involucrarlos en supuestas conspiraciones militares de las cuales no presentan pruebas, más allá de las "confesiones" obtenidas sin las debidas garantías constitucionales y legales, (ni un cuchillo de cocina ha presentado el gobierno como prueba de esos supuestos planes magnicidas, en contraste con el armamento pesado incautado a bandas hamponiles como el Koki y el Niño Guerrero), es la estrategia de terror desatada desde el Estado para contener el descontento popular, desarticular a las organizaciones políticas opositoras, y evitar una segura derrota en las presidenciales.
Rechazamos el plan fascista "Furia Bolivariana", exigimos la libertad de todos los dirigentes sindicales y de partidos políticos opositores que han sido detenidos, y rechazamos la inhabilitación de candidatos opositores. Emplazamos a Nicolás Maduro a que respete los acuerdos de Barbados tendientes a facilitar unas elecciones presidenciales con garantías democráticas.
Exhortamos a todo el pueblo venezolano, a las fuerzas sindicales y gremiales que exigen salario justo y derechos laborales constitucionales, a los partidos políticos y demás organizaciones de la sociedad civil que hacen oposición al madurismo, a que bajo un espíritu de unidad en la diversidad, y en base a un programa mínimo de transformaciones económicas, políticas y sociales tendientes a la recuperación de la nación, se mantenga la lucha pacífica y democrática, en las calles y en los centros de trabajo y de estudio, en las fábricas y campos, pues sólo esa lucha pacífica, democrática, unitaria, es la que puede permitir consolidar una fuerza social que obligue al madurismo a respetar la Constitución y efectuar elecciones con garantías democráticas de participación.
¡RECONQUISTEMOS LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN!
¡NO AL FASCISMO DE LA LLAMADA FURIA BOLIVARIANA!
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución:
Santiago Arconada. Juan García. Edgardo Lander. Roberto López Sánchez. Gustavo Márquez. Oly Millán. Héctor Navarro. Ana Elisa Osorio.
República Bolivariana de Venezuela, 28 de enero de 2024
