En el escenario político nacional se está produciendo una sospechosa proliferación de candidatos presidenciales. Abundan candidatos prefabricados y desechables. Prefabricados por asesores ocultos y desechables para comodidad de compradores de oportunidad. Los grandes problemas del país quedaron relegados a un segundo plano y el escenario electoral se ha convertido en un especulativo mercado de valores donde se compran y se venden candidatos desechables.
La dinámica de la sociedad venezolana ha puesto de manifiesto que la relación entre el quehacer político y el dinero incide en la eficacia de las instituciones, la garantía de los derechos de los ciudadanos, el respeto del Estado de Bienestar Social, la orientación general de las políticas públicas y la sanidad administrativa. Para evitar que las instituciones y funcionarios públicos respondan a intereses de quienes financian candidatos y campañas electorales y prevenir hechos de corrupción que afectan el erario público es necesario establecer normas, leyes y/o estatutos que regulen la política y los procesos electorales.
Con la Constitución Bolivariana nació un Poder Electoral autónomo e independiente de los demás poderes públicos y en el 2009 se aprobó la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). El Consejo Nacional Electoral –CNE- unificó todos los reglamentos electorales en el Reglamento General de la LOPE. La vieja Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política fue desapareciendo progresivamente y se afianzó la discrecionalidad y el poder de decisión del CNE en torno a los procesos electorales, creando reglamentos, instrumentando resoluciones y ordenando cronogramas con criterios que se modifican y adaptan a las circunstancias políticas. En definitiva, Venezuela cuenta con un Poder Electoral autónomo e independiente y un valioso componente de normas que constituyen una fortaleza democrática para garantizar elecciones libres, plurales, transparentes y equitativas. La aplicación y funcionamiento de tales normas depende de los actores políticos. Con partidos políticos convertidos en franquicias electorales y candidatos que se ofrecen cual mercancía al mejor postor no hay garantía ni reclamo que importe.
Una debilidad aparente del sistema electoral venezolano está en la falta de mecanismos que garanticen el control del financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos. Nuestra legislación no contempla financiamiento directo por parte del Estado lo cual se traduce en una desigualdad que sirve para justificar negocios turbios en torno a los procesos electorales. La otra debilidad evidente es la falta de regulación para el uso adecuado de los medios de comunicación social lo que alimenta elecciones vacías de ideas, pensamiento y la libre confrontación de propuestas para atender los grandes problemas del país.
Desde esta perspectiva, podemos interpretar y valorar el surgimiento de candidatos desechables que nacen como abortados por las circunstancias y en evidente desesperación por aprovechar el proceso electoral para hacer negocios de toda naturaleza. Cada candidato es una especie de Compañía Anónima, sin capital declarado, que aspira recibir mucho dinero en nombre de un discurso vacío e intrascendente. Ningún candidato desechable tiene proyecto de país ni propuesta económica y social para impulsar las transformaciones necesarias y pertinentes para salir de la crisis.
Más allá de las elecciones primarias, las inhabilitaciones y el escabroso mundo de "los alacranes" la oposición está protagonizando un denigrante comportamiento frente a las controversiales elecciones presidenciales. Se anuncian candidaturas y candidatos que ponen en evidencia el descarado negocio que anima a disminuidos personajes y a otros que se plantean utilizar las elecciones presidenciales como estrategia para mantener el financiamiento internacional. El escenario electoral se torna como un desvencijado mercado de valores donde se venden y se compran candidatos desechables.
El país vive la turbia hora de los candidatos desechables, esos ventrílocuos devaluados que utilizan medios de comunicación, redes sociales y tecnología para cotizarse en el mercado electoral.
Darío Morandy
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