Viernes, 08 de marzo de 2024.- Ayer, jueves siete de marzo, cuando eran aproximadamente un poco más de las cinco de la tarde, frente a un negocio de venta de comida ubicado en la calle que sube a La Vega, que mucha gente llama el Bulevar de La Vega, frente al negocio denominado Mercado Mayor, estando estacionados, fuimos abordados por dos policías bolivarianos y esto fue lo que sucedió y que a continuación paso a narrarles.
Dos amigos, con los cuales suelo compartir un rato, un helado, un café vespertino, todos tres adultos mayores y a los que me une una estrecha amistad de más de cincuenta años, se detuvieron por menos de un minuto frente a Mercado Mayor para recogerme y una vez que me monté y estuvimos juntos en el automóvil, fuimos abordados primero por un agente de la policía bolivariana y segundos después por otro agente, quien aparentaba, por su forma de hablar y conducirse tener mayor rango.
Este segundo agente de la Policía Nacional Bolivariana, con inusual insistencia nos preguntó a los tres en qué trabajábamos, preguntaba: y ustedes ¿en qué trabajan?, lo cual de forma muy particular, me pareció extraño y hasta raro, me pregunté a mi mismo: ¿y cuál es el perfil?, ¿qué tiene que hacer este agente con saber en qué trabajamos nosotros?
Siga leyendo y saque sus propias conclusiones.
Todo esto pasó muy rápidamente, en cuestión de segundos, siga leyendo, que todavía no se acaba el cuento.
Nuestro segundo agente y es tan solo una manera de expresarlo, porque no es nuestro sino de la Policía Nacional Bolivariana, con los documentos del vehículo y del conductor en sus manos nos invitó a seguirlo hasta un módulo policial, un poco más arriba, frente al parque llamado Juan Cuchara, no teníamos muy claro en calidad de que íbamos al módulo policial, no lo aclaró .
Siga leyendo, capitulo dos.
Una vez en el módulo, luego de esperar unos minutos en una pequeña cola, fuimos atendidos por una funcionaria policial de mayor rango que el segundo, quien nos explicó que estaban en un operativo de aplicar una ordenanza municipal sobre vehículos mal estacionados y que de acuerdo a la ordenanza se debía pagar diez veces el valor de la moneda de mayor cambio, según el BCV, en este caso el euro.
Por lo que el importe de la sanción administrativa serían diez euros o su equivalente en bolívares y que podían pagarse en divisas (30 $),en efectivo,en pago móvil o a través de un teclado que amablemente ofreció.
No soy abogado, tampoco economista, sólo soy un ciudadano y me pregunto: ¿es legal, es constitucional que una ordenanza fije sus tazas en moneda extranjera? Y me pregunto adicionalmente: ¿es que el bolívar dejó de ser nuestra moneda oficial?
La sanción era de 30 $, se pagó solo 20 $ en efectivo, que fue lo que había, la funcionaria entregó un recibo.
Nunca mencionó la funcionaria policial la inconveniencia de estacionarse en una zona no permitida, nunca, se trató simple y llanamente de una transacción comercial donde el poder de El Estado, ejercido a través de La Policía se le impone a los ciudadanos.
