En estos últimos días, me llegó una información que a alguien le apareció en un mensaje de WhatsApp de uno de sus contactos telefónicos, que decía que "este usuario fue suspendido temporalmente de esa plataforma por participar en grupos criminales asociados con la mafia Opositora. Este WhatsApp está siendo investigado por la Policía Nacional Bolivariana".

De manera evidente, esa persona investigada es opositora al Gobierno. No tengo información si protestó de manera pacífica o es parte de los hechos de violencia y vandalismo ocurridos en varios lugares del país el pasado 29 de julio, en protesta contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), exigiéndoles la publicación de los resultados electorales del pasado 28J y por la decisión de proclamación de Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2025-2031.

Sea cual fuese el motivo, lo cierto es que después de las elecciones del 28J, las comunicaciones en Venezuela entrarán en otra faceta: todo el mundo estará vigilado y cualquiera que reclame resultados electorales, pudiera estar vinculado a "la mafia Opositora". Valga decir, Venezuela ahora es una sociedad panóptica: todo el mundo será investigado y sospechoso a la vez.

Una sociedad panóptica es un tipo de organización que utiliza mecanismos de vigilancia para controlar y disciplinar la conducta social. El termino panóptico fue empleado por primera vez por Jeremy Bentham, político, jurista y reformador inglés, que diseñó un modelo de prisión donde todos están vigilado, por medio de cámaras por todas partes. Ese concepto ha estado al servicio del poder gubernamental mediante la ejecución del control y la dominación por medio de la observación sin ser visto para la obtención de individuos normalizados y disciplinados.

Una realidad es que, por cuestiones de seguridad de Estado, WhatsApp está totalmente controlado por la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y el Sebin, para detectar redes de conspiraciones, terrorismo, drogas y grupos delictivos. Eso es normal y necesario.

Incluso, hoy está circulando por la redes informaciones de que hay drones volando comunidades de la Gran Caracas donde hay focos de protestas vinculados a los resultados del 28J.

El pasado martes 30 de julio, el presidente Maduro informó que el Parlamento Nacional estaría trabajando de manera urgente en la Ley Orgánica de los Delitos de Odio en Redes Sociales. En ese contexto, designó al presidente de la Asamblea Nacional, "como experto comunicacional, para que con otros versados del país y la Asamblea Nacional, asuma todo el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques, el veneno, del odio, y de la violencia en medios y redes sociales."

EL DETONANTE SOCIAL: LA NO PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES POR EL CNE

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, emitió el primer boletín de los resultados de la elección presidencial del 28J teniendo el 80% de las actas contabilizadas, dando como ganador irreversible al candidato Nicolás Maduro con el 51% (5.150.092), de los votos, en segundo lugar a Edmundo González con el 44,2% (4.445.978 votos), y el resto obtuvo el 4,6% (462.704 votos).

No obstante, en el acta que leyó Amoroso, informó que el sistema de totalización del CNE había sido atacado desde el exterior, razón por el cual, hasta la fecha, le dificultaba publicar los resultados electorales mesa por mesa para que los actores políticos cotejen y convaliden el acto de proclamación y reelección de Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Un hecho concreto que está viviendo la sociedad política venezolana, es que la no publicación a tiempo de las actas electorales, está generando mucha incertidumbre, desconfianza y expectativas negativas a nivel nacional e internacional.

Por ejemplo, en el plano económico internacional, la cotización de los bonos venezolanos cayeron tras resultados electorales. Según Bloomberg, los bonos soberanos venezolanos con vencimiento en 2034 que cotizaban en US$ 1,8, un día después de las elecciones cayeron 82% y se comercializaban en 21 centavos de dólar.

REACCIONES POR LA NO PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES

La no publicación de los resultados de manera publica (actas electorales) y la proclamación de Nicolás Maduro, a 10 horas que el CNE diera los resultados, ocasionaron una serie de protestas en vario lugares de Venezuela. Los manifestantes alegan que el 28J hubo fraude electoral.

El candidato Edmundo González Urrutia ha manifestado tener las actas en sus manos y que los resultados arrojan que él fue el ganador y le ha exigido al CNE que publique los resultados oficiales para cotejarlo con los que ellos tienen. De hecho, su comando de campaña ha publicado en una página web todas las copias de las actas de escrutinios recibidas por sus testigos de mesa para que la población las consulte y compare con los arrojados.

Cabe señalar, que copia de esas mismas actas las recibieron todos los testigos del resto de los candidatos presentes en cada mesa electoral, incluso, los del Gobierno.

Los enemigos internacionales tradicionales del gobierno de Maduro han afilado sus baterías y también le están exigiendo al CNE que las publique. De igual manera, lo han hecho la mayoría de los candidatos presidenciales que participaron en la contienda. Ya corre en los medios nacionales e internacionales acusaciones de una supuesta "estafa electoral".

Cómo guinda de la torta, el martes 30 de julio, se pronunció el Centro Carter, afirmando que la elección presidencial en Venezuela "no puede ser considerada como democrática", por no haberse adecuado a "parámetros y estándares internacionales de integridad electoral". Ésta organización estuvo presente como veedor internacional avalado por el Gobierno de Venezuela y desplegó 17 expertos observadores durante todo el proceso electoral.

MADURO HA ENFILADO SUS BATERÍAS PARA DEFENDER EL TRIUNFO ELECTORAL QUE DICE OBTUVO EL 28J

En ese contexto, el presidente Maduro ha dicho que no se va a dejar arrebatar el triunfo que el pueblo le dio el pasado 28 de julio, donde el CNE lo proclamó de manera rápida sin tener todas las actas de escrutinios cargadas y sin el aval de varios de los candidatos presidenciales.

Maduro ha dicho que ese triunfo lo defenderá con el pueblo en la calle. Denunció un intento de "desestabilización masiva" por parte de la oposición, con financiamiento de Estados Unidos y el narcotráfico, con la complicidad del multimillonario tecnológico Elon Musk, para "apoderarse del país".

El 29 de julio, Maduro ordenó la retirada inmediata de los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay de su territorio, en respuesta a sus "acciones y declaraciones injerencistas" sobre las elecciones presidenciales del 28J.

Asimismo, ha acusado a "los comanditos del partido Vente Venezuela", la red de defensores del voto del candidato Edmundo González, de ser los instigadores de la violencia en varios lugares de Venezuela.

Le ha exigido a la Fiscalía General de la República que le dicte orden de captura a María Corina Machado y a Edmundo por sus vinculaciones con la ola de protesta que las ha tildado de fascista y de intento de un nuevo golpe de Estado para derrocarlo y quitarle el triunfo que dice obtuvo el 28J. Ha señalado que se quiere reeditar a otro presidente interino: "Guaidó 2.0".

En ese contexto, el Fiscal General de la República, Táreck William Saab, el lunes 29 de julio, manifestó que en vista de los sucesos y hechos de violencia, en defensa de la paz, el Ministerio Público "estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática que hemos vivido.

"Advertimos que los actos de violencia y llamados a desconocer los resultados oficiales pueden enmarcarse en los delitos de instigación pública (art. 285 del Código Penal). Con una pena de 3 a 6 años de prisión."

Y el martes 30 de julio, en la aplicación del VenApp, el Ejecutivo Nacional dispuso un link para que los ciudadanos denuncien cualquier hecho sospecho o "guarimba fascista" en sus comunidades, en función de garantizar la paz.

Los partidarios de Maduro insisten en las calles que les quieren robar el triunfo que el pueblo le dio, que los enemigos de la revolución quieren darle un golpe de Estado.

TODOS LOS QUE PIDAN ACTAS AL CNE PASARÁN A SER SOSPECHOSOS

Todos esos indicios de la acción gubernamental post 28J, devela que Venezuela está entrando en una fase peligrosa de control estatal de las distintas formas de protestas ciudadanas en contra del Gobierno y de su triunfo electoral presidencial del 28J, que aún sigue estando cuestionada por la no publicación de las actas de resultados por el CNE.

Es riesgosa ya que todos aquellos que protesten o reclamen actas del CNE podrían correr el riesgo de ser vinculados o acusados en actos de conspiraciones para derrocar al Gobierno y/o a grupos fascista. Evidentemente, que la aplicación de esas medidas de control social pudieran conllevar a violaciones de derechos políticos como los que aplicaban en la Cuarta República: "acusa primero y averigua después"

Como referencia histórica, se tiene la aplicación de la "Ley de los Sospechosos" que fue norma jurídica francesa que estuvo vigente durante un corto periodo de la Revolución francesa que trajo como consecuencia, arrestos a personas totalmente inocentes, personas que por el simple hecho de parecer "sospechosas" ya no podían tener más libertad.

Esa ley tenía como objetivo la detención de todos los enemigos de la Revolución (nobles, funcionarios sospechosos de traición, etc), donde las detenciones se confiaron a comités de vigilancia popular.

En eso tiempos, se consideraban sospechosos, todos los nobles y los que "por su conducta, SUS RELACIONES, sus observaciones, sus escritos se muestran partidarios del federalismo y enemigos de la libertad y la revolución"

Cabe destacar, que la llamada La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, plantea que quienes recurran a la violencia con fines políticos serán sancionados con una pena de 8 a 12 años de prisión e inhabilitación política (artículo 22). Para quien haga apología del "fascismo", se plantea sanción de 6 a 10 años de prisión e inhabilitación política (artículo 23).

EL PUEBLO QUIERE SABER LA VERDAD, PERO CON TEMOR A PROTESTAR

Lo cierto es que, parte del pueblo votante también quiere conocer la verdad de los resultados del 28J. Yo también quiero saber la verdad de quién realmente ganó.

Como vemos, estamos viviendo una etapa de incertidumbre y de rechazo de la opinión pública general por la no publicación a tiempo de esos resultados por el organismo electoral, que la gente critica y manifiesta su punto de vista o quejas por las redes sociales. Asimismo, difunde y reenvía toda la información que recibe a manera de protesta o por chisme virtual.

Sin embargo, debido a los mecanismos de defensa comunicacional por redes sociales, radio o mensajería de texto o WhatsApp, que ha previsto el Gobierno impulsar para defender el triunfo electoral otorgado (proclamado) por el CNE a Nicolás Maduro, a partir de ahora, cualquier persona que tenga entre sus contactos telefónico a alguien que por motu propio esté vinculado a ese reclamo nacional e internacional, ya sea de un político de oposición o de los llamados "comanditos", corre el riesgo de ser considerado por los cuerpos de seguridad del Estado como parte de la "mafia Opositora" conspiradora que le reclama al CNE que presente las actas de los resultados finales.

Como ven, el Gobierno nos está transformando en una Sociedad Panóptica de manera acelerada, debido a la situación ocasionada por el CNE, un hecho que genera temor, incertidumbre y zozobra colectiva.

Todas las personas que reclamen o tengan como contactos telefónicos a personas que le exijan al CNE las actas del 28J, de seguro lo van a investigar y correrán el riesgo de ser vinculados con los protestantes que quieren darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro que busca desconocer o arrebatarle su triunfo, incluso con grupos delictivos que se infiltren en las protestas.

El directorio del CNE sigue teniendo la última palabra. Cualquier hecho político, económico y social que ocurra a partir de ahora en el país por la no publicación de las benditas actas de resultados electoral presidencial, serán los responsables de los sucesos ante la historia contemporánea de Venezuela.