Los Diputados de la Asamblea Nacional se encuentran trabajando en comisión permanente, por la reforma de nuestras leyes electorales, para garantizar que ciudadanos que hayan atentado contra la patria y la paz de los venezolanos no puedan optar a cargos de elección popular; situación que comparto, pero también es bueno pasearnos por varios escenarios, para garantizar que estas reformas sean eficaces.
Tenemos que comenzar por lo que establece nuestra Carta Magna; el artículo 63 establece el derecho al voto: "El sufragio es un derecho…"; por su parte el artículo 65 señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito."
En el artículo 65 constitucional, quedan rechazados de plano, quienes hayan cometido delitos contra el patrimonio público, pero con la observación de que hayan sido condenados vía judicial, situación donde se cuelan muchos que andan libres y conspirando contra el gobierno legalmente constituido, por el solo hecho de no ejercer con mayor énfasis las herramientas que nos otorga nuestra legislación para poner a estos delincuentes bajo rejas, y no quiero caer en señalar nombres, porque se haría muy extenso este artículo, pero todos conocemos una larga lista de conspiradores que atentan contra el estado de derecho y siguen violentando nuestro ordenamiento jurídico, pero todavía no han sido imputados por sus delitos.
El artículo 39 constitucional, nos deja claro quienes no pueden ejercer derechos políticos, y son quienes estén sujetos a inhabilitación política o a interdicción civil; en el mismo orden de ideas, también se establece en el artículo 42, ejusdem, "Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley"; en este caso, también hay muchos políticos que han pedido sanciones contra el país y que han atentado contra sus instituciones; en este caso una de esas reformas legales que propongo a la legislación en discusión, debe indicar, que "todo aquel que atente contra el Estado y sus instituciones debe ser despojado de su ciudadanía, en la forma indicada en la Constitución, y por tanto, pierde el derecho de inmediato, de elegir o ser elegido a cargos de elección popular". Al pedir sanciones contra mi país, al pedir se invada mi país, al pedir no lleguen insumos, medicinas, alimentos a nuestro país, se está atentando no contra un gobierno, sino contra la salud y la vida de todos, por lo tanto, una persona en esas condiciones no puede considerarse ciudadano venezolano; y de esta forma, muy sencilla, a través de un proceso rápido en el sistema judicial, cumpliendo el debido proceso, se pueda despojar de la ciudadanía a estas personas que no pueden llamarse venezolanos. No es igual enfrentarme internamente al gobierno, aún con armas, en cuyo enfrentamiento se presenten bajas de ambos sectores, a lavarme las manos y pedir a un gobierno extranjero que ataque mi país y asesine a personas que no tienen nada que ver con situaciones políticas, y a pedir nos bloqueen para morirnos de hambre; éstos son unos "hijos de su madre", por no decir la grosería, y merecen no solo ser despojados de la ciudadanía, sino execrados para siempre de nuestra tierra.
Por otra parte, vi unas declaraciones del ex candidato presidencial de AD, que coordina una de las comisiones del parlamento venezolano donde se discute la reforma de estas leyes y plantea, que presentará una propuesta a la Asamblea Nacional para introducir "un sistema de segunda vuelta en las elecciones presidenciales, a menos que algún candidato obtenga más del 50 % de los votos"; explicando que, "además de no alcanzar la mayoría absoluta, también se convocaría una segunda vuelta si el candidato con más votos no supera al segundo por al menos 10 puntos porcentuales, aun cuando haya obtenido más del 50 % de los sufragios". Esta propuesta no la comparto, porque la experiencia de otras naciones nos deja claro, que en estos casos, los que obtienen menos apoyo popular, a cambio de dádivas se ponen de acuerdo, con el solo fin de llegar al poder, sin importarles lo que piense el pueblo.
El ex candidato de AD, también plantea que se "asegure la paridad de género"; me parece esta es una propuesta populista, que no comparto, al igual que tampoco comparto una proporción igual entre jóvenes y personas de mayor edad; en estos casos no es importante la edad ni el sexo, sino que sean personas calificadas que puedan representar dignamente nuestro pueblo a sí sean todas mujeres, todos jóvenes o todos viejos; porque, muchas veces buscando la equidad, se cuelan personas que no están calificadas para ser representantes del pueblo en ninguna de sus instancias, nacional, regional o municipal.
Por supuesto, sabemos, que aún reformando las leyes, habrán muchos que seguirán jodiendo, pero tendrán que estar escondidos o jodiendo bien lejos de nuestro país.
Todo mi apoyo a esas comisiones de la Asamblea Nacional que se encuentran trabajando en la reforma de las leyes electorales, para que de ese trabajo salgan normas jurídicas que ayuden a fortalecer las instituciones y garanticen el derecho de todos, de poder contar con representantes a los cargos de elección popular de personas que realmente tengan méritos para ser la voz del pueblo que los elija.
