La reciente aprobación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar por parte de la Asamblea Nacional es un hito significativo en la lucha de los venezolanos y venezolanas contra el bloqueo y la guerra económica impuestos por el imperialismo norteamericano y sus cómplices locales. Esta legislación no solo representa un marco legal para enfrentar la agresión externa, sino que también busca fortalecer la unidad nacional en tiempos de crisis.

En un contexto donde las sanciones y bloqueos han tenido un impacto devastador en la economía y el bienestar de la población, esta ley emerge como una herramienta fundamental para proteger a nuestro país. Al otorgar al Estado venezolano la potestad de sancionar administrativa y penalmente a aquellos que, siendo venezolanos, promuevan la intervención militar extranjera o instiguen violencia, se establece un claro mensaje: la defensa de la soberanía nacional es una responsabilidad colectiva.

La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar no solo se erige como un mecanismo de protección, sino que también invita a la reflexión sobre el papel de cada ciudadano en la defensa de su patria. En un momento en que la desinformación y la manipulación mediática pueden desvirtuar la realidad, es imperativo que los venezolanos se unan en torno a principios de solidaridad y resistencia. La ley nos recuerda que la lucha por nuestra independencia y dignidad no es solo tarea del Estado, sino de cada uno de nosotros.

Es fundamental entender que esta ley no busca silenciar voces críticas, sino más bien establecer límites claros para aquellos que, en nombre de una supuesta "libertad", abogan por acciones que atentan contra la integridad del país. La historia nos ha enseñado que las intervenciones extranjeras suelen traer consigo más sufrimiento y destrucción, y es nuestro deber proteger a Venezuela de tales desenlaces.

Entre las sanciones y penas que establece la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, se encuentran sanciones pecuniarias que pueden oscilar entre 100 mil euros y un millón de euros. Esta medida busca desincentivar a aquellos individuos o grupos que, en su afán de promover la intervención extranjera o desestabilizar el orden interno, pongan en riesgo la soberanía y la paz del país. Las sanciones económicas son una herramienta efectiva para hacer frente a quienes intentan socavar los cimientos de nuestra nación, asegurando que las consecuencias de sus acciones sean tangibles y significativas.

Además de las sanciones monetarias, la ley contempla medidas punitivas morales y administrativas que refuerzan el compromiso del Estado con la defensa de la patria. Entre estas medidas se encuentra la inhabilitación política para ejercer cargos públicos, que puede extenderse hasta por 60 años. Esta inhabilitación no solo busca castigar a quienes incurran en delitos consagrados en la ley, sino también proteger el sistema democrático venezolano de aquellos que, al actuar en contra de los intereses nacionales, amenazan con desvirtuar la voluntad popular.

Otro aspecto crucial de la ley es la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio sobre los bienes muebles o inmuebles de quienes incurran en estos delitos. Esta disposición permite al Estado recuperar activos que hayan sido adquiridos mediante acciones delictivas o que estén vinculados a actividades que atenten contra la soberanía nacional. La extinción de dominio se convierte así en un mecanismo para restituir al pueblo lo que le pertenece y garantizar que aquellos que traicionan a la patria no se beneficien de sus actos.

En conjunto, estas sanciones y medidas punitivas reflejan un enfoque integral para enfrentar las amenazas externas e internas que enfrenta Venezuela. La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar no solo busca castigar, sino también prevenir futuros intentos de desestabilización y promover una cultura de respeto hacia nuestra soberanía. Al establecer un marco legal claro y contundente, se envía un mensaje inequívoco: el país está decidido a defender su integridad y bienestar frente a cualquier agresión.

La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar representa una respuesta contundente a las agresiones externas y una invitación a fortalecer nuestra unidad nacional. Es un llamado a todos los venezolanos a defender nuestra soberanía y trabajar juntos por un futuro donde prevalezcan la paz y el bienestar. La lucha continúa, y con esta ley, estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos que se nos presentan.

@jesussantanderL