Elecciones para la Asamblea Nacional, Gobernadores y Consejos Legislativos

Tras el fracaso de la dirigencia opositora el 10 de enero, Nicolás Maduro continúa en el poder, mientras que las Fuerzas Armadas mantienen su respaldo al gobierno y la oposición permanece en la clandestinidad, sin posibilidades de llevar a cabo una transición política. El gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado su ofensiva al establecer una hoja de ruta, donde las próximas elecciones de alcaldías, gobernaciones y la renovación del parlamento venezolano son fundamentales para la gobernabilidad del país antes el giro emprendido por el gobierno.

El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos establece un nuevo panorama internacional que transforma el contexto político y estratégico de Venezuela. Las amenazas que Trump plantea para la seguridad del país, que van desde un posible aumento de sanciones hasta la posibilidad de una intervención militar directa, obligan a Venezuela a reconsiderar sus decisiones internas, modificar su estructura institucional y fortalecer su estrategia de defensa nacional para hacer frente a esta nueva realidad y a un posible conflicto de agresión.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha determinado que dos de las elecciones programadas para el año 2025 se llevarán a cabo en la misma fecha, específicamente el 27 de abril, dentro de tres meses. Estas elecciones abarcarán la selección de todos los miembros de la Asamblea Nacional para el período 2026-2030, de los gobernadores de los estados y los consejos legislativos estadales para el período 2026-2029. Además, se realizará por primera vez la elección de un gobernador o gobernadora para el estado Guayana Esequibo, un territorio en disputa con Guyana.

La autoridad electoral ha señalado. Que "todas las organizaciones con fines políticos, sus autoridades, los candidatos(as) participantes deben suscribir un documento, comprometiéndose a respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección del 27 de abril y los resultados emitidos por el Consejo Nacional". Esto ya sucedió en la elección presidencial del año pasado, aunque no tenía carácter vinculante.

María Corina Machado reiteró este lunes que no avala, ni participa ninguna elección hasta que sea "acatado" el "mandato (de las presidenciales venezolanas) del 28 de julio", cuando insiste, ganó el candidato, Edmundo González, y no Nicolás Maduro. Sin embargo, otros sectores opositores han manifestado su intención de participar en las próximas elecciones.

La izquierda disidente intervenida por del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ha sido objeto de ilegalizaciones por parte del CNE, lo que ha resultado en la pérdida de sus tarjetas electorales. Quedando únicamente la tarjeta del partido centrado del cual Enrique Márquez, excandidato opositor, es su referente político, hoy detenido acusado de planear «un golpe de Estado» el 10 de enero. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ha declarado su disposición para la convocatoria electoral y llevará a cabo un congreso el próximo 4 de febrero, donde se definirán los candidatos y candidatas para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, programada por el CNE para el 27 de abril

A diferencia de procesos anteriores en los que la ultraderecha promovió la no participación, en la actualidad el gobierno de maduro se encuentra implementando medidas para contrarrestar estas tácticas de abstención. En la Asamblea Nacional, se está llevando a cabo un proyecto que busca modificar las normativas electorales, con el fin de que los partidos o líderes que fomenten la abstención pierdan su estatus electoral.

El gobierno busca superar los acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales de 2024. Esta estrategia parece tener como objetivo desestimar el debate sobre los resultados del 28 de julio, intentando proporcionar una sensación de normalidad política. Esto no solo se dirige a las élites económicas y políticas, sino también a los aliados internacionales. Un parlamento, gobernaciones que responde a los requerimientos del poder ejecutivo.

El gobierno parece estar tomando medidas para enfrentar las diversas y severas sanciones que podrían complicar aún más la gestión económica, la cual ya se encuentra afectada por las incertidumbres generadas por la política de Trump hacia Venezuela. La falta de divisas ha llevado a una disminución del gasto público, a la devaluación del bolívar y a un aumento de la inflación. El gobierno intentará, en la medida de lo posible, evitar un regreso a una fase de hiperinflación, aunque esto implique recortes en el consumo y en el tamaño de la economía. La tasa oficial se ha ajustado a 56,22 Bs./$ y el tipo de cambio paralelo se ha ubicado en torno a 66,4 Bs./$, lo que ha reducido la diferencia entre ambas a menos del 20%.

La postura autoritaria del gobierno, que frecuentemente se ejerce de manera ilegal e inconstitucional, no contribuye a la estabilidad del panorama político electoral, un aspecto fundamental para asegurar la participación y la libre manifestación de la voluntad soberana del pueblo venezolano. Es esencial que los trabajadores elevemos nuestras demandas y, al mismo tiempo, condenemos y rechacemos la presión del imperialismo. La nueva realidad que ha surgido en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 presenta un contexto sumamente complejo en el ámbito político, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con la ofensiva de Trump dirigida hacia los gobiernos que no se ajustan a sus intereses.



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