El gobierno de los Estados Unidos considera la suspensión muy próxima del TPS, para los venezolanos. Este TPS es un Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) como permiso migratorio temporal que permite a personas de ciertos países vivir y trabajar en Estados Unidos. El TPS se otorga cuando el país de origen de la persona enfrenta una emergencia humanitaria que dificulta o pone en riesgo su retorno. Clara esa emergencia humanitaria es provocada generalmente por los Estados Unidos.
Así que lo que Estados Unidos llama la emergencia humanitaria en Venezuela es el caos que programaron en nuestro país con violencia de bandas criminales, agresión a las instituciones del Estado, campaña mediática de amedrentamiento y control de mentes y voluntades junto con la amenaza de una agresión armada inminente por grupos de derecha dirigidos por María Corina Machado, y el partido Voluntad Popular. Los últimos 10 años de esta dosis política fascista-derechista en todos los órdenes de nuestra vida, han sido terribles para el país, pero ahora vemos quienes son ahora las víctimas en los propios Estados Unidos.
Este Estatuto de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos enfrenta una posible revocación que podría afectar a más de 600,000 personas. Originalmente otorgado en 2021 bajo la administración Biden, el TPS fue una medida celebrada por la comunidad venezolana en Florida y otros estados. Sin embargo, la administración Trump, el nuevo monstruo verde, revocó una extensión que habría permitido que los beneficiarios mantuvieran su protección hasta octubre de 2026. Si la revocación se mantiene, los venezolanos perderían su capacidad de trabajar y enfrentarán deportaciones a partir de abril.
Las características y las consecuencias para las personas por las acciones de los Estados Unidos sobre ellos, las estamos viendo diariamente con los venezolanos enviados a las ergástulas de Bukele en El Salvador, y los que se quedan en Estados Unidos, están aterrorizados.
Una demanda presentada en San Francisco por siete venezolanos, junto con la Alianza Nacional del TPS, argumenta que la decisión de revocar el TPS es ilegal y motivada por prejuicios raciales. Los demandantes buscan el restablecimiento de la extensión de 18 meses para proteger a los beneficiarios actuales y otros que perderían su estatus en septiembre. El juez federal Edward M. Chen, conocido por bloquear intentos previos de eliminar el TPS para otros países, evalúa si tiene autoridad para intervenir en este caso, pero tiene que enfrentarse con el Monstruo Verde.
Los abogados del gobierno argumentan que la decisión de revocar el TPS recae en la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien considera que es seguro que los venezolanos regresen a su país. Sin embargo, los demandantes cuestionan esta evaluación, señalando que las condiciones en Venezuela no han sido adecuadamente revisadas.
Ellos señalan que los beneficiarios del TPS contribuyen significativamente a la economía estadounidense, generando $3,500 millones anuales y pagando más de $400 millones en impuestos, pero eso no importa. Además, muchos trabajan en sectores críticos y poseen altos niveles educativos. Activistas defienden el programa TPS como una herramienta vital para proteger vidas y crear oportunidades, mientras enfrentan múltiples demandas en tribunales federales para preservar estas protecciones.
Además se olvidan que casi todos los que se fueron son votantes de María Corina que ahora los quiere presos y humillados.
