Lo que más sufre en las guerras y en los enfrentamientos durante las crisis como la venezolana es la verdad. O, si queremos ser más precisos, la apreciación correcta u objetiva de la realidad. En principio, todos los actores políticos enfrentados mienten, distorsionan los hechos, los exageran o los ocultan. Cambian la realidad y la ajustan según sus conveniencias, con el propósito de manipular las conciencias de la gente. Lo hace el gobierno y lo hacen sus opositores más beligerantes. Lo hace también, pero en mucho menor grado, la oposición que se desenvuelve en la Asamblea Nacional, con excepción de quienes fueron creados por el gobierno, a su imagen y semejanza. Encontrar la verdad se transforma, entonces, en un reto para quienes quieren ser lo más objetivos posibles, para quienes quieren desprenderse de la influencia de los afectos y prejuicios, en el análisis de lo que ocurre, y para quienes están interesados en conocer realmente las causas de los hechos políticos y económicos, extrayéndolas de la realidad y no de deseos ni fantasías.

Todos sabemos que la represión política existe en todo el mundo, por lo cual es imposible pensar que no haya un gobierno que no la aplique, y el gobierno de Maduro no es una excepción a esta regla, como no lo fueron los gobiernos de Chávez, ni los de la segunda mitad del siglo pasado y mucho menos más allá, con la excepción del gobierno de Medina Angarita, cuyos niveles represivos están muy por debajo de los exhibidos por los otros regímenes. Pero esta realidad no significa que esos gobiernos hubieran sido igualmente represivos, pues las circunstancias históricas que vivieron no fueron similares, aunque este hecho tampoco quiere decir que no puedan ser comparados objetivamente unos con otros. Claro, esa comparación no la pueden hacer en forma científica, quienes de alguna manera tienen o tuvieron intereses y responsabilidades en esos gobiernos y, mucho menos, quienes son gobierno en la actualidad ni tampoco sus enemigos más acérrimos. Para los líderes del gobierno, la represión del mal llamado pasado cuarto republicano es muy superior a la, para ellos inexistente, represión actual.

Así mismo, para los opositores radicales más beligerantes, la represión "quinta" republicana es la mayor habida en Venezuela en toda su historia e incomparable con la casi ausencia represiva en los últimos 40 años del siglo pasado, cuando si la hubo, fue ocasionada por el alzamiento de la extrema izquierda contra el régimen constitucional legítimo. La falta de objetividad de unos y otros es más que evidente, para quienes no estamos en ninguno de los dos bandos polarizados. La represión de Betancourt y de Leoni no fueron similares a la de los gobiernos que les sucedieron, pues las condiciones políticas de sus momentos históricos fueron muy distintas. Betancourt y Leoni enfrentaron a una oposición de izquierda que los retó en forma armada, sin que en este momento analicemos ni nos pronunciemos, sobre si fue una respuesta o no al marginamiento y hostigamiento de esas fuerzas, por el sectarismo de la dirección betancourista de Acción Democrática.

Se entiende que todo Estado tiene el derecho de defenderse, sea de la naturaleza ideológica que sea: izquierdista-popular-revolucionaria, como se autodenominan en Venezuela quienes hoy tienen el mando, o derechista-nacional-conservadora, como pudieran ser calificada la oposición beligerante al régimen de Maduro. Pero se supone, y por eso existen la Constitución y las leyes, que esa defensa tiene un marco legal del que no puede salirse, sin importar el carácter de las acciones de los adversarios o enemigos. Los regímenes de Betancourt y de Leoni fueron acusados, y con razón, de cometer acciones ilegales e inconstitucionales: incomunicación de los detenidos, desaparición de sus adversarios, torturas de distinto grado, asesinatos y otras violaciones de DDHH. El régimen de Maduro ha sido señalado, también con razón, exactamente de lo mismo, independiente de que se puedan discutir las magnitudes represivas en ambos casos.

Descubrir la verdad es una labor de investigadores sociales e históricos o de políticos no involucrados en la conflictividad antagónica existente. De nada sirven "comisiones de la verdad", integradas por uno de los sectores beligerantes enfrentados, pues tratan simplemente de condenar al adversario y aparecer como inocente. El objetivo debería ser civilizar y humanizar la política, de modo que hechos tan repugnantes como la tortura, el confinamiento, la prisión en condiciones infrahumanas, la inatención médica, la carencia alimentaria, la insalubridad, el desaseo y el hostigamiento carcelario, sean definitivamente erradicados. Nadie que se diga revolucionario puede oponerse e interferir con este propósito.