Era una democracia perfecta. ¿Acaso no respetaba los dos derechos humanos fundamentales, la libertad de prensa y las libertades políticas? Que el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación y tantos otros derechos también fundamentales se pisotearan allí de forma sistemática no disminuía en nada, según parece, la «perfección democrática» de dicho Estado.
En Bolivia, país de apenas 8,5 millones de habitantes, que disponen de uno de los subsuelos más generosos del planeta, un puñado de ricachones acaparan las riquezas y el poder político desde hace doscientos años, mientras que el 60% de los habitantes viven bajo el umbral de la pobreza. Los indios, que son la mayoría, siguen discriminados, la mortalidad infantil alcanza tasas indecentes, el paro es endémico, el analfabetismo prevalece y el 51% de la población todavía no dispone de electricidad. Pero esto no modifica lo esencial: se trata de una «democracia».
Asimismo, cuando los días 11 y 12 de octubre, el ejército disparó con ametralladoras contra los manifestantes siguiendo órdenes del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y hubo unos sesenta muertos y centenares de heridos,1 Condoleezza Rice, la consejera del presidente de los Estados Unidos, hablando sobre esta rebelión y dirigiéndose en Chicago a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), declaró que Washington advertía a los manifestantes (!) contra «cualquier tentativa de derribar por la fuerza un gobierno elegido democráticamente».2 Preciso es recordar que el 11 de abril de 2002, cuando los militares apoyados por la clase empresarial y los grandes medios de comunicación depusieron en un principio a Hugo Chávez, presidente de Venezuela también elegido por vía democrática, Washington se apresuró a reconocer a los golpistas, bajo el pretexto falaz de que Chávez «había ordenado que disparasen contra su pueblo»...
Naturalmente, el 17 de octubre «El Carnicero» -apodo que los bolivianos dan a Sánchez de Lozada- buscó refugio en Miami sin que los Estados Unidos pretendan que comparezca ante un tribunal por crímenes contra la humanidad.
¿Por qué lo harían? Sánchez de Lozada, ministro de la planificación desde 1986 a 1989, aconsejado por el economista Jeffrey Sachs sometió su país a una «terapia de choque» como deseaba Washington, terapia que provocó el despido de decenas de miles de asalariados del sector estatal. Durante su primer mandato (1993-1997), este presidente ultraliberal y uno de los hombres más ricos de su país, siempre bajo la presión de los Estados Unidos aceptó aplicar un programa de erradicación de la coca, responsable de la ruina de centenares de miles de cultivadores que, sin otra posibilidad de supervivencia, están desde entonces en estado permanente de rebelión. También se propuso privatizar todo el patrimonio del Estado a favor de empresas esencialmente estadounidenses: ferrocarriles, minas, petróleo, electricidad, teléfonos, compañías aéreas, agua.
La privatización de la distribución del agua en la ciudad de Cochabamba, atribuida a la empresa estadounidense Bechtel (una de las grandes beneficiarias del programa íntegro de privatización de Iraq que dirigen en la actualidad las autoridades de ocupación) provocó una insurrección en abril de 2000 y la salida de Bechtel, la marcha atrás del gobierno y la renacionalización del agua.
Estos dos conflictos, el de los cultivadores de coca y el de Cochabamba, dieron lugar a la emergencia de un dirigente popular fuera de lo común: Evo Morales, un indio aymara autodidacta y sindicalista de cuarenta y dos años, que dirige desde hace casi veinte el sector más reivindicativo del país, el de los campesinos arruinados por la erradicación de la coca.
Evo Morales -figura de proa de un movimiento indigenista que se manifiesta con una enorme fuerza en Ecuador, Perú, Chile y Paraguay- se ha convertido en una personalidad muy popular tanto en América latina como entre los militantes contra la globalización neoliberal. Con Felipe Quispe, otro dirigente indio del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), él y su organización, el Movimiento al Socialismo (MASÍA), dirigieron la ofensiva contra la política neoliberal de Sánchez de Lozada y de su aliado socialdemócrata, Jaime Paz Zamora, política que, a través de un grupo de multinacionales, pretendía desposeer al país de sus reservas de gas para entregárselas a los Estados Unidos y que, en última instancia, provocó la explosión.
El hartazgo de los indios bolivianos hunde sus raíces en siglos de experiencia histórica. La exportación de las riquezas naturales (plata, estaño, petróleo) nunca mejoró la situación de los pobres y nunca permitió la modernización del país. Al igual que sucedió en Ecuador en enero de 2000 contra el presidente Jamil Mahuad, en Perú en noviembre de 2000 contra el presidente Alberto Fujimori y en Argentina en diciembre de 2001 contra el presidente Fernando de La Rua, la población boliviana, al derrocar a Sánchez de Lozada, rechaza un modelo económico que, por todas partes en América latina, ha agravado la corrupción, arruinado las poblaciones y aumentado la exclusión social.
Notas
1. International Herald Tribune , París, 15 de octubre de 2003. En total, el número de víctimas de la represión se elevaría a unos 78 muertos y varios centenares de heridos. Conviene añadir los 34 muertos y 205 heridos de febrero, con ocasión de un levantamiento de los trabajadores... y de la policía contra la aplicación de un impuesto a los salarios bajos. Ningún periódico de Francia se dignó publicar estas informaciones.
2. Comunicados de AP y EFE, 13 de octubre de 2003.